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| Eduardo Castex, La Pampa.

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Designan al hijo de diputado del PRO como director comercial de Aerolíneas Argentinas

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció este viernes la incorporación de Máximo Amadeo, hijo del diputado del PRO, Eduardo Amadeo, para ocupar el cargo de director comercial de la compañía, a partir de febrero, tras su experiencia en empresas del sector como Latam líneas aéreas.

Amadeo deberá "consolidar el crecimiento que experimentó la compañía", que permitió "mejoras en ventas, cantidad de pasajeros transportados, eficiencias en la inversión comercial y conectividad federal", explicó la empresa.
El nuevo director comercial asumirá el 5 de febrero el cargo proveniente de Latam, donde se desempeñó en similar función y como Gerente de Ventas en el Interior y en Buenos Aires, responsable de Travel y Cargo, entre otras posiciones durante los últimos 8 años. 
Anteriormente, se desempeñó como ejecutivo en una consultora en proyectos estratégicos en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México y Colombia y, antes, como trainee y Jefe de Producto Argentina en HSBC.

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El Estado deberá pagar más de US$ 320 M por expropiación de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno sumó hoy una nueva obligación heredada del kirchnerismo cuando el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (CIADI) condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.

El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus obligaciones ante la comunidad internacional, según consigna la agencia NA.
Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España donde sus directivos están presos.
"El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones", sostiene el fallo.
La decisión cuestiona "medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones" y acusa al Gobierno de Cristina de Kirchner de "expropiar ilegalmente las inversiones" en cuestión. Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohandling, Optar y Jet Paq.
El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró "sujetas a expropiación" las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por 1.560 millones de dólares.
Además de los US$ 320 millones, el tribunal impuso otros US$ 23,76 millones, más intereses, a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y US$ 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.
El 9 de enero de 2009, el Gobierno de Cristina de Kirchner publicó el decreto 2347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo "expropiante" de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad Administrativa que "tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía".
El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de 2008, en representación del Estado. Más tarde tomaría el mando de la empresa Mariano Recalde.
Marsans se habría comprometido en principio a desistir de la demanda ante el Ciadi y a entregar voluntariamente sus acciones de Interinvest, la compañía controlante del 95% de Aerolíneas y 98% de la empresa Austral, pero ese acuerdo se cayó.
El dueño de Marsans y exhombre fuerte de la central empresarial española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por corrupción.

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Crece el escándalo Avianca-Macair: Denuncian que AA perdonó medio millón a la empresa de Macri

La posible condonación de una deuda de medio millón de pesos por parte de Aerolíneas Argentinas a la empresa aérea Macair, que el Grupo Macri le vendió a Avianca por 10 millones de dólares, motivó un allanamiento en la Casa Rosada por parte del juez federal Sergio Torres, que investiga presuntas irregularidades en la asignación de rutas y certificados de operación a líneas low cost.

Torres y el fiscal Ariel Lijo investigan la polémica licitación que Macri debió suspender y recientemente reactivó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a Avian S.A, accionista de Avianca, beneficiada con 14 rutas nacionales y 2 internacionales.

Ya están imputados el titular del grupo Sideco, Franco Macri; el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis y responsables de la línea aérea Avianca, por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. También fue imputado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por supuesta vinculación con la empresa Fly Bondi, también beneficiada con rutas aéreas.

La investigación fue originada en una denuncia de los diputados del FpV Rodolfo Taihade y Juan Cabandié y Torres firmó varias órdenes de presentación, entre ellas a varias oficinas ubicadas en la Casa Rosada, como la Secretaría General de la presidencia, que debe informar los viajes de Macri y otros funcionarios desde el de diciembre de 2015, publicó el sitio LPO.

La especulación de los denunciantes es que en los primeros meses de gestión, el presidente utilizó a MacAir para volar por el país.

Pero el documento más relevante que acercaron los diputados kirchneristas un memo del 26 de octubre de la gerencia de económica y financiera de Aerolíneas Argentinas, para declarar "incobrable" una deuda de 481.229 pesos de Macair Jet a la línea de bandera. 

Fue por ese documento que en la última visita de Guillermo Dietrich al Congreso, Taihade le preguntó los motivos de la salida de Isela Constantini de la presidencia de Aerolíneas. El ministro se negó a explicar la millonaria condonación.  

Cuando se produjo, el Grupo Macri ya la había vendido, pero Avian mantuvo como CEO Carlos Colunga, quien por 34 años trabajó junto a la empresa de la ahora familia presidencial. 

En Casa Rosada admitieron que están al tanto del pedido del juez Torres aunque no pudieron confirmar si ya entregaron la documentación. Y negaron que haya habido allanamientos en Casa de Gobierno.

Para sumar detalles de las licitaciones, adjudicaciones y posibles conflictos de intereses, Torres también pidió información en Aerolíneas, la Orsna, la Anac, la oficina anticorrupción, la fuerza aérea, Aeropuertos Argentina 2000, Aerolíneas Argentinas y las oficinas de Macair Jet. 

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