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| Eduardo Castex, La Pampa.

Santarroseño condenado de prisión efectiva por violencia de género a su pareja

El juez de control, Gabriel Tedín, condenó hoy a Héctor Gerónimo Cabral a seis meses de prisión, por ser autor de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja, en concurso real, con amenazas simples; encuadrándose los hechos en la ley 26.485 de Protección Integral para las Mujeres. Además le revocó la condicionalidad de una pena anterior y le unificó ambas condenas en una sanción única de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

En el legajo se probó que el pasado 4 de abril a la noche, mientras Cabral –un albañil de 42 años–  estaba con su pareja en la casa de ella, se originó una discusión y el imputado "la llevó a empujones hasta la habitación, la tomó de los cabellos, y la agarró fuerte del torso apretándola hacia él, provocándole hematomas múltiples en la región dorsal y la región lumbar derecha e izquierda, un hematoma en la cara externa del brazo derecho y una contusión en la región maxilar izquierda, momentos en que la víctima se desmayó", según dice el fallo.

Posteriormente el acusado "la tiró sobre la cama, sin dejarla salir de la habitación y amenazándola con matarla. Al día siguiente, a las 8, la damnificada se levantó al baño y se dirigió a la casa de su hija, que vive en un departamento que está detrás de su casa, donde dio aviso a la policía".

La resolución del conflicto se dio por la vía alternativa del juicio abreviado, que acordaron el fiscal Walter Martos, el defensor oficial Pablo De Biasi y el acusado. Ellos convinieron que la pena sea de seis meses por ambos delitos y que se la unifique en una pena única de seis meses de cumplimiento efectivo debido a que el 17 de noviembre de 2015, la jueza de control María Florencia Maza había condenado a Cabral –en otro abreviado– a seis meses en suspenso por lesiones leves calificadas por haber sido cometidas sobre la persona con quien mantenía una relación de pareja, en concurso real con amenazas simples, en perjuicio de una ex pareja.

Tedín dispuso, además, como consecuencia de ese acuerdo, que el acusado cumpla la sanción bajo la modalidad de semidetención con prisión nocturna; debiendo respetar los horarios de presentación en su lugar de alojamiento, acatar las normas de convivencia fijadas allí, no cometer nuevos delitos, fijar domicilio, abstenerse de realizar actos de intimidación y/o perturbación respecto de la víctima y realizar un tratamiento psicoterapéutico, tal como fuera dictaminado por el psiquiatra forense Martín Telleriarte. Más allá de la conformidad que diera la ex pareja al abreviado, el juez ordenó que el fallo le sea comunicado.

Tedín señaló que "el imputado agredió físicamente, de manera intencional y voluntaria, a quien era su pareja, provocándole diferentes lesiones que de acuerdo a lo informado por el médico forense no pusieron en peligro su vida, pero la inhabilitaron para el desarrollo de sus tareas habituales por un lapso inferior a un mes calendario (...) Asimismo, y como hecho independiente, debe evaluarse que Cabral le expresó a la damnificada frases intimidantes que implicaron el anuncio de un mal futuro, grave e inminente, con aptitud para limitar su ámbito de autodeterminación".

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Pampeano vendió un auto, quiso cobrar demás y ahora debe devolver dinero

La jueza civil de primera instancia, Fabiana Beatriz Berardi, amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor, condenó a un vendedor de autos a devolverle al comprador de un Corsa Classic una suma que había abonado de más. La magistrada dijo que "el precio de la operación" fue el que se fijó en el boleto de compraventa a través del cual se formalizó el negocio. La resolución fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa.

 El adquirente del vehículo demandó al propietario de una concesionaria no oficial de Santa Rosa por la diferencia del precio final entre lo pactado y lo que se le cobró. El comprador adujo que entregó el 60 por ciento del valor –más un adicional por "trámites de transferencia– y el vendedor le dijo que para abonar el saldo le gestionaría un crédito prendario con un banco privado con el que tenía convenio. Indicó que no rellenó esa documentación y que solo firmó en confianza la solicitud del préstamo.

Sin embargo, al momento de comenzar a saldarlo, advirtió que el demandado había tramitado el crédito por un importe superior al saldo de la operación y que ese dinero había sido girado por el banco a una cuenta de aquél. Por eso hoy el adquirente está pagando mensualmente el préstamo por un monto superior al saldo.

