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| Eduardo Castex, La Pampa.

Condenas por agresiones a mujeres en la Colonia Menonita y en 25 de Mayo

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Cornelio Banman a seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta por dos años (fijar residencia, someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y realizar un tratamiento médico o psicológico). La víctima fue su concubina, con quien tiene hijos en común.

El fallo de Freigedo fue dictado a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal achense Juan Bautista Méndez, el defensor particular Gabriel Esteban Pérez y el propio imputado, un metalúrgico de 28 años que se domicilia en la Colonia Menonita, que reconoció la autoría del hecho. La damnificada también dio su conformidad al acuerdo, al ser informada por el Ministerio Público Fiscal.

En el legajo quedó probado que el 16 de junio pasado, en un campo de la Colonia Menonita, ubicada en Guatraché, Banman agredió físicamente a su concubina, “dándole patas por todo el cuerpo y la cabeza, por lo que fue trasladada al hospital de Darragueira, donde le constataron hematomas en ambos lados del cuello y raquialgia, lesiones de características leves”.

Entre las pruebas tenidas en cuenta figuran, entre otras, copia de la denuncia de la víctima, certificados médicos y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima y a los Testigos.

Méndez, al referirse al caso, dijo que es la primera que se obtiene una condena de estas características contra un integrante de la Colonia ya, en general, ellos se han resuelto internamente y sin acudir a la justicia ordinaria.

CASO II

A su vez, el propio Freigedo, en otro abreviado, condenó a Jorge Luis Regueira a seis meses en suspenso por ser autor de los delitos de amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real entre sí, y le fijó las mismas pautas de conducta. La víctima fue su pareja, con quien tiene hijos en común.

Aquí se probó que el 30 de marzo de este año, el imputado le manifestó a su concubina que iba a matarla y, además, la agredió físicamente provocándole lesiones. Ello ocurrió en la vivienda familiar que compartían en 25 de Mayo.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, ella le pidió en buenos términos que se retirara de la casa y, ante la negativa del agresor, le dijo que llamaría a la policía; a lo que éste le respondió “si vos llamas a la policía yo no voy a estar preso toda la vida, cuando salga te voy a matar…”

Luego le arrojó “un fierro o elemento de metal” que debió esquivar para que no la lesionara, y después se abalanzó sobre ella “con otro fierro o caño de metal, que me apoyó por sobre el cuello, llegando al límite de dejarme casi sin aire”. A posterior, siempre de acuerdo a esa versión, Regueira intentó asfixiarla nuevamente tomándola con sus manos del cuello.

El abreviado fue convenido entre Méndez, el defensor oficial Marco Mezzasalma y el acusado, un imputado de 30 años. La damnificada, al conocer esta solución alternativa del conflicto, prestó su conformidad y pidió que no se le aplique una prohibición de acercamiento porque actualmente mantienen una buena relación.

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El juez de General Acha dictó dos sentencias condenatorias

A través de dos juicios abreviados, el juez de control de General Acha, Diego Ariel Asin, condenó a Bruno Matías Emanuel Lezcano a un año de prisión en suspenso por los delitos de hurto simple en grado de tentativa, robo simple en grado de tentativa (dos hechos), hurto simple (tres hechos) y daño simple, en cuatro causas diferentes; y a Alberto Anastacio Zaya a seis meses de prisión de ejecución condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo y daño, en concurso real, en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Además les fijó a ambos reglas de conducta por dos años.

La salida alternativa al conflicto en el caso de Lezcano fue convenida entre el  fiscal achense Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Marco Daniel Mezzasalma y el imputado, un ayudante de albañil de 22 años.

