Menu
Radio en vivo

| Eduardo Castex, La Pampa.

Asumieron nuevas autoridades en el Instituto Superior Policial de La Pampa

El comisario general José Celestino Ayala se desempeñará como rector, y el vicerrector será el comisario mayor Luis Alberto Fiks. En el acto de asunción estuvieron presentes funcionarios del ministerio de Seguridad de La Pampa y de la Policía de La  Pampa.

“Hice un breve repaso por este lugar, en donde he cumplido funciones como instructor en el Cuerpo de Cadetes, director del Cuerpo de Cadetes, director del Cuerpo del Personal Subalterno, profesor en materias policiales que se dictan en el Instituto. Me encuentro al tanto de algunas circunstancias, pero no de otras de la actualidad y es lo que necesito reforzar con el general Bossio”, dijo el nuevo rector José Ayala.
Ayala dependía del Departamento de Operaciones de la Unidad Regional II, en General Pico, donde acompañó la gestión del comisario general Marotti. Expresó que comparte “en gran medida” todo lo que se ha realizado hasta el momento en el Instituto Superior Policial durante la gestión del saliente René Ángel Bossio. “Hemos tenido pocas oportunidades de charlar –con e pero evidentemente estamos en una buena sintonía en conceptos fundamentales que se requieren para la formación del personal”, concluyó.

Leer más ...

Continúa el juicio por sedición de la policía de La Pampa: Ratificaron que las comisarías “estaban tomadas”

Con los testimonios de la mitad de los testigos previstos, la mayoría de ellos policías, se desarrolló hoy en la Audiencia de Juicio de Santa Rosa la cuarta jornada del juicio oral y público contra 14 ex policías por el delito de sedición.

Si bien originalmente estaba previsto oír 15 testimonios, finalmente solo se escucharon ocho porque el defensor oficial, Martín García Ongaro, desistió de siete y el restante no se presentó a la audiencia. No obstante, la defensa indicó que tratará que ese testigo concurra en los próximos días.

Los imputados de la causa por sedición son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. Además éstos dos últimos están acusados de daño y coacción por un hecho colateral. Salvatierra y Montes fueron declarados en rebeldía y se pidió que sean detenidos porque no han asistido al juicio.

Todos los ex policías son representados por García Ongaro y la también defensora oficial Paula Arrigone. Solamente Rojas tiene un abogado particular, Boris Vlasich. Los jueces que llevan adelante el proceso son Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.

El fiscal general, Guillermo Sancho, acusó a los imputados de sedición porque sostuvo que el 11 de diciembre de 2013 a última hora de la noche tomaron en forma "violenta y hostil" la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones, con el fin de "arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial" una serie de reclamos que solicitaron en un petitorio que había sido entregado en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.

EL 101 Y TRES MUJERES

Los primeros testimonios de hoy fueron de dos policías que se desempeñaban como operadores de la línea de emergencia 101 que funcionaba en el Cecom. Jesús Arhex afirmó que el servicio estuvo interrumpido durante el conflicto y que las llamadas "no se atendían". Alfredo Gustavo Sierra, que participó de la manifestación, también ratificó que los teléfonos no se atendieron.

Natalia González es una ciudadana que aseguró no tener ningún interés en particular con la causa y que concurrió a la protesta de aquel día por solidaridad con los uniformados, al considerar que "los reclamos eran legítimos porque había atrasos con los adicionales y los patrulleros estaban rotos y sin luces". "Me enteré por Facebook y concurrí con mi hija. Había muchas familias y todo fue pacífico", indicó.

Romina Camarero es médica y trabajaba en el Servicio de Emergencias Médicas. Contó que el día 12, entre las 8 y las 20, atendió a tres pacientes, uno de ellos con una herida de arma blanco. "No sé si llamaron al 101 o al 107, que es el número de emergencias médicas porque a mí me avisó la telefonista adónde debía concurrir –relató–. El 107 está conectado con el 101, pero no sé en qué número la telefonista recibió los llamados".

Claudia Pardo es una ama de casa que vive en el barrio San Cayetano. Contó que el día 10, cuando existió un intento de saqueo al supermercado La Anónima, ubicado en la calle Pilcomayo, "la seguridad estuvo reforzada. No vi patrulleros ni motos, pero sí camionetas que circulaban constantemente con policías sobre las cajas. Hubo un negocio al que quisieron entrar y la policía se llevó a esa gente".

JEFES POLICIALES

Juan Carlos Mendiz era el segundo jefe de la Seccional Primera. Dijo que, tras participar el día 10 de las tareas preventivas ante ese intento de saqueo al supermercado, el 11 iba a irse a descansar, pero al surgir comentarios de una eventual protesta se quedó prestando servicio. "Nos preparamos para batallar", describió, aunque luego aclaró que no hubo inconvenientes.

