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| Eduardo Castex, La Pampa.

El TIP confirmó una condena contra un piquense por abuso sexual de su ex pareja

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena contra P.V.M.B. a siete años de prisión, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una ex pareja, al no hacer lugar a los recursos de impugnación presentados por la defensa y la querella particular.

De esta manera, la Sala B del TIP, conformada por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, ratificó en un todo la sentencia que la Audiencia de Juicio de General Pico dictara el 22 de febrero pasado, con las firmas de los jueces Carlos Pellegrino, Florentino Rubio y Diego Ambrogetti. Ellos habían dado por acreditado que el imputado, de 53 años, abusó de la víctima, el 9 de marzo del año pasado, cuando ella fue a su casa.

Los recursos de impugnación fueron presentados por las defensoras particulares de V.M.B., Silvia Brown y Magalí Tarditi, y por las patrocinantes de la querella, Alina Acebal y Leticia González. Estas últimas cuestionaron la pena impuesta –un año más que la mínima– teniendo en cuenta que habían solicitado 10 años de prisión durante los alegatos del juicio.

"Los jueces brindaron sus razones y, en consecuencia, no se puede afirmar que la pena aplicada no haya sido el resultado de la apreciación de circunstancias de hecho que los miembros de la Audiencia han sabido apreciar en el debate y su razonamiento adecuado al principio de culpabilidad", indicó el TIP.

"La circunstancia de que se hiciera referencia a precedentes anteriores en nada tacha de arbitraria la decisión, toda vez que la decisión del tribunal evaluó las circunstancias que consideró atenuantes y agravantes de responsabilidad penal, como así también las consecuencias que sobrevivieron al hecho, por lo que se considera que el agravio de la querella no puede tener receptación favorable", acotaron Piombi y Rivarola.

Con relación a la defensa, sus quejas se centraron en que dadas las circunstancias particulares del hecho,  no existió la certeza necesaria que se requiere en esta instancia del proceso para dictar una condena, y calificó de sesgada la valoración que hicieron los jueces de las pruebas.

"Es imposible pasar por alto que las conductas constitutivas del tipo penal de abuso sexual, suelen tener lugar en ámbitos de intimidad, lo que sin lugar a dudas acarrea de manera frecuente problemas probatorios particulares. Dicho esto –expresó Piombi, autor del voto inicial, al que adhirió Rivarola–, entiendo que esas circunstancias, lejos de implicar que el hecho denunciado no pueda ser probado, implica que la escasa prueba que pudo ser colectada debe ser valorada teniendo en cuenta cada uno de sus aspectos relevantes; para arribar a una sentencia definitiva que sea una correcta apreciación, comprensiva de todos los elementos de juicio colectados y realizados con sinceridad y buena fe".

En tal sentido, enfatizó que "la sentencia puesta en crisis no acarreó vicios que resintieran su motivación y la descalificaran como acto jurisdiccional válido, tal cual planteó la defensa (...) Ello fue así, pues de la compulsa de la prueba, se advirtió un pormenorizado relato de la víctima, que encontró respaldo en otros elementos de prueba que permitieron al tribunal conformar el estado de certeza necesario para el dictado de la condena". Concretamente el TIP hizo alusión al estudio pericial psicológico efectuado a la víctima.

Inmediatez.

En otro tramo del fallo, el TIP resaltó "las cualidades propias de la inmediación" que tuvieron los jueces de audiencia, "las que le permitieron a los sentenciantes captar estas circunstancias, que en la sentencia describieron –al referirse al testimonio de la víctima– como '... claro, determinante, afectado en sentimientos, sincero y sin intencionalidad alguna'".

También el TIP subrayó "la preponderancia" que el tribunal piquense le dio a las declaraciones de dos mujeres, "frente a otros testimonios" y, fundamentalmente, al de una de ellas, quien "tomó conocimiento de manera inmediata de la agresión sexual y describió el miedo que la víctima tenía de formular la denuncia, no obstante le aconsejara acudir a la justicia".

Piombi y Rivarola, más allá del cuestionamiento de las defensoras al informe del médico forense, indicaron que no podía descartarse que el origen de las lesiones constatadas fuera por el ataque sexual y, además, hicieron mención a los dichos del bioquímico forense para avalar la sentencia.

"El testimonio de la víctima, prueba primordial en estos casos, se vio corroborado a través del conjunto de elementos de prueba que alrededor del mismo se reunió y que permiten dar credibilidad y certeza a sus expresiones –dijo el TIP-. Todo en su conjunto, indica que P.V.M.B. conocía la voluntad de la víctima de no tener relaciones sexuales y, no obstante ello, las tuvo, lo que lleva a sostener que el sentenciante valoró correctamente la prueba que se ventiló durante el proceso y aplicó de manera precisa la ley sustantiva".

