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| Eduardo Castex, La Pampa.

Un pintor y un empleado municipal fueron condenados por agresiones a parejas y ex parejas

El juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, condenó a Juan Pablo Villegas, como autor material y penalmente responsable de los delitos de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real con amenaza con arma de fuego, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional.

Además le impuso el cumplimiento de las siguientes pautas de conducta durante dos años: fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin autorización del juez encargado de la ejecución de la condena; someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras; y prohibición absoluta de acercamiento y contacto respecto de la víctima, como así de no estar a menos de 200 metros de su domicilio.

En la causa se probó que en los primeros minutos del 10 de noviembre del año pasado, Villegas le envió a una ex pareja, desde su teléfono celular, mensajes vía WhatsApp "con la imagen de un arma de fuego con el tambor desmontado y una munición en su interior, para luego llamarla y decirle que ese cartucho sería para ella". Asimismo, tres días después, se constató que el imputado tenía en su casa "un arma de fuego, calibre 32 color negra, sin número de serie y dos municiones, sin la debida autorización legal".

El caso se resolvió por la vía alternativa del juicio abreviado que suscribieron el fiscal Marcos Hernán Sacco, el defensor oficial Juan José Hermúa y el propio imputado, un pintor de 29 años. La víctima, al ser notificada por el Ministerio Público Fiscal, dio su consentimiento.

Ralli valoró para dictar la condena, entre otras pruebas, la captura de pantalla del celular de la damnificada donde se observan los mensajes de texto, como así la imagen del arma de fuego; el acta de registro domiciliario practicado en la vivienda de Villegas; y un informe del Registro Provincial de Armas. A su vez, a los fines de darle al tema un tratamiento integral conforme los hechos investigados, se libraron oficios a la Oficina de Atención la Víctima, a la Dirección Provincial de Política de Género y a la Defensoría General.

SEIS MESES

La jueza de control de Victorica, María Liz Figueroa Echeveste, condenó a Sebastián Alberto Gatica a seis meses de prisión de cumplimiento condicional, por el delito de lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra la persona con quien ha convivido y ha mantenido una relación de pareja, valorado en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral contra la Mujer.

Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, la magistrada acreditó que el 4 de octubre pasado, en el interior de una vivienda y tras una discusión, Gatica "agarró del cuello y le dio una piña en el pecho y otra en el abdomen" a su pareja, ocasionándole eritemas y un hematoma.

El fallo de Figueroa Echeveste fue dictado como consecuencia de un pedido de juicio abreviado formulado por la fiscala Alejandra Moyano González, el defensor oficial Edgardo Trombicki y el acusado, un empleado municipal de 24 años. La mujer, al anunciársele el acuerdo, dio su aprobación e hizo hincapié especialmente en la necesidad de que no se repitan las conductas intimidantes hacia ella.

Por otra parte, a Gatica se le fijaron las siguientes pautas de conducta durante un período de dos años: fijar residencia, debiéndose presentar cada dos meses en el Juzgado de Paz de la localidad donde se domicilia; someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal; y cesar los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, pudiera realizar sobre la víctima.

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Juicio por sedición a policías de La Pampa: Pidieron 3 y 4 años para 8 imputados

El fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho, solicitó hoy que 10 policías y expolicías sean condenados entre tres y cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por considerar que fueron autores del delito de sedición, cuando el 11 de diciembre de 2013, a la noche, tomaron"en forma violenta y hostil" la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial y la Dirección de Comunicaciones para "arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial" una serie de reclamos que habían solicitado por escrito en un petitorio entregado en Casa de Gobierno. El defensor oficial, Martín García Ongaro, en cambio, solicitó que todos ellos sean absueltos. El fallo del Tribunal de Audiencia, conformado por los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín, se conocerá el próximo martes a las 12.30 horas.

Sancho, para requerir las penas, tuvo en cuenta los distintos niveles de responsabilidad. Afirmó que "las caras visibles (de los reclamos) fueron, por voluntad propia o por elección de los demás", Carlos Aníbal Mendibe, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López y Carlos Daniel Gatica. Y consideró como un agravante la condición de policías.

También indicó que, de acuerdo a un informe oficial de la Jefatura, al momento de los hechos, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros y Luis Rodrigo Wiggenhauser estaban retirados de la fuerza, más allá de mantener la condicional policial.

