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| Eduardo Castex, La Pampa.

El TIP confirmó una condena de 15 años por abuso sexual de dos hijas

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó una condena a 15 años de prisión contra un padre que abusó sexualmente de dos hijas, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor oficial del imputado, Marco Mezzasalma. Los jueces de la Sala A, Fernando Rivarola y Filinto Rebechi, ratificaron en un todo el fallo que dictara la jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, el 12 de marzo pasado en General Acha.

La magistrada, con las pruebas reunidas en el juicio, condenó al padre de 51 años a 15 años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual mediando violencia y amenazas, con acceso carnal, agravado por ser ascendiente de las víctimas, encargado de la guarda y aprovechando la convivencia preexistente con ellas, en perjuicio de dos hijas biológicas; resultando un grave daño en la salud mental de una de ellas y en el marco de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A su vez lo absolvió, por aplicación del beneficio del "in dubio pro reo" –en caso de duda se favorece al reo–, de una acusación similar contra una tercera hija.

Ongaro dio por acreditado que el acusado –un hombre analfabeto que realiza changas y es padre de siete hijos, uno fallecido– abusó de sus hijas "bajo amenaza, utilización de un cuchillo y violencia física, durante al menos cinco años", ubicando los hechos entre marzo de 2012 y abril del año pasado, cuando las propias víctimas lo denunciaron.

Mezzasalma, defensor oficial en General Acha, atacó la sentencia aduciendo que Ongaro había efectuado una errónea valoración de las pruebas y que no se respetaron las garantías constitucionales del derecho a defensa y el debido proceso. En ese sentido cuestionó los testimonios de dos psicólogas, que no respetaron el deber de abstención por secreto profesional, ya que la magistrada no los relevó del mismo. Por lo tanto, planteó, si esas declaraciones fuesen nulas, la existencia de los hechos no podrían haberse fundado en sus dichos.

ARGUMENTOS

Rivarola, autor del voto inicial al que se sumó Rebechi, descartó que los testimonios de las psicólogas debieron ser invalidados porque en la audiencia de ofrecimiento de pruebas –previa al juicio–, "el defensor no expresó su disconformidad" con lo propuesto por el Ministerio Público Fiscal y adhirió a ello, "tal como surge del acta obrante y de la escucha que el suscripto realizó del audio del 18 de octubre de 2017 (...) Si la defensa hubiera observado una actividad procesal defectuosa, no debió convalidarla".

"Lo llamativo es que el recurrente, durante el juicio y en las declaraciones prestadas por ambas profesionales, no se opuso en ningún momento y más aún, interrogó a las testigos", agregó. "Además debo hacerle saber a la defensa que la abstención establecida en el artículo 196 del Código Procesal Penal de La Pampa lo es a favor de los testigos, quienes serían las personas por las cuales se vulneraría el 'secreto profesional'", remarcó el juez.

Con relación a una presunta imparcialidad de Ongaro, el TIP señaló que "no se observó, por parte de la juzgadora, ninguna vulneración a la garantía de parcialidad a la que aludió la defensa. En primer término, el imputado, si bien fue llevado a una sala contigua, donde escuchó las declaraciones de las víctimas; quedó asistido dentro de la audiencia por la defensa y ésta en todo momento pudo ejercer su derecho y aún solicitar –en el momento que creara oportuno– un cuarto intermedio para tener contacto con su defendido y suplir las dudas que el testimonio le acarreara. Además la jueza fue clara sobre que al momento de regresar a la sala se le pondría en conocimiento todo lo sucedido durante su ausencia".

Mezzasalma también sostuvo que, al tomarle juramento a las denunciantes, la jueza las trató de víctimas, "denotando una opinión formada" de manera previa. Las hijas, indicó Rivarola, "han revestido el carácter de víctimas durante todo el proceso, ¿o acaso la defensa olvidó que existía una denuncia penal de instancia privada (abuso sexual)  de las propias víctimas? (...) Este tribunal no observó que la defensa haya formulado oposición alguna durante el trámite del proceso, tornándose incomprensible el planteo formulado".

