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| Eduardo Castex, La Pampa.

El TIP confirmó condena de 8 años y 8 meses para motochorro de General Pico

El Tribunal de Impugnación Penal no hizo lugar al recurso de impugnación presentado por Luis Adrián Fuentes y, de esa manera, le confirmó la condenada unificada a ocho años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo que le dictara el juez de audiencia de General Pico, Carlos Federico Pellegrino, el pasado 4 de enero.

En el juicio oral, Pellegrino había dado por probado que el 21 de junio del año pasado, cerca del mediodía, en calle 20 entre 7 y 9 de General Pico, el imputado le arrebató a un hombre un porta documentos que contenía 7.000 pesos y facturas de servicios a su nombre. Lo hizo conduciendo, por la vereda, una moto y, al llegar a la esquina de calle 9, giró en dirección a calle 22.

La Sala B del TIP, integrada por los jueces Fernando Gabriel Rivarola y Mauricio Federico Piombi, ratificó en un todo ese fallo a seis meses de prisión por el delito de robo simple, que unificado con otro anterior –dictado por la entonces Cámara en lo Criminal de General Pico, a 21 años de prisión, el 8 de julio de 2004–, compuso una pena única de ocho años y ocho meses de prisión efectiva. Además, oportunamente, Pellegrino le había revocado el beneficio de la libertad condicional que Fuentes había conseguido el 13 de mayo de 2016.

La defensa del acusado, ejercida por Abel Tanus Mafud, cuestionó esa sentencia por arbitraria y parcial. Dijo que el damnificado no reconoció a Fuentes como el autor del robo ni a la moto, que las imágenes de las cámaras del Cecom tampoco pudieron demostrarlo, que su pareja declaró que la moto era de ella y que no se la prestaba a nadie, y que la ropa secuestrada no era de su talla.

Rivarola, autor del primer voto –Piombi adhirió a él– señaló que los videos muestran a Fuentes manejando la moto  y calificó de “falaz” la declaración de su concubina. Destacó que fue “lógico” que la víctima no reconociera al imputado ni al vehículo –lo observó de atrás– ya que el hecho duró “escasos segundos” y, además, aquél actuó con rapidez. Además llevaba puesto un casco.

 “En el video del Cecom se advirtió con claridad que el imputado conducía solo la moto, a gran velocidad, en las inmediaciones del ilícito, en calles 9 y 22 (…) La claridad de las imágenes denotan que es el acusado, sumado a la ropa secuestrada y a las tomas fotográficas obrante en el legajo lo ubican en el lugar del acontecimiento. Tan es así que el propio damnificado, durante la reconstrucción del hecho, dio claridad a las dudas que pudo tener la defensa”, indicó Rivarola.

“Si la defensa no compartió el estudio antropométrico que realizó junto al forense y dijo que la talla de la ropa es L y la del imputado XL, debió haberlo probado en el contradictorio, ya que el forense informó que la talla de Fuentes es de 1.84 metros; coincidiendo con la descripción que efectuara la víctima y más aún cuando se observó a través de las cámaras del Cecom que cruzó por calles 22 y 9 a gran velocidad, ya que casi impactó a un automóvil, debiendo hacer una maniobra de esquive para no chocarlo”, agregó el juez.

Con relación a que no se le secuestró nada de lo robado, Rivarola remarcó que el allanamiento se realizó días después y se le incautaron dinero, la moto y un casco, por lo que “el imputado tuvo tiempo suficiente para deshacerse de lo sustraído” (papeles y el porta documento) de cuerina.

Más adelante, el magistrado expresó que la hermana del acusado realizó una serie de llamados telefónicos “con el fin de preparar una coartada que, a todas luces, resultó casi infantil”; no guardando relación con las pruebas objetivas incorporadas al expediente.

Finalmente, el TIP aseveró que “no existió ilogicidad o falta de razonamiento por parte del  sentenciante (…) lo cual lleva a descartar la presencia de inobservancia de las reglas de la sana crítica y de arbitrariedad”.

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Confirmaron prisión efectiva para camionero alcoholizado que provocó una muerte en la ruta provincial 102

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó hoy una pena de prisión efectiva contra un camionero que mató culposamente al conductor de un auto en la ruta provincial 102, el 1 de mayo de 2016, estando alcoholizado.