Así, para Mendibe, Bruno y Giménez solicitó 4 años y 8 meses de prisión; para Rolhaiser 3 años y 8 meses; para Diego López y Gatica 3 años y 6 meses; y para Cisneros, Furriol, Daniel López y Wiggenhauser 3 años. En todos los casos requirió que las penas sean de cumplimiento efectivo, más el agregado de inhabilitación por el doble del tiempo.

Con respecto a los otros cuatro imputados, dos no fueron acusados porque no se presentaron al juicio (Pablo Orlando Montes y Jeremías Martín Salvatierra, éste último fue hallado la semana pasada en San Luis), y a los dos restantes (Roberto Germán Mora Bartolomé y Silvio Norberto Rojas) directamente pidió que sean absueltos por entender que no tuvieron intervención en la protesta. Sobre el testigo Hugo Alberto Echeveste adelantó que se lo investigará una causa por falso testimonio.

Sancho describió lo ocurrido como "un hecho gravísimo" y agregó que "nunca había sucedido un hecho de esta magnitud" en Santa Rosa. Destacó: "Que el paso del tiempo no minimice lo que sucedió, porque en definitiva (los imputados) no robaron nada ni mataron a nadie, pero lo que pasó fue de extrema gravedad".

El juicio oral y público tuvo 71 testigos y se extendió por más de dos semanas. Al final, a cada uno de los imputados se les concedió la última palabra. Todos se declararon inocentes. Rolhaiser dijo "no hice nada"; Giménez, "si cabe una acusación, ya hemos sido acusados por la opinión pública"; Gatica, "fue un reclamo justo); Mendibe, "la mayoría de nosotros dejó todo en la policía... que Dios nos ayude"; y Furriol, "no soy una persona antidemocrática, juré decir la verdad y la dije".

Antes de los alegatos, hubo una controversia sobre la exhibición de un video y unos audios. Los defensores se opusieron, pero el tribunal permitió –como quería la fiscalía– que se vieran y escucharan. Los audios mostraron que cuando sonaba el 101 automáticamente se cortaban los llamados, y el video a Bruno efectuando declaraciones periodísticas,

LA FISCALÍA

Sancho dijo al comienzo de su alegato que "no es cuestión de criminalizar la protesta ni los reclamos sociales", en alusión a la movilización a la plaza San Martín y la marcha a Casa de Gobierno, como actos previos a la toma de la Jefatura, pero añadió que "tampoco es posible avalar delitos bajo el paraguas de la protesta social".

Reiteró que los manifestantes tomaron en forma "violenta y hostil" la Jefatura, el  Cecom y que "algunos" fueron a la Dirección de Comunicación. "Se trató de un levantamiento colectivo que se insubordinó a la cadena de mandos para arrancarle concesiones al Poder Ejecutivo. Al menos un aumento salarial, y digo al menos porque el petitorio tenía doce puntos, entre ellos el reemplazo del jefe y subjefe de la fuerza".

"Las ocupaciones del Cecom y de la Dirección de Comunicaciones fueron organizadas porque era algo central para ejercer presión sobre el Ejecutivo. Nada fue espontáneo", expresó; remarcando que el episodio más grave fue "la toma del Cecom porque no se atendieron llamadas hasta los primeros minutos del día 13, cuando consiguieron la mejora salarial".

"El 101 dejó de funcionar, lo dijeron todos los operadores del organismo. El propio ex gobernador (Oscar Mario) Jorge lo supo a través del jefe de la Policía (Ricardo) Baudaux, y el propio Jorge contó que llamó a la línea de emergencia y no lo atendieron", manifestó Sancho. "No hubo fallas técnicas. Lo que ocurrió fue que llamaban y no se atendía porque el organismo había sido copado".

Al hablar específicamente del hecho,  el fiscal resaltó el testimonio del operador Cristian Piermattei, quien manifestó que "no podía creer lo que estaba viendo" y que "había gente con armas".

"(Francisco) Icuza (subjefe del organismo) reconoció a Diego López como uno de los policías que ingresaron violentamente al Cecom. Fueron más de 40 personas que tomaron el control del 101 y ordenaron que los teléfonos dejaran de atenderse. Antes ya había visto en el lugar a Rolhaiser, Mendibe y Bruno" agregó.