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Le pegó y arrastró por la calle a su ex pareja en Santa Rosa: Irá a prisión ocho meses

El juez de audiencia de Santa Rosa, Miguel Gavazza, condenó a Carlos Daniel Duprat a ocho meses de prisión, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas, en concurso real con daño, y le unificó la pena con otra anterior en una pena única de cuatro años de prisión.

El legajo se resolvió a través del procedimiento de juicio abreviado que acordaron el fiscal Andrés Torino, el defensor oficial Pablo De Biasi y el imputado, un hombre de 27 años que permanece detenido en la Unidad 4.

Gavazza dio por probado que el 18 de agosto de 2014, en circunstancias en que la ex pareja de Duprat caminaba, junto a unos de sus hijos por la calle Salesianos casi Maestros Puntanos, el acusado –que circulaba en un auto– “intentó atropellarla”. Ante ello, la mujer “subió a la vereda, tomó un ladrillo y se lo tiró a Duprat, impactando en el vidrio de atrás, del lado del conductor”.

En esas circunstancias, el imputado “se ofuscó, descendió del auto y le propinó (a la víctima) un golpe en el ojo derecho; la agarró de los pelos y la arrastró por la calle al tiempo que la insultaba”, señaló el magistrado en el fallo. Agregó que también se demostró que Duprat ingresó al domicilio de su ex pareja, sin ejercer fuerza, y “dañó objetivos que le pertenecían a ella, como un equipo de música y un televisor”.

En el expediente se incorporaron como pruebas, un informe del Servicio de Sanidad Policial constatando las lesiones padecidas por la mujer, fotos de ellas, informes del Registro Nacional de Reincidencia, del equipo técnico de la Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescencia, de la Dirección General de Políticas de Género y de la Oficina de Atención a las Víctimas y los Testigos informe del Ministerio Público Fiscal, entre otras.

Duprat había sido condenado el 24 de junio del año pasado, por el Tribunal Oral Federal, como autor del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, a la pena de cuatro años de prisión y multa de 1.000 pesos, más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Esa pena fue unificada con los ochos meses por las lesiones y el daño, en una pena única de cuatro años de prisión y multa de 1.000 pesos.​

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Militar retirado condenado por lesiones y amenazadas a ex pareja

El juez de control, Néstor Daniel Ralli, condenó a Carlos Ramón Cortez, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja y amenazas agravadas por el uso de arma -dos hechos-, los que concursan materialmente entre sí. La víctima fue su pareja.

A su vez le impuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el término de dos años, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la sanción en caso de infringirlas: fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin autorización judicial; someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras; restricción absoluta de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio; prohibición de mantener contacto con ella y realizar un tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La resolución de Ralli fue dictada a partir de la admisibilidad al pedido de juicio abreviado elevado en forma conjunta por el fiscal Andrés Torino, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez y el propio imputado, un militar retirado de 60 años que admitió su culpabilidad. También la damnificada prestó su conformidad con la solución alcanzada, tras ser notificada del acuerdo por parte de la fiscalía.

En uno de los legajos quedó probado que el 25 de enero de este año, a las 23, Cortez “agredió a su pareja con golpes de puño en el rostro y en la cabeza y un golpe con un ventilador en la espalda, en momentos en que se encontraban en el domicilio que compartían”.

El otro episodio ocurrió el 24 de marzo último a las 7 de la mañana, cuando el imputado se presentó en el mismo domicilio “con un arma de fuego (carabina), y haciendo ademanes, manifestó ‘ustedes van a volar de acá’. En ese momento se levantó el hijo de la pareja, de 24 años, y trató de que su padre se calmara. En esas circunstancias el acusado le manifestó a su ex pareja ‘te voy matar’ y "mira que te lo mato" haciendo referencia al hijo de ambos. Este último retiró de la casa a su padre, quien se fue “a bordo de su automotor Gol azul con vidrios polarizados y se llevó consigo la carabina”.

Más allá de la confesión de Cortez, el juez Ralli dio por acreditados ambos delitos al señalar “el nombrado, de manera voluntaria e intencional, agredió físicamente a la víctima, modificando su estructura morfológica y causándole lesiones que por su ubicación, entidad y tiempo de inhabilitación que para el desarrollo de sus tareas habituales le han significado, revisten la calidad de leves”.

El magistrado agregó que “el imputado había sido pareja de la damnificada, circunstancia que justifica la calificación de las lesiones por el vínculo que los unía. Asimismo por cuanto esgrimió expresiones hacia los damnificados, detentando un arma de fuego, que limitó su libertad de autodeterminación, causándoles temor”.

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