CONSUMIDOR

Al momento de resolver la demanda, Berardi –titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 4 de Santa Rosa– circunscribió la controversia a establecer cuál fue el precio acordado para la venta del Corsa: si el que figuraba en el boleto de compraventa, que el comprador ofreció  como prueba  y que el vendedor dijo que tenía "un error de pluma", o el que se consignó en la planilla del banco privado de "preaprobación de préstamos prendarios" que, a criterio del demandado, "determina el exacto alcance de la operatoria".

Antes que nada, la jueza remarcó que "la compraventa de un automotor de una persona física (demandante) a un proveedor habitual de estos bienes (demandado), hizo nacer entre ambos una relación de consumo que, como tal, se encuentra regida por  la Ley de Defensa del Consumidor, norma que todo proveedor está obligado a cumplir  (artículo 2)". Y, además expresó que también resultaba aplicable la pauta interpretativa del Código Civil y Comercial sobre contrato de consumo, que dispone que el mismo "se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa".

BOLETO

Dentro de ese marco normativo, Berardi señaló que el estatuto del consumidor posee previsiones específicas acerca del contenido de lo que denomina "documento de venta", entre las cuales se menciona "el precio y condiciones de pago"; añadiendo que "cuando se trata de automotores, el documento de venta, como lo llama la Ley de Defensa del Consumidor, es usualmente un boleto" de compraventa como el firmado en este caso.

"Ese instrumento privado, reconocido por ambos suscriptores, posee el mismo valor probatorio" que un instrumento púbico y, como ninguna de las partes adujo falsedad, la jueza determinó que "la verdad del precio expresado en él no puede ser desvirtuada por ningún otro medio de prueba (....)  Siendo así, resulta inoficioso avanzar en la ponderación de otros medios de prueba (como los testimonios, por ejemplo), ya que carecen de aptitud legal para desvirtuar la fuerza probatoria que la ley confiere a los documentos públicos o a los privados reconocidos y no redargüidos de falsedad". Por consiguiente, el precio de la operación fue el que resultó probado con el boleto de compraventa a través del cual se la formalizó el negocio.

"Solo a mayor abundamiento –sostuvo la jueza-, cabe señalar que la explicación que dio el vendedor respecto de que hubo un error 'de pluma' en el precio allí expresado resulta inverosímil, en especial cuando lo invoca un comerciante; e inadmisible cuando se lo pretende hacer valer frente a un consumidor con la finalidad de cobrarle un precio superior al que figura en el documento de venta".

"Por otra parte, no puede descuidarse que en el ámbito mercantil los contratos pueden probarse por los libros de comercio y las facturas aceptadas, de modo que al menos esa documentación debió traerse a juicio si se pretendía cuestionar el precio que aparecía en el boleto de compraventa", concluyó Berardi. 

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Condenado a prisión efectiva por encubrimiento de delito en Santa Rosa

El juez de control, Nicolás Casagrande Lorences, condenó hoy a Marcos Eduardo Loyola a seis meses de prisión, como autor del delito de encubrimiento por adquisición culposa y le unificó esa pena con otra anterior en una pena única de seis meses de cumplimiento efectivo.

El fallo fue dictado a raíz de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Raúl Martín Míguez Martín, el defensor particular Carlos Pérez Funes y el propio imputado, un cerrajero de 43 años que admitió su responsabilidad penal.

En el legajo quedó probado que el 28 de julio de 2016, Loyola “tenía en su poder una camioneta Ford Ranger, rodado que había adquirido con anterioridad a esa fecha y respecto del cual se habían ejecutado múltiples maniobras delictivas en las cuales el imputado no tuvo participación, consistentes en la supresión ilegal de las numeraciones originales necesarias para la identificación y registro legal de chasis y motor –rebajadas y regrabadas con numeración no original de fábrica– y el ‘planchado’ de las placas patentes a las cuales se les borró el dominio original, regrabándole uno apócrifo”.

“Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, lo cierto es que las evidencias reunidas permiten concluir –tal como se consignara en ese texto–, que Loyola de mínima actuó de modo imprudente y/o negligente ante las condiciones que rodearon la adquisición del vehículo y que fue objeto de diversas alteraciones que constituyen ilícitos”, señaló Casagrande Lorences en la sentencia.

La causa se tramitó originalmente en la justicia federal, pero el juez federal subrogante, Luis Salas, oportunamente se declaró incompetente y giró el expediente al ámbito provincial. En el abreviado se acordó que la pena por el encubrimiento de seis meses de cumplimiento efectivo se unifique con la que el 17 de agosto del año pasado le impusiera, en otro abreviado, el entonces juez de control Mauricio Piombi. ​

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