También enfatizó que el comisario Eloy Rodríguez, que la noche del 11 estaba a cargo de la custodia de Jefatura, identificó a Mendible, Bruno, Daniel López, Gatica,  Rolhaiser y Giménez como algunos de los manifestantes que habían ingresado al edificio.

 Más adelante, Sancho recordó que el policía Ricardo Daniel Andalor declaró "con naturalidad" que habían relevado a los operadores del Cecom y que él atendió los teléfonos. "Fue uno de los que participó activamente. Lo reconoció. Si no está entre los imputados fue porque en su momento no pudo ser identificado", señaló.

AUDIOS Y VIDEOS

En los audios objetados por los defensores se oyeron cuatro llamadas al 101, a la madrugada, que fueron cortados. Solo uno fue atendido porque la persona que lo hizo conocía el número del que llamaban. "Acá adentro somos como 50 y no atendemos los llamados. A los jefes los sacaron de las pestañas...", comento. "Esta era la situación objetiva que se vivía en el Cecom la madrugada del día 12", graficó Sancho.

El fiscal afirmó que con la protesta "se dejó desprotegida a la sociedad" y que "en esas condiciones se llevaron adelante las negociaciones" que concluyeron la mejora salarial. "Nada fue pacífico, todo fue violento", aseveró.

"En ese contexto de violencia fueron las negociaciones con el gobierno. Diciendo 'apúrense porque empiezan los saqueos'. El propio ex gobernador Jorge afirmó que fue extorsionado. Bajo esos condicionamientos terminó firmando el aumento salarial, sabiendo que no estaba garantizada la seguridad de la ciudadanía –indicó Sancho–. Y si en Santa Rosa no pasaron cosas mayores fue porque no tenían que pasar. Si alguien iba y reventaba una vidriera en el centro, no hubiera quedado un negocio sin ser saqueado".

Más adelante, la fiscalía recordó que Baudaux y el subjefe Diego Martínez expresaron que la desprotección "fue total porque se había roto la cadena de mandos", añadiendo que ello lo ratificaron otros testigos. "El comisario (Temístocles) Torreani confirmó que la Seccional Primera fue tomada y los jefes de la Segunda reconocieron que no se pudo brindarse seguridad".

"De los registros de libros de guardia de las comisarías surgió que no se asentaron novedades desde las primeras horas del día 12 y que recién se retomaron al 13. En la Sexta directamente no hubo registros el 12. ¿Eso es una situación normal?", se preguntó Sancho.

Además recordó que Jorge declaró en el debate que debió pedir la llegada de 700 efectivos de fuerzas de seguridad nacionales porque no estaban dadas las condiciones para brindarle seguridad a la población. "Un testigo (Oscar Félix Garrido) habló de pic-nic. ¿O sea que para controlar un pic-nic fue necesario que vinieran 700 efectivos", dijo el fiscal.

Al exhibirse el video pudo oírse a Bruno decir que "lo único que pido es que traigan a Gendarmería para que cumplan la función que nosotros no cumplimos". "Reconoció que la policía no brindaba seguridad y que la sociedad estaba absolutamente desprotegida", señaló Sancho.

Por último, al justificar que se cometió el delito de sedición, el fiscal dijo –entre otras cosas– que "se entiende por alzarse en armas simplemente tener la disponibilidad de ellas, la posibilidad efectiva de usarlas y, en este caso, todos eran policías, o sea que tenían las armas".

LA DEFENSA

A su turno, el defensor oficial García Ongaro alegó por la absolución de los policías y ex policías. Sostuvo que existió "un defecto grave en la acusación" fiscal, ya que "no basta la sospecha" para hablar de sedición "sino que debe probarse la puesta en riesgo del orden constitucional". Y agregó: "No existió una afectación del bien jurídico".

Destacó que ni siquiera la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició trámites disciplinarios hacia los imputados. "Hubo recorridas en las calles, coberturas de seguridad –incluso en comercios–, no hubo sanciones, la actividad del servicio judicial fue normal... Todo eso lo dijeron los propios jefes de las seccionales y otros testigos. Y hasta el fiscal admitió que hubo coberturas mínimas".

"Además la fiscalía no determinó la acción, y cualquier persona tiene derecho a saber de qué hechos se los acusa, algo que no ocurrió. Porque la fiscalía primero buscó a los culpables y después vio cuál podía ser el delito", añadió García Ongaro.

