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| Eduardo Castex, La Pampa.

Condenado a prisión por abusar de dos hijas de su pareja

El juez de audiencia de Santa Rosa, Carlos Alberto Besi, condenó hoy a un padrastro de 26 años a la pena de seis años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual de una menor de 13 años, con sometimiento gravemente ultrajante para las víctimas, por su duración y circunstancias de realización, en dos hechos independiente entre sí, mediante el uso de amenazas como delito continuado, y le unificó la sanción con otra anterior en una pena única de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Las víctimas fueron dos hijas de su pareja. Además, atento a que la fiscalía y la defensa adelantaron sus renuncias a la interposición de recursos, Besi ordenó la detención inmediata del acusado.

Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar donde convivían. A una de las niñas le trasmitió una infección de origen sexual y a la otra le propinó golpes, advirtiéndole que no contara nada porque si no iba a “cortarle la garganta”, según puede leerse en la sentencia.

El delito fue valorado en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La causa se resolvió por la vía de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Marcos Sacco, el defensor particular Luciano Di Nápoli y el imputado, un empleado con antecedentes penales.

Besi señaló en el fallo que los hechos “no solo han quedado acreditados por la prueba documental” incorporada al legajo, sino también “por el reconocimiento del propio imputado, lográndose así una clara correspondencia entre lo acontecido, los hechos atribuidos y la calificación jurídica que las partes le dieron”.

“Las denuncias oportunamente realizadas son absolutamente contestes con las narraciones de las menores, que sobre los hechos padecidos hicieron a su progenitora y a las profesionales que intervinieron en cada uno de los actos judiciales durante la investigación fiscal; siendo concreto y preciso el resultado del examen médico practicado a ellas”, acotó el magistrado.

“Debe destacarse que las profesionales que asistieron y contuvieron psicológicamente a las víctimas, fueron coincidentes en destacar la ausencia de fabulación en sus dichos, como así también en cuanto a la posibilidad de que hayan sido inducidas por terceros en la descripción fáctica relatada”, subrayó el juez.

El padrastro ya tenía otra condena anterior. El 26 de agosto de 2014, la jueza de control, María Florencia Maza, en otro abreviado, le había impuesto una pena única de tres años en suspenso como autor del delito. En realidad le habían dado dos años de ejecución condicional por amenazas con armas, en concurso real con abuso de arma y portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal; encubrimiento por receptación dolosa en dos oportunidades; y amenazas simples, en concurso real con adulteración de la numeración de un objeto registrado y la magistrada se lo había unificado en tres años en suspenso por otra condena de la antigua Cámara en lo Criminal 1 del 19 de octubre de 2012.

Una vez que el fallo quede firme se lo informará a la Procuración General de la Provincia, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en la ley 2547 sobre el Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.

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El TIP confirmó una condena a 13 años de prisión por abuso sexual de una menor de edad

El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó una condena a 13 años de prisión para un albañil de 64 años que abusó sexualmente de una menor, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor particular Alejandro Sebastián Mendiara.

De esta manera, los integrantes de la Sala B del TIP, Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, ratificaron en un todo el fallo dictado por el juez de audiencia santarroseño, Carlos Besi, el pasado 26 de marzo. Este había dado por probado que el imputado, "sin poder precisar una fecha exacta, y en reiteradas oportunidades, abusó sexualmente" de una menor desde que ella tenía 10 años y hasta los 14 en dos viviendas particulares. El acusado, además, amenazó a la víctima diciéndole que si ella "le contaba a alguien lo que él le hacía, él iba a ir a la cárcel y ella a un lugar de menores".

El albañil fue condenado como material y penalmente responsable del delito de abuso sexual por sometimiento gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de su realización, y abuso sexual con acceso carnal, como delito continuado, y se le mantuvo la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Mendiara le cuestión a la Audiencia de Juicio que existió un errónea valoración de la prueba –sostuvo que no se acreditó la materialidad de hecho y la responsabilidad de su defendido, por no existir una prueba directa que lo vincule– y que se afectó el derecho a defensa de su asistido.

En ese sentido, remarcó que durante "la investigación existieron irregularidades que no debieron pasarse por alto, dado que la denuncia la efectuó una psicóloga luego de escuchar unos audios donde la menor fue 'forzada' a reconocer determinadas situaciones, y esos audios que no fueron incorporados al proceso". A partir de allí, considera el recurrente, se armó toda una escena que culminó con la imputación y la detención de su defendido y al no ser aportados ellos como prueba, tanto la defensa –como el tribunal– se vieron imposibilitados de poder controlarlos. E indicó que la acusación surgió del núcleo familiar de la víctima y que esta nunca declaró espontáneamente.