Vlasich le preguntó sobre la conducta y el concepto que tenía de Rojas. "Lo conozco hace muchos años. Es un buen policía y una buena persona. El llegó al día siguiente (el 12) y me dijo que no estaba de acuerdo con el acuartelamiento. Me pidió ir a patrullar, pero le dije que no porque no entrábamos todos en los dos vehículos, un Corsa y en una camioneta Ranger". También expresó que durante el patrullaje de la madrugada del 12 y a posteriori "más de media comisaría fue conmigo a la Escuela de Policía" y, entre ese personal estuvo Rojas.

– ¿En esas horas la Seccional Primera estuvo bajo control?, preguntó Sancho.

– No. Nosotros salimos a recorrer y la orden fue no volver a las comisarías para evitar roces innecesarios con el personal porque se esperaban peleas que finalmente no ocurrieron. La comisaría no estuvo controlada, aunque cada vez que regresé a ella no hubieron hostilidades para conmigo.

Mendiz confirmó que Montes sí estuvo entre los suboficiales que resolvieron no trabajar.

Braian Elizondo era oficial inspector de la Seccional Tercera. Aseguró que "la dependencia estuvo tomada" y que él patrulló junto al jefe y al subjefe de la comisaría y otros oficiales. "El 101 no funcionó, por eso no podíamos operar entre los móviles –contó–. La frecuencia era el canal 4 y no se podía operar porque pasaban música. Por eso debimos comunicarnos telefónicamente. Así se llevaron a cabo los patrullajes".

Omar Eduardo Obholz era el jefe de la Seccional Segunda. Dijo que el miércoles 11 a las 23 un grupo del personal subalterno le avisó que no trabajaría. Esos policías se quedaron en el patio de la dependencia y al otro día fueron hasta la Jefatura. "Serían unos 30. No hubo ninguna situación de hostilidad. Esa noche no se atendieron los teléfonos en la comisaría. Sonaban y no se atendían", declaró. Ante una consulta de la fiscalía, señaló que los autoacuartelados se llevaron un vehículo oficial.

Leer más ...

Juicio por sedición en La Pampa: Pidieron la detención de tres policías

Hoy comenzó, en el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, el juicio oral y público contra 14 ex policías por el delito de sedición porque, según la acusación del fiscal general, Guillermo Sancho, el 11 de diciembre de 2013 a última hora todos ellos participaron de "una toma violenta y hostil" de la Jefatura de Policía, con el fin de "arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial" una serie de medidas que habían peticionado. Para mañana están citados 15 testigos, entre ellos Lara, Villalva, Icuza, el ex gobernador Oscar Mario Jorge, y el ex jefe de Policía, Ricardo Baudaux, entre otros.

Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. A éstos dos últimos, además, se los acusa también de daño y coacción.

Montes y Wiggenhauser no se presentaron y fueron declarados en rebeldía y se pidió sus detenciones antes del inicio de la audiencia. Salvatierra, que estaba debidamente notificado, tampoco acudió y el tribunal lo declaró hoy en rebeldía y requirió su inmediata detención. A su vez el abogado particular de Rojas, Boris Vlasich, anunció que su cliente asistirá recién a partir del viernes.

El hecho central, de acuerdo a la fiscalía, fue la toma de la Jefatura, el edificio contiguo donde funcionaba el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) –allí se atendían las llamadas de emergencia a la línea 101– y la Dirección de Comunicaciones, que funcionaba en el Instituto Policial, sobre la avenida Belgrano.

"Ese accionar violento tuvo como objetivo arrancarle al PEP la concesión de una serie de exigencias que habían sido planteadas en un petitorio" a las autoridades del Ministerio de Gobierno. Esos reclamos incluían el apartamiento del jefe y el subjefe de la fuerza, cuestiones vinculadas a los adicionales y a las situaciones de pasiva y una mejora salarial, indicó Sancho en su alegato de apertura. Ese último punto fue atendido por el gobierno.

El fiscal indicó que "durante la toma, la ciudad de Santa Rosa estuvo absolutamente desprotegida" y agregó que "una de las cosas más graves fue que se obligó a los operadores de la línea 101 a no recibir más llamadas, por lo que la sociedad no tuvo posibilidades de comunicarse por los canales oficiales y quedó echada a su suerte". Y añadió que ello se produjo en un contexto nacional de protestas similares en otras provincias.

"Hubo violencia y hostigamiento por parte de los autoacuartelados –remarcó–. Acá no vamos a discutir si el reclamo salarial era legítimo o no y tampoco si los policías estaban bien o mal pagos, sino que algunos integrantes de la fuerza cometieron hechos gravísimos que afectaron a instituciones de la República". Y acotó que en el banquillo "debería haber más funcionarios sentados, pero no todos los participantes pudieron ser  identificados".

Con respecto a Montes y Rojas, el fiscal general indicó que, con intimidación, fueron a la estación de servicio de Vialidad Provincial y que el primero rompió un portón para ingresar y cargar combustible en un vehículo oficial.

 El tribunal que juzga a los ex policías está compuesto por Carlos Besi, como presidente, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín. A excepción de Rojas, todos los imputados están representados por los defensores oficiales Martín García Ongaro y Paula Arrigone.

