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| Eduardo Castex, La Pampa.

Condenado a prisión en suspenso por violencia de género a su ex pareja

La jueza de control, María Florencia Maza, por el procedimiento de juicio abreviado, condenó hoy a Matías Daniel Marotías Mujica a ocho meses de prisión en suspenso, por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja, en concurso real con violación de domicilio y daño; en concurso material con amenazas simples. En ambos hechos la víctima fue una ex pareja.

En el legajo se probó que el 26 de junio del año pasado, a las 4.30, el imputado –un cadete de 30 años– se cruzó en un boliche bailable con su ex pareja y le dijo “vos vas a ser mía”. Ante el rechazo de la mujer, Marotías Mujica “le propinó una cachetada en el rostro y luego la tomó de los cabellos, retirándose del lugar”.

Luego, a las 7.20, la víctima llegó a su domicilio y encontró al acusado durmiendo en su habitación, que había ingresado sin su autorización. “Al despertarlo, él se tornó agresivo y la corrió por toda la casa, haciendo que se caiga y se golpée la rodilla”, dice el fallo. Además el agresor dañó el vidrio de la puerta de acceso y se fue, siendo aprehendido a pocos metros del lugar.

En el otro expediente se demostró que el 26 de abril pasado, a las 10.30, Marotías Mujica fue a la casa de su ex pareja y “comenzó a golpear la puerta de acceso al patio frontal, por lo que la denunciante decidió cerrar todos los accesos al interior de la vivienda”. Entonces el imputado empezó a insultarla y amenazarla desde la calle.

Previamente, por mensajes de whatsapp, le había dicho que le devuelva sus cosas, que de esa noche no pasaba y que ese día “a las 13.30 voy a tu casa a romperte todo”.

La solución alternativa al conflicto fue acordada entre el fiscal Walter Martos, el defensor oficial Pablo De Biasi y el acusado. Las partes también convinieron que Marotías Mujica cumpla las siguientes reglas de conducta durante dos años: a) fijar domicilio, b) someterse al contralor de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal: c) abstenerse de entrar en contacto con la víctima, no pudiendo acercarse a menos de 200 metros del lugar donde se encuentre; y d) realizar un tratamiento psicoterapeútico.

La víctima, cuando el Ministerio Público Fiscal quiso informarle del acuerdo, no pudo localizarla y como se desconoce su domicilio actual, debió prescindirse de su opinión.

Maza encuadró los hechos en las disposiciones de la ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y tuvo en cuenta, entre otras pruebas, informes de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos y del Área de Género de la policía provincial.

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Condenan a una madre pampeana a nueve años de prisión por abusos de dos hijas

El juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora, condenó a una madre a nueve años de prisión, por ser autora material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante como delito continuado agravado por la relación de conviviencia, en dos hechos, concursando en forma real entre sí; y dispuso que se detenga a la imputada una vez que la sentencia que firme.

Tras el juicio oral, el magistrado dio por probada la teoría del caso de la fiscalía y dijo que desde principios de 2011 y hasta mediados de agosto de 2012, la acusada, un ama de casa de 51 años, “le introdujo los dedos en el ano” a dos hijas adoptivas de 10 y 12 años “cada vez que las bañaba” y, además, las maltrataba físicamente ante la resistencia de ambas.

Durante los alegatos, la fiscala de Victorica, Alejandra Gabriela Moyano González, había solicitado una pena de 15 años de prisión, y el defensor oficial Edgardo Javier Trombicki, la absolución de la mujer por considerar que no había pruebas para condenarla.

Por tratarse de conductas intramuros, Sáez Zamora le dio mucho valor a las declaraciones de las víctimas y a la de la  psicóloga que las atendió. Ésta última  afirmó en el debate que los relatos de las niñas poseían “coherencia interna y externa, con una estructura que permitió identificar claramente a la acusada, el lugar y el momento del día en que se producían los hechos y en general algunos otros detalles de lo sucedido”.

El juez también consideró que esos relatos “contuvieron información que solo pueden sostener las personas que han vivido esa situación, y además fueron coincidentes y sostenidos en el tiempo, por lo que poseen una alta calidad probatoria para la reconstrucción histórica de los hechos”.

Con relación al testimonio del esposo de la imputada, el magistrado indicó que “si bien negó haber visto u oído algo, aportó algunos indicios de la vida cotidiana de la familia que reflejaron la resistencia de las niñas a someterse a los maltratos, tal como la resistencia a bañarse o decir que se quedaban en la escuela hasta más tarde como una forma de evitar regresar a la casa”. Y acotó: “a fin de preservar el vínculo existente entre el testigo y la acusada y la contundencia de la restante prueba existente, me eximo de realizar una apreciación más profunda de la valoración del testimonio y lo pondero como un medio indiciario”.

En el fallo, Sáez Zamora rechazó la pretensión de la fiscalía de que el delito se agrave por ser cometido contra un descendiente porque el vínculo por adopción legal no encuadra en esa figura, ya que es propia del vínculo de sangre.

Al momento de fijar la pena, el juez valoró a favor de la madre su falta de antecedentes penales y “sus condiciones básicas de desarrollo socio cultural”; y como agravante la extensión del daño causado a las niñas, ya que una de ellas padece secuelas que “revelan un profundo trauma en su vida y en la relación con los demás” y la otra, aunque superó parcialmente los sucesos vividos, también se la vio profundamente afectada.

Finalmente Sáez Zamora aseveró que “el daño se extendió a todo el ámbito de dos familias” y que ello lo  observó durante la declaración de la hermana de una de las víctimas –y denunciante del caso–, y del propio esposo de la acusada, “a quien observé como una persona que aún hoy no comprende lo sucedido”.

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Robó una moto en Santa Rosa y en 15 días lo condenaron a prisión efectiva

La jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, condenó a Alexander Rojas, como autor del delito de hurto simple en grado de tentativa a dos meses de prisión, y le unificó esa pena con otra anterior en una pena única de tres años de cumplimiento efectivo. La causa se resolvió en apenas dos semanas.

La resolución de Ongaro fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado rubricado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor oficial Pablo De Biasi y el imputado, un albañil de 21 años que aceptó su culpabilidad.

Ongaro dio por demostrado que el 1 de noviembre, a las 22.50, sin ejercer fuerza, Rojas sustrajo una moto Honda, modelo XR 150L, que estaba estacionada “en el interior de un pequeño recinto sin aberturas y en construcción, ubicado en el patio trasero” de un domicilio de la calle Donatti al 2400. El acusado no logró su cometido porque fue sorprendido por el dueño del inmueble, quien junto a su hijo y “luego de un forcejeo, lograron reducirlo, dándole aviso a la policía”. Ese predio está cercado en todo su perímetro y, al momento del hecho, el portón de ingreso de los vehículos se hallaba abierto.

Por el intento de hurto, Rojas fue condenado a dos meses de cumplimiento efectivo, pero a su vez en el abreviado se convino que esa sanción sea unificada con la que le diera el juez de control, Nicolás Casagrande Lorences, el 29 de septiembre pasado, en una pena única de tres años de cumplimiento efectivo.

En esa oportunidad, Casagrande Lorences, en otro abreviado, había condenado al acusado a dos meses de prisión en suspenso por hurto simple y le había unificado la condena con otra anterior en tres años de prisión en suspenso. Ahora esa condicionalidad se le revocó.

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