Ni fabulación, ni mendacidad.

Piombi, autor del primer voto, al que adhirió Rivarola, indicó que "el Tribunal de Juicio, al dar por probado el hecho, tuvo especial consideración en lo concluido por los profesionales que intervinieron en el caso evaluando a la niña" y que "fueron contestes en afirmar la ausencia de fabulación o mendacidad en su relato, no existiendo por otra parte contradicciones o incongruencias entre ellos".

Así, los relatos de dos psicólogas, expresó que "resultaron en un todo concordante, refiriendo cuales fueron los indicios que les permitieron tener el relato de la víctima como creíble, debiéndose poner de manifestó que la niña, al prestar declaración en Cámara Gesell, fue sumamente clara respecto a cómo sucedieron los hechos y quien fue el autor de los mismos".

"Si bien se advirtió del relato tanto del imputado, como de alguno de los testigos más allegados a víctima, que existía algún tipo de enemistad o roce intrafamiliar, no puede de ello derivarse en la falta de veracidad de la acusación tal como lo pretendió el recurrente", acotó el juez.

Más adelante, Piombi manifestó que "en relación a los audios referidos por el defensor, debe ponerse de manifiesto que –más allá de la insistencia al respecto–, dichos audios no fueron aportados como prueba en la investigación, encontrándose el tribunal ajeno a la valoración de ellos; no advirtiéndose que la sentencia recurrida haya tenido sustento en los mismos, o se haya realizado alguna valoración al respecto, por lo que no puede ello configurar un motivo de agravio".

El TIP también descartó los argumentos defensivos de que no existió acceso carnal y que Besi, para fijar la pena, no hizo una valoración en virtud de los artículos 40 y 41 del Código Penal, referidos a atenuantes y agravantes.

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Mecánico violó a una menor con discapacidad y tuvo una hija: Condenado a prisión

El juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora, condenó hoy a un mecánico de 29 años a la pena de ocho años de prisión, por el delito de abuso sexual con acceso carnal por haber sido cometido mediando violencia y aprovechándose que la víctima no pudo consentir libremente la acción, como delito continuado, y ordenó su inmediata detención cuando el fallo quede firme. La víctima padece un retraso mental moderado.

Además, en la sentencia, dispuso que se extraigan “copias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones y de los audios de la audiencia de juicio oral” y que se le corra vista al fiscal competente para determinar si su hermana cometió algún delito. “Pudo haber prestado algún tipo de colaboración con relevancia penal en favor de su hermano”, dijo el juez en el texto.

Sáez Zamora, con las pruebas reunidas durante el debate, dio por probado que el imputado abusó sexualmente “en forma reiterada” de la víctima, quien “al inicio de los hechos contaba con 16 años y que posee un retraso mental moderado”. Agregó que “para consumar esos actos, además de conocer y aprovechar la condición de aquélla, empleó golpes y la ató de pies y manos a una cama”.

Todo ello ocurrió en el domicilio de la hermana del imputado, adonde concurría la víctima por la amistad que habían entablado entre ellas. El magistrado sostuvo que el agresor “contó con la colaboración” de su hermana y que, como consecuencia de esa relación sexual “abusiva”, la víctima dio a luz a una niña.

El fiscal Walter Martos había requerido una sanción de 10 años. La querellante particular Silvia López Urcola adhirió a la calificación legal, pero solicitó 13 años. Y la defensora oficial, Silvia Mariel Annecchini, alegó por la absolución del acusado, aduciendo que si bien no es inimputable, “no es una persona que tiene un elevado nivel intelectual para darse cuenta que podría estar cometiendo un delito” y que, además, era novio a la damnificada.

El magistrado descartó esta última teoría –basada en dos testigos– porque si ellos “no fueron mendaces (…) quedó fuertemente debilitada ante el contraexamen de la fiscalía, ya que los testigos admitieron que ese conocimiento de noviazgo era de vista, y que pocas veces habían tenido trato con la víctima e incluso nunca habían entablado una conversación”.

Con respecto a que se trata de un hombre infraculturizado, Sáez Zamora –en base a los dichos de dos psicólogas forenses– indicó que “si bien es una persona con un bajo nivel cognitivo, comprende la gravedad de los hechos por los que fue acusado”.

Al fijar la pena –cuyo piso es de seis años de prisión–, Sáez Zamora valoró como atenuantes la falta de antecedentes penales del imputado, su nivel sociocultural y su baja capacidad cognitiva; y como agravantes, la extensión del daño causado, extendido porque “nació una nueva vida que impacta directamente” en la víctima y su círculo familiar.

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