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| Eduardo Castex, La Pampa.

En Encuentro Patagónico de Comunicación, rechazaron la “Ley Telefónica” y convocan a defender las cooperativas

El proyecto de ley “de fomento de despliegue de infraestructura y competencias TICS”, conocida como “Ley Corta” o “Ley Telefónica”, fue puesta en debate durante un encuentro patagónico que se desarrolló –este viernes- en la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados de La Pampa. El encuentro fue encabezado por los diputados nacionales Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger y Melina Delú; funcionarios del gobierno provincial; dirigentes de cooperativas y el presidente de la Cámara de Diputados de La Pampa, Mariano Fernández.

“La Ley de Medios vigente hasta el pasado 10 de diciembre de 2015 tenía sus errores, pero era perfectible y ampliable en varios aspectos; una Ley que fue modificada ilegalmente por Decreto Presidencial para beneficiar a los grupos económicos”, destacó el vicegobernador Mariano Fernández. “Estos factores de poder que tienen como nave insignia a medios de comunicación que solo trasmiten la voz oficial y bastardean la verdadera función del periodismo; tienen a una troupe de adláteres y replicadores de las políticas oficiales sin tener en cuenta que la función del periodismo es la crítica sana y objetiva de las acciones de gobierno”, se quejó Fernández.

“Este es un encuentro para promover una Ley justa, equitativa, moderna y representativa para una comunicación federal, participativa y democrática que contemple el funcionamiento de los grandes medios, pero también de las pequeñas radios FM, cooperativas, diarios digitales, publicaciones de papel del mal llamado interior y las radios municipales”, indicó Fernández.

“LEY CORTA Y/O “LEY TELEFÓNICA”

“Este proyecto de ley, denominado “Ley Corta” es un avance sobre la soberanía de las provincias y un avasallamiento de la propiedad de infraestructura de municipios, provincias y cooperativas, las cuales deberán poner al servicio de empresas privadas la infraestructura que se realizó con los aportes de los habitantes de cada pueblo, provincia o socios de cooperativas para que lo usufructúe una empresa privada internacional, muy ajena a nuestra idiosincrasia y necesidades. Nuestros gobiernos pueden oponer resistencia pero, quienes pueden modificar la realidad son los pueblos con sus expresiones y organizaciones que trasciendan la censura oficial en tareas de esclarecimiento y concientización popular”, planteó el vicegobernador Mariano Fernández.

“Mi compromiso personal es trascender las conclusiones de este encuentro a través de la Comisión del Parlamento Patagónico para que las provincias del sur argentino tengan acceso a la información y puedan dar a conocer nuestra inquietudes a todos los habitantes de la Patagonia Argentina, porque también nosotros somos argentinos y merecemos un trato igualitario ante las provincias que, por densidad demográfica, reciben un tratamiento preferencial”, anticipó.

“PRESERVAR LAS COOPERATIVAS”

El encuentro contó con la disertación del experto en comunicación e industrias culturales, el  investigador independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra.

El encuentro se cerró con la firma de un manifiesto que llama a “proteger las economías regionales y preservar las dinámicas culturales y sociales que garantizan las pymes y las cooperativas en el interior del país”, además de “manifestar la necesidad de confluir en un proyecto de ley de comunicación convergente que garantice el acceso universal a toda la población a una comunicación de calidad, que fortalezca las políticas federales del país y que se asiente sobre los actores históricos y fundamentales como son las pymes, las cooperativas y los estados provinciales y municipales”.  

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Diputados nacionales de La Pampa presentaron un proyecto contra los tarifazos

Ante el aumento desmedido de tarifas con el que avanza el Gobierno de Mauricio Macri, los interbloques Argentina Federal - del que forman parte los diputados nacionales por La Pampa Melina Delú, Sergio Ziliotto, y Ariel Rauschenberger -y Frente Renovador- UNA presentaron -en conferencia de prensa- un proyecto de ley conjunto, a partir del cual se buscará establecer criterios de razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos.

El proyecto establece que "a partir del 1 de noviembre de 2017 y para los años 2018 y 2019,  se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas que siguiendo una revisión gradual conforme los parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de los regímenes que regulan los servicios públicos esenciales previstos en la Ley N° 24.076, la Ley N° 24.065, la Ley Nº 26.221 y en la normativa que regula el transporte terrestre y ferroviario y los peajes nacionales, el aumento, respecto de los usuarios y consumidores residenciales, no exceda el Coeficiente de Variación Salarial, acumulado desde tres meses anteriores la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa". 

"Las tarifas alcanzadas por la presente tendrán una estabilidad mínima de doce meses, periodo durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria", explica la iniciativa.

PRINCIPALES ASPECTOS

1- FAMILIAS

Las tarifas de luz y gas no podrán subir más que los salarios y serán estables por 12 meses.

2- PYMES, COOPERATIVAS DE TRABAJO Y EMPRESAS RECUPERADAS

Los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC.

3- CLUBES DE PUEBLO, BARRIO Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

Se implementará un sistema de Tarifa Social en el que pagarán solo el 20% del valor de la factura.

-MEDIDAS GENERALES: 

-Las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios.

-Se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de Pymes.

-Se prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.

-Se crea la tarifa social a partir de la cual los beneficiarios* solo pagarán el 20% del valor de la factura. 

-Jubilados, beneficiarios de planes sociales, de la AUH, de pensiones no contributivas, de prestaciones por desempleo, monotributistas sociales, trabajadores con remuneraciones brutas iguales o menores a dos salarios mínimos, ex combatientes de Malvinas, quienes por cuestiones de salud dependan de los servicios, incorporados al régimen especial de seguridad social para empleados del servicios doméstico y para quienes cuenten con certificado de discapacidad.

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Legisladores pampeanos molestos por aumento de beneficios a empresas: “Macri sigue gobernando para sus amigos”

"En lugar de pedirle a los empresarios que disminuyan sus ganancias los exime de pagar impuestos", expresaron los diputados pampeanos Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger y Melina Delú (PJ – La Pampa). Así los legisladores pampeanos cuestionaron el decreto del gobierno nacional que exime de pagar IVA a las empresas que participen en el sistema PPP.

"Exime de pagar IVA a las empresas que participarán en el Sistema Participación Público Privada (PPP) por decreto, algo que impedimos en la sanción del Presupuesto Nacional 2018. No sólo es una medida inconstitucional sino que achica la masa coparticipable de las provincias, lo que aumenta aún más la debilidad de los Gobiernos Provinciales con respecto al centralismo fiscal del Gobierno Nacional ", planteó el legislador pampeano Sergio Ziliotto.

A través del Decreto 300/18, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional impuso eliminar la obligación de pagar el impuesto al Valor Agregado (IVA) para los fondos que participen de los proyectos incluidos en el Régimen de Participación público Privada (PPP).

Esta es la respuesta de Macri para responder a las quejas y presiones del empresariado local e internacional, que no estaba dispuesto a invertir porque, en sus términos, las obras PPP podían resultar más caras que las licitaciones normales. Se habla que las ofertas representarán un 300 % en relación al valor actual de los trabajos realizados, indicaron en el comunicado de prensa.

Además, el Decreto 299/18 del Poder Ejecutivo agregó el beneficio del arbitraje con prorroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias para los contratos PPP que resulten de la adjudicación de mejora de corredores viales nacionales. Esto va a permitir que en caso que el adjudicatario tenga accionistas extranjeros pueda ir a tribunales arbitrales extranjeros, si se produjera un conflicto en la relación contractual, concluyeron los legisladores nacionales de La Pampa.

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