Los jueces de la Sala B, Fernando Rivarola y Mauricio Piombi, no hicieron lugar al recurso de impugnación presentado por las defensoras Silvia Mirta Brown y Magalí Tarditi y ratificaron en un todo la sentencia que dictara el juez de audiencia de General Pico, Marcelo Pagano, el 13 de diciembre último.

Pagano había condenado a Ariel Dario Villaló, como autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente y/o antirreglamentaria de un vehículo automotor y lesiones leves culposas en concurso ideal, a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

En el juicio oral dio por acreditado que aquel día, a la tarde, Villaló "conducía alcoholizado un camión marca Volkswagen" por la citada ruta, desde la ciudad de General Pico hacia Metileo y entre los kilómetros 13 y 14 "invadió el carril de circulación contrario, colisionando con su flanco izquierdo el mismo flanco de un Volkswagen Voyage que transitaba en sentido opuesto". El vehículo era conducido por Alfredo Onofre Montes, a quien acompañaba su esposa.

El magistrado señaló que el imputado, al cruzarse de carril, "barrió" la parte izquierda del rodado menor y provocó la muerte de Montes y lesiones leves a su mujer. Ellos regresaban de un oficio religioso practicado en Colonia San José.

Informes técnicos.

El TIP, cuyo primer voto fue de Rivarola, y al que adhirió Piombi, manifestó que los informes técnicos realizados por un mecánico, un licenciado en Criminalística y por la División Criminalística de la Unidad Regional UR-II (Sección Accidentología Vial), "resultaron claros" acerca de que "la causa basal del siniestro fue que el conductor del camión desvió su trayectoria, hacia la izquierda, invadiendo la mano de circulación opuesta e impactando sobre el rodado menor que transitaba en sentido opuesto". Agregó que, más allá de discrepancias entre ellos, todos coincidieron que "existió una invasión del carril por parte del camión" y que esa fue la razón determinante del accidente que provocara la muerte de Montes.

Además los jueces le dieron relevancia a una testigo que indicó que, momentos previos al accidente y mientras circulaba junto a su hermano desde Metileo hacia General Pico, "observó un camión blanco que invadió la mitad del carril por el que transitaban, por lo que debieron tirarse a la banquina". Dijo que fue el único camión que cruzaron durante el trayecto.

"A estas pruebas –señaló el tribunal– se adicionó un dato aún más contundente: del informe de alcoholemia surgió que Villaló, al momento de la extracción de la muestra de sangre, tenía 2,01 gramos/1000", cuatro veces por encima del límite permitido. Además un policía de Metileo le manifestó a su superior que, habiéndose acercado al conductor del camión, él "presentaba un fuerte aliento etílico y le costaba hablar y mantenerse parado". De ello dejó constancia en un acta.

Conductor profesional.

El TIP remarcó que "sin dudas hubo un conducir indebido de Villlaló" –en una ruta con numerosa circulación de vehículos– y advirtió que "el alcohol en sangre que se le detectó no se trató de un porcentaje menor, sino que cuatriplicaba el permitido por la ley, sin perjuicio de que por tratarse de un conductor profesional, la ley establece que está prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre".

"Todas estas circunstancias descreditan la postura defensiva, en razón de que –tal como lo expuso el sentenciante– el imputado inobservó, con su accionar, las disposiciones de la Ley Nacional Transito, invadiendo la mano contraria de circulación y conduciendo alcoholizado, teniendo especial consideración que se trata de un conductor profesional, al cual se le requieren mayores exigencias al momento de extenderse su licencia".

Con relación al agravio relativo a la imposición de la pena, Rivarola y Piombi consideraron que "más allá de los argumentos dados por la defensa, insistiendo en relativizar el consumo de alcohol como la causa determinante del hecho investigado, y aduciendo una fundamentación aparente de la misma, no le asiste razón en mérito a que el juez de audiencia realizó un exhaustivo análisis de los parámetros fijados para graduar la pena, resultando ese análisis absolutamente fundado y ajustado a derecho".