Con respecto al agravio sobre la errónea valoración de la prueba, el TIP respondió que "existen sobradas pruebas que denotan que el imputado fue el autor de las conductas por las cuales resultó condenado". En ese sentido subrayó –en alusión al agravante que significa ser ascendiente de las víctimas– "el rol que debe cumplir" esa persona, pues conlleva "un conjunto de derechos y deberes inherentes a la condición misma de padre, circunstancia que colocó a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad (...) Ello dado porque nunca esperaron que el proveedor –en esta caso su padre– avanzara en comportamientos espurios sobre ellas, ya que no es natural que un padre sedujera a sus hijas" para abusarlas.

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Padre condenado a 15 años de prisión por abusar y embarazar a sus hijas en 25 de Mayo

La jueza de audiencia de la Primera Circunscripción Judicial, Alejandra Flavia Ongaro, condenó hoy a un padre de 51 años a quince años de prisión, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual mediando violencia y amenazas, con acceso carnal, agravado por ser ascendiente de las víctimas, encargado de la guarda y aprovechando la convivencia preexistente con las mismas, en perjuicio de dos hijas biológicas; resultando un grave daño en la salud mental de una de ellas y en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

A su vez lo absolvió, por aplicación del beneficio del "in dubio pro reo" –en caso de duda se favorece al reo–, de una acusación similar contra una tercera hija y le extendió la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. El acusado tuvo hijos con una de sus hijas.

Con las pruebas recolectadas durante el juicio oral, realizado en General Acha, la jueza Ongaro dio por acreditado que el imputado –un analfabeto que trabaja de changas y tareas de albañilería y que es padre de siete hijos, uno fallecido– "abusó sexualmente con acceso carnal, de sus dos hijas, bajo amenaza, utilización de un cuchillo y violencia física, durante al menos cinco años". Ubicó ese período entre marzo de 2012 y abril de 2017, cuando las propias víctimas lo denunciaron.

Los ataques "se consumaron en su gran mayoría en el interior de las distintas viviendas alquiladas, en las que el acusado y su familia estuvieron viviendo", expresó la magistrada, añadiendo en la parte resolutiva de la sentencia que tomó ese lapso de cinco años, "sin perjuicio de la investigación judicial de hechos previos que habrían ocurrido en otra  jurisdicción".

Durante los alegatos, el fiscal achense Juan Bautista Méndez había solicitado que se le aplique una pena de 25 años de prisión por el abuso contra las tres hijas, y el defensor oficial Marcos Mezzazalma había requerido la absolución y subsidiariamente una pena que no se alejase del mínimo previsto en el Código Penal.

FUNDAMENTOS

Ongaro, en los considerandos del fallo, le dio absoluta validez a los relatos de las víctimas e indicó que ellos "fueron sostenidos por personas a quienes estas mujeres recurrieron para tomar la decisión de develar la agresión que venían padeciendo. Entre estas personas se encontraban profesionales de la salud, con experiencia, formación y capacidad suficiente, y además con un grado de objetividad incuestionable, para detectar la verosimilitud de esos relatos, tal como efectivamente han hecho".

"Si a eso se agregan las circunstancias fácticas puntualmente referenciadas –básicamente aquéllas que rodearon el momento y la forma en que los hechos fueron develados–, solo resta inferir con certeza que debo descartar la posibilidad siquiera de un presunto consentimiento de estas víctimas en mantener relaciones sexuales con su padre", tal cual planteó la defensa, indicó la jueza.

"En efecto, muy lejos de consentir cada uno de esos ataques que recibieron de su progenitor, en cambio lo que se ha probado es que se vieron obligadas primero a resistir – de allí los golpes, las agresiones físicas– y luego a admitir y naturalizar estos ataques, temiendo castigos aún mayores, sobre todo en el caso de una de ellas, a quien su padre amenazaba –para lograr su cometido– con que 'perdería'  a sus dos hijos pequeños", acotó Ongaro.

Con respecto a la acusación contra una tercera hija, la jueza absolvió al imputado ya que los documentos y testimonios reunidos "no han producido la certeza necesaria para poder inferir, conforme la acusación fiscal, que los abusos sexuales deban ser atribuidos a la responsabilidad penal de su padre".