García Ongaro, en su alegato de apertura, adelantó que pedirá que sean absueltos, ya que adujo que "no hubo desprotección a la comunidad ni trastornos en el servicio de emergencia del 101" e incluso afirmó que "existió cobertura de seguridad" en Santa Rosa y que algunos de los acusados intervino en la prevención de hechos de inseguridad durante esas horas. "Fue una protesta social donde no se cometieron delitos", remarcó. También dijo que Mora y Daniel López no estaban en la ciudad.

IMPUTADOS

Rolhaiser fue el único de los acusados que no declaró. El resto sí lo hizo, negando que se hayan producido hechos violentos y que hubiera dejado de funcionar la línea de emergencia. Indicaron que solo se trató de una marcha hasta la Casa de Gobierno para entregar el petitorio –donde no fueron atendidos por el ministro de Gobierno, Leonardo Villalva– y luego a la Jefatura para reclamar por mejoras en los sueldos. La mayoría aseguró estar desocupado y/o vivir de changas.

Diego López contó que "nos hizo pensar mucho" un incidente donde, por esa época, un policía había sido acuchillado en el barrio Río Atuel, ya que cobraban 506 pesos por "riesgo profesional". Dijo que le abrieron la puerta para ingresar al Cecom, que allí habló "afablemente" con el jefe (el comisario Francisco Icuza) y que fue él quien pidió que "no tocaran los equipos". Incluso aseveró que los cuatro operadores de la línea de emergencia trabajaron sin inconvenientes esa noche y que el recambio de turnos se hizo con normalidad. También que la mejora salarial obtenida fue cobrada por todos los integrantes de la fuerza.

Giménez señaló que "después de la manifestación, volvimos a nuestra casa. ¿Por qué digo nuestra casa? Porque cuando los judiciales protestan lo hacen en la Ciudad Judicial y los trabajadores de la salud en el hospital, y nadie dice que hacen una toma".

El imputado relató que junto a otro policía (el cabo Luciano Martiní) ingresó a la oficina del comisario Eloy Rodríguez y que éste ni nadie sufrieron algún tipo de violencia. "Estaba muy nervioso. Creo que se sintió culpable de que estuviéramos adentro del edificio cuando estaba a cargo de la Jefatura. Por eso pedimos la ambulancia para que lo atendieran", aseveró.

Agregó que "los portones de la Jefatura siempre estuvieron abiertos", que "nadie tenía armas", que "tengo entendido que el Cecom atendió los llamados" y que "estuvimos charlando, tomando mates, escuchando la radio... fue como una sentada en nuestra casa".

Daniel López y Gatica contaron poco. El primero que no participó de ninguna reunión, sino que simplemente participó de la manifestación y que observó todo desde la vereda de enfrente de la Jefatura. Y el segundo que tampoco supo de episodios violentos.

Bruno también negó la existencia de hechos de violencia y forcejeos con Rodríguez y afirmó que se atendieron las urgencias en el 101. ¿Usted sabe de una grabación donde se afirma que habían sacado a todos los jefes del Cecom?, le preguntó Sancho. No, respondió el acusado.

Además relató que participó de una reunión con Villalva en la Jefatura a la madrugada y que el ministro impidió filmarla. "Fue en un clima tranquilo, pero casi no nos escuchó. No llegamos a nada y se fue apurado porque estaba muy nervioso", enfatizó. Agregó que, tras ese encuentro, el diálogo con el gobierno siguió a través del actual subjefe de la fuerza, Héctor Osvaldo Lara, y de la policía Susana Rosane, quienes actuaron como intermediarios.

Mendibe, a su turno, declaró en el mismo sentido que el resto. Indicó que "no vi hechos violentos" ni agresiones a Rodríguez, y que en la Jefatura "no había nadie" –en alusión a los jefes de la fuerza–.

Furriol, que era suboficial mayor retirado, dijo que se sumó a la protesta porque estaba de acuerdo con los reclamos y relató que participó de la reunión con Villalva. "Se lo trató con respeto, jamás de mala manera", aseguró. E hizo hincapié en que "en ese momento estaba muy latente lo del apuñalamiento en el Atuel".

Cisneros, otro suboficial retirado, participó del encuentro con Villalva por iniciativa propia y manifestó que "el ministro temblaba". A preguntas de la fiscalía, respondió que "no sé qué pasó con el Cecom".

Mora Bartolomé, con 26 años el más joven de los imputados –está estudiando fotografía en Córdoba–, expresó que ese 11 de diciembre no estaba en Santa Rosa sino prestando servicios en Speluzzi. ¿Sabe por qué está acá?, quiso saber el defensor García Ongaro. "Sí, porque Rodríguez dijo que esa noche me vio golpearlo", respondió. "Al otro día vine a Santa Rosa, pero no participé en nada. No sabía ni adónde funcionaba el Cecom", agregó.

Leer más ...
Suscribirse a este canal RSS
asdasdasdasdasd