Pagano "no solo tuvo en cuenta el alcohol en sangre, sino también –entre otras circunstancias–, el daño causado, el riesgo creado atento la cantidad de personas que se encontraban junto a él en la cabina, por lo que podría haber provocado una catástrofe, y considerando que –más allá de las circunstancias atenuantes–, se condujo con total desprecio e indiferencia por la vida de terceros. A todo ello se sumó que el acusado tiene licencia de conducir profesional, por lo que le era exigible una mayor prudencia, mencionando asimismo jurisprudencia respecto a hechos de similares características en los cuales se impusieron montos punitivos como el aquí puesto en crisis", concluyó Impugnación.

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El TIP confirmó una condena a 13 años de prisión por abuso sexual de una menor de edad

El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó una condena a 13 años de prisión para un albañil de 64 años que abusó sexualmente de una menor, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor particular Alejandro Sebastián Mendiara.

De esta manera, los integrantes de la Sala B del TIP, Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, ratificaron en un todo el fallo dictado por el juez de audiencia santarroseño, Carlos Besi, el pasado 26 de marzo. Este había dado por probado que el imputado, "sin poder precisar una fecha exacta, y en reiteradas oportunidades, abusó sexualmente" de una menor desde que ella tenía 10 años y hasta los 14 en dos viviendas particulares. El acusado, además, amenazó a la víctima diciéndole que si ella "le contaba a alguien lo que él le hacía, él iba a ir a la cárcel y ella a un lugar de menores".

El albañil fue condenado como material y penalmente responsable del delito de abuso sexual por sometimiento gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de su realización, y abuso sexual con acceso carnal, como delito continuado, y se le mantuvo la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Mendiara le cuestión a la Audiencia de Juicio que existió un errónea valoración de la prueba –sostuvo que no se acreditó la materialidad de hecho y la responsabilidad de su defendido, por no existir una prueba directa que lo vincule– y que se afectó el derecho a defensa de su asistido.

En ese sentido, remarcó que durante "la investigación existieron irregularidades que no debieron pasarse por alto, dado que la denuncia la efectuó una psicóloga luego de escuchar unos audios donde la menor fue 'forzada' a reconocer determinadas situaciones, y esos audios que no fueron incorporados al proceso". A partir de allí, considera el recurrente, se armó toda una escena que culminó con la imputación y la detención de su defendido y al no ser aportados ellos como prueba, tanto la defensa –como el tribunal– se vieron imposibilitados de poder controlarlos. E indicó que la acusación surgió del núcleo familiar de la víctima y que esta nunca declaró espontáneamente.

Ni fabulación, ni mendacidad.

Piombi, autor del primer voto, al que adhirió Rivarola, indicó que "el Tribunal de Juicio, al dar por probado el hecho, tuvo especial consideración en lo concluido por los profesionales que intervinieron en el caso evaluando a la niña" y que "fueron contestes en afirmar la ausencia de fabulación o mendacidad en su relato, no existiendo por otra parte contradicciones o incongruencias entre ellos".

Así, los relatos de dos psicólogas, expresó que "resultaron en un todo concordante, refiriendo cuales fueron los indicios que les permitieron tener el relato de la víctima como creíble, debiéndose poner de manifestó que la niña, al prestar declaración en Cámara Gesell, fue sumamente clara respecto a cómo sucedieron los hechos y quien fue el autor de los mismos".

"Si bien se advirtió del relato tanto del imputado, como de alguno de los testigos más allegados a víctima, que existía algún tipo de enemistad o roce intrafamiliar, no puede de ello derivarse en la falta de veracidad de la acusación tal como lo pretendió el recurrente", acotó el juez.

Más adelante, Piombi manifestó que "en relación a los audios referidos por el defensor, debe ponerse de manifiesto que –más allá de la insistencia al respecto–, dichos audios no fueron aportados como prueba en la investigación, encontrándose el tribunal ajeno a la valoración de ellos; no advirtiéndose que la sentencia recurrida haya tenido sustento en los mismos, o se haya realizado alguna valoración al respecto, por lo que no puede ello configurar un motivo de agravio".

El TIP también descartó los argumentos defensivos de que no existió acceso carnal y que Besi, para fijar la pena, no hizo una valoración en virtud de los artículos 40 y 41 del Código Penal, referidos a atenuantes y agravantes.

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