El defensor negó que hubiera existido violencia ("así lo demostraron las imágenes registradas dentro y fuera de Jefatura"), indicó que "no alcanza con la sola disposición de un arma para hablar de alzamiento en armas" y que las fuerzas nacionales llegaron a la ciudad solo lo hicieron "para reforzar la seguridad".

Subrayó que "lo más grave es que no hubo una determinación de la autoría, no hubo un detalle sobre la presunta participación criminal de cada uno" de los acusados. "Tampoco la fiscalía dejó en claro cómo participó cada uno como interlocutor (en las negociaciones con el gobierno) ni cómo participó del alzamiento en armas. Porque también otros policías actuaron de intermediarios (el actual subjefe Héctor Osvaldo Lara, Susana Rosane y Oscar Félix Garrido) y dos de ellos ni siquiera fueron imputados".

Finalmente, la defensa hizo hincapié en que "la protesta careció de cabecillas, no hubo una voz cantante; y eso lo dijeron Lara e innumerables testigos".

El defensor particular de Rojas, Boris Vlasich, no alegó por la falta de acusación contra él, quien había llegado al juicio imputado por la sedición y daños y coacción por una carga de combustible en Vialidad Provincial. Por ello solo quedó imputado el prófugo Montes.

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Dos condenas de “prisión en suspenso” por violencia de género

El juez de control santarroseño, Nicolás Casagrande Lorences, condenó a Gerardo Ariel Calvo, como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas simples en tres oportunidades en concurso rea, en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral contra la Mujer, a la pena de seis meses de prisión en suspenso. Además le fijó reglas de conducta por dos años, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la sanción impuesta, figurando entre ellas la prohibición de relacionarse de modo alguno con la víctima, su ex pareja y madre de un hijo suyo.

El conflicto penal se resolvió a través de la solución alternativa de juicio abreviado, que presentaron en forma conjunta el fiscal Andrés Torino, el defensor oficial Martín García Ongaro y el imputado, de 32 años. La damnificada también dio su consentimiento, dijo que no deseaba que se viera afectado el vínculo padre-hijo y solo pidió que no la moleste más.

En la causa se acreditó que el 11 de septiembre pasado, Calvo le envío a su ex pareja un whatsapp manifestándole "mirá para atrás porque si te agarro otra vez te plancho a vos, sabelo yo ya te avise y no te rías".

A los tres meses, el 14 de diciembre, le mandó otros mensajes de whatsapp, diciéndole entre otras cosas, "si te encuentro arriba de la camioneta se te arma" y "te bajo los dientes... una más sabé". Ante ello, la mujer bloqueó dicha aplicación y el acusado le envió mensajes de texto expresándole "ok, pero si es verdad te pateo la cabeza, así que más vale que no sea cierto porque ese gil va a hablar".

 Al día siguiente, Calvo volvió a escribirle: "Vos te crees que tengo miedo de ir preso... bueno, te lo voy a demostrar entonces, acordarte lo que va a pasar" y "vos jugaste con fuego, todo se paga con fuego y sangre yo voy preso pero vos.. bajo tierra".

 A su vez, el 22 de diciembre Calvo le mandó a la víctima otros cuatro mensajes de voz y uno de texto con insultos descalificativos y amenazantes ("no te olvides que te estoy vigilando... ya te voy a encontrar". Los tres hechos últimos ocurrieron mientras existía una restricción de acercamiento y contacto judicial que le había sido impuesta al imputado el 27 de octubre.

SEGUNDA CONDENA

Por su parte, el  juez de control, Gabriel Lauce Tedín, condenó a Lorenzo Germán Flores, como autor del delito de lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente y amenazas simples en concurso real, valorado en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.

La resolución de Tedín fue consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Marcos Hernán Sacco, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez y el imputado, un cartonero de 46 años, sin instrucción. A su vez se le fijaron reglas de conducta por dos años (fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras y abstenerse de relacionarse de modo alguno con la víctima). Esa última también dio su aprobación al acuerdo.

¿Cuál fue el hecho? El 14 de agosto del año pasado, Flores "tomó del hombro derecho a su expareja, cuando ésta se bajaba del micro, circunstancia en que se produjo un forcejeo entre ambos, en el cual la mujer resultó lesionada. Minutos más tarde, personal policial acudió al lugar a raíz de un llamado realizado por un vecino, aprehendiendo al imputado, quien le gritó a su ex pareja 'si yo salgo de acá, te cago a trompadas'".

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