Con respecto a Lezcano, Asin dio por probado en uno de los legajos que el 22 de septiembre de 2015, entre las 7 y las 10, ingresó a cuatro casas en Guatraché. En una lo hizo con fines de apoderarse ilegítimamente de objetos, aunque debió irse al ser advertido por la propietaria, y en otra –lindante a aquella– dañó un postigo, acomodó elementos junto a una ventana “con intenciones de llevárselos”, pero no pudo hacerlo por cuestiones ajenas a su voluntad. A un tercer inmueble entró por el lavadero y sustrajo un secarropas y del cuarto se llevó una cortadora de pasto.

En otro expediente se demostró que el 28 de febrero de 2015, a las 7.45, junto a otra persona, dañó una ventana exterior de un resto-bar de esa localidad y, frente a la intervención policial, “le dio  un puntapié a la puerta trasera derecha” del patrullero al ser detenido, “causándole un abollón”.

A su vez el 11 de junio de este año, entre las 4 y las 4.30, Lezcano –sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas– ingresó a otro domicilio de Guatraché y se llevó 500 pesos y una cartera que contenía un par de anteojos de sol, un teléfono celular y objetos personales, que posteriormente fueron recuperados por la damnificada.

En el cuarto y último legajo, Asin acreditó que entre las 18 del día siguiente y las 18 del 13 de junio, el imputado entró al depósito de la iglesia “San Francisco Javier”, de Guatraché, con “intenciones de sustraer objetos que se habían juntado en una colecta –luego de dañar una persiana, una ventana y un vidrio–, sin poder hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad”.

En el caso de Zaya el abreviado fue acordado entre el fiscal José Luis Coito, el defensor oficial Pablo Maldini y el imputado, un albañil de 40 años. La víctima, una ex pareja, también dio su conformidad al ser informada del acuerdo. Entre las reglas de conducta impuestas al acusado figura la de abstenerse de relacionarse con ella ni concurrir a su domicilio.

Con las pruebas incorporadas al expediente, el juez de control dijo que quedó demostrado que el 15 de diciembre del año pasado, Zaya agredió físicamente a la madre de sus tres hijos con “una cachetada en el rostro”, que le provocaron lesiones. El ataque se produjo en una vivienda de La Adela después que el imputado tomara el celular de la mujer y lo rompiera arrojándolo al piso.

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Condenado a un año de prisión efectiva por agresiones a su pareja en Puelches

La jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, condenó a Gabriel Alejandro Escudero, como autor material y penalmente responsable del delito de  lesiones leves calificadas por la situación de convivencia preexistente con la damnificada, hecho valorado en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, a la pena de seis meses de prisión y le unificó esa sanción con otra anterior en una pena única a un año de prisión de cumplimiento efectivo.

El fallo dictado por Ongaro fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal de General Acha, José Luis Coito, el defensor oficial Sebastián Martín Maldini y el propio imputado, un trabajador rural de 34 años que actualmente está cumpliendo una condena en la alcaidía de esa ciudad. La víctima también dio su consentimiento e indicó que el acusado no volvió a molestarla.

En el expediente se probó que el 27 de junio del año pasado en Puelches, a la madrugada, Escudero agredió físicamente a su pareja “dándole golpes de puño que impactaron sobre el pecho y la espalda, ocasionándole las lesiones detalladas en el certificado médico”. Luego le dijo: “Andá a hacer la denuncia que se pudre todo, a mí no me importa nada, que me vengan todos los milicos”, por lo que se retiró de la vivienda arrojándole una piedra que no llegó a impactar en la mujer.

Analizada la prueba reunida y valorada conforme a las reglas de la sana crítica, Ongaro –más allá de la confesión del acusado– dio por acreditado “las circunstancias de lugar, tiempo y modo” en que se produjo la agresión y señaló que las lesiones constatadas en la víctima fueron “el resultado directo y único de la violencia ejercida por parte de Escudero,  con voluntad inequívoca de producir ese ataque físico”.

El imputado ya había sido condenado el 5 de junio pasado por el delito de lesiones graves en agresión a una pena unificada de un año de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que ahora las partes acordaron que se unifique esa sentencia con la de Ongaro en una pena única de un año de prisión efectivo.

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