AGRAVANTES

Para fijar las penas, Ongaro evaluó "el conocimiento directo" que tuvo del acusado y consideró como circunstancias agravantes que se trató de dos víctimas, el largo período en que los hechos se consumaron y la frecuencia de los ataques. "Esta circunstancia conlleva además el aprovechamiento del imputado de la enfermedad que padecía la madre de sus hijas, lo que le permitió actuar bajo seguro, sin riesgo alguno,  contando a su favor con el silencio– tal vez inconsciente–  de su  mujer", señaló.  

Además la jueza destacó "la real y efectiva intimidación y amedrentamiento  que logró ejercer sobre las víctimas, con lo cual logró extender su decisión delictiva durante tanto tiempo (...) Salían a trabajar  –aún con el control celoso de su progenitor–  y tenían contacto con otras personas, pero sin embargo el temor a recibir mayores represalias les impidió pedir ayuda antes y develar el sometimiento que estaban padeciendo. Debe tenerse presente la grave e inmovilizadora amenaza con la que el padre amedrentaba especialmente a una de sus hijas, en cuanto a que le quitaría sus hijos pequeños; lo que hacía que  naturalizara las agresiones físicas".

Ongaro, además, valoró el daño causado a las víctimas, a tal punto que una de ellas "no puede recuperarse a pesar de todo el acompañamiento que tiene, no puede caminar sola por la calle, tiene terror a sus hermanos varones –quienes serían mandados por su padre– y  posee un gravísimo  e irreversible daño en su salud psicológica".

Finalmente, la magistrada valoró a favor del padre que no registra antecedentes criminales y sus condiciones de vida, ya que desde niño vivió por largos períodos solo en la calle. "Estas condiciones de extrema vulnerabilidad en la que transcurrió gran parte de su vida, muy probablemente hayan impuesto una  impronta en él, con tendencia a repetir el maltrato y la violencia, al menos física", concluyó.​

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Pidieron 15 años de prisión para hermanos acusados por un homicidio en Santa Rosa

 Hoy, en la audiencia de cesura realizada en el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, la fiscala María Cecilia Martiní pidió que los hermanos Lucas Samuel González y Cristian Nicolás González sean condenados a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple. La sentencia se conocerá el viernes a las 12.30 horas.

La Audiencia de Juicio, conformada por los jueces Daniel Alfredo Sáez Zamora, Andrés Aníbal Olié y Carlos Alberto Besi, ya había declarado a los imputados como autores materiales y penalmente responsable del delito de homicidio simple.

Tras el juicio oral, los magistrados dieron por probado que el 29 de abril del año pasado, "en circunstancias en que Juan Salvador Velázquez y Paola Yamila Villalba caminaban por la calle Luther King, entre Medici y Avila, fueron abordados desde atrás por Lucas Samuel González y su hermano Cristian Nicolás González". "El primero de los nombrados –dijeron los jueces– tenía en sus manos un elemento contundente (con características de un caño o palo) de unos 70 centímetros de largo, con el que golpeó fuertemente en la cabeza a Velázquez y luego en distintas partes del cuerpo, cayendo al piso y quedando inconsciente. Al mismo tiempo de la agresión, Villalba intentó interponerse para evitarla, circunstancia que fue impedida por Cristian Nicolás González, que la tomó del brazo, la apartó y la tiró al suelo. Cuando se iba a parar, la agarró de la ropa y le dijo 'vos no te metas p... de mierda, porque a vos también te vamos a matar'". "Luego Cristian Nicolás González –agregó el tribunal– le asestó algunos cortes a Velázquez con un elemento cortante, al mismo tiempo que Lucas Samuel González continuaba golpeando a aquél, ya en tendido en el suelo".

Hoy, los mismos jueces, después de escuchar a cuatro testigos durante la audiencia de cesura, dieron paso a los alegatos para los pedidos de pena de cada una de las partes. Así, Martiní requirió 15 años de prisión para los hermanos, aunque como Lucas González ya tenía otra condena previa a un año de prisión, solicitó se unifiquen ambas y que para él se aplique una pena de 16 años de prisión.

La querella particular, que representó a los familiares de la víctima a través del abogado particular Gastón Gómez, requirió 17 años para Lucas González –con la acumulación de ese año– y 16 para Cristian González. Y la defensora Vanessa Ranocchia Ongaro alegó por la pena mínima de 8 años.

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