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| Eduardo Castex, La Pampa.

Seis condenas por robos y violencia de género en Santa Rosa y General Acha

El juez de audiencia de Santa Rosa, Daniel Alfredo Sáez Zamora, condenó a Kevin Gregorio Bustos a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor material y penalmente responsable del delito de hurto simple en grado de tentativa, en concurso real con robo simple en grado de tentativa. El imputado tiene antecedentes registrables y la causa se resolvió en 10 días.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, el magistrado dio por probado que el acusado, el sábado 9, "ingresó, sin ejercer fuerza ni violencia" a un domicilio de la calle Tupungato, en Santa Rosa, de donde "sustrajo un cuchillo Stanley con mango negro y un celular Motorola G3". Bustos fue sorprendido por el dueño de la vivienda, quien le dijo que se detuviera, pero no lo hizo y "salió corriendo por los patios linderos", según indica la sentencia.

Previamente a ese hecho, intentó entrar en la casa de al lado, "donde dejó rastros de su calzado, rompió el vidrio de una ventana con intenciones de robo –pues se halló en las rejas que protegían la abertura un torniquete hecho con un trapo, lo cual habitualmente se utiliza para violentar las rejas–. No obstante ello, no logró ingresar ni sustraer elemento algunos".

Una vez cometidos ambos hechos, Bustos se escapó y fue detenido a" dos cuadras del lugar, gracias a las características físicas y de vestimenta brindadas" (un buzo rojo con capucha del club River Plate y un pantalón oscuro) por el propietario de la primera casa. Al momento de su aprehensión "se le secuestró en su poder el cuchillo Stanley y dentro del patrullero que lo trasladó se halló el celular del damnificado".

El conflicto penal se resolvió por la vía del juicio abreviado, convenido entre el fiscal Carlos Ordas, la defensora oficial Paula Arrigone y el acusado, un albañil de 22 años. Las víctimas, al ser informadas del acuerdo, también prestaron su conformidad.

PRISION POR LESIONES A UNA MUJER

El juez de control de Santa Rosa, Nicolás Casagrande Lorences, condenó a Joaquín Pablo Llovio a la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, como autor del delito de lesiones leves y le impuso como regla de conducta la prohibición de mantener contacto con la víctima y acercarse a menos de 200 metros de su domicilio.

El caso se definió a través de un acuerdo de juicio abreviado convenido entre la fiscala María Cecilia Martiní, el defensor particular Gastón Gómez y el propio imputado, un empleado municipal de 33 años que aceptó la sanción y reconoció la autoría del hecho.

¿Cuál fue ese hecho? El 23 de febrero pasado, a la mañana, Llovio agredió a una mujer "con un palo de madera de 1,10 metros, que poseía cinco clavos de seis centímetros sobresalidos, cuatro trozos de alambre oxidado sin punta y un hierro con punta de 18 centímetros en uno de los extremos". Además le dio "un golpe de puño en el rostro (...) provocándole escoriaciones en la región palmar de la mano derecha y limitación de apertura bucal por dolor". Ello ocurrió cuando la víctima le estaba reclamando que se retirara de un inmueble que, según la denunciante, el acusado había ocupado ilegalmente.

AUTORIA Y RESPONSABILIDAD DE UN MENOR

El juez de control santarroseño, Gabriel Lauce Tedin, declaró la autoría y responsabilidad penal de un menor en orden al delito de encubrimiento por receptación dolosa. Al momento de cometer el ilícito, el imputado tenía 16 años y hoy tiene 17. Además dispuso que se remita una copia del fallo al Juzgado de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

Tedín dio por acreditado que el menor, el 29 de noviembre del año pasado, al momento de realizarse un registro domiciliario de una vivienda de la calle Catriel Sur, en Santa Rosa, tenía en su poder "una bicicleta marca Venzo modelo Amphion" que había sido sustraída tres semanas antes del patio trasero de un domicilio de la calle Hucal.

En la causa se acordó un juicio abreviado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial Paula Arrigone, la asesora de Menores, Gabriela Manera, y el acusado, un estudiante de que admitió su culpabilidad.

El magistrado señaló en la sentencia que el menor "detentaba una bicicleta que fuera denunciada como sustraída, no pudiendo desconocer el origen espúreo del bien, toda vez que había sido sustraída sólo unos días antes,  estaba siendo ofrecida a la venta por Internet y  no poseía documentación acreditante alguna que justificara su propiedad".

OTRO MENOR, POR ROBO SIMPLE

La jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, por el procedimiento de juicio abreviado, declaró la autoría y responsabilidad de un menor de 17 años en orden al delito de robo simple y giró una copia de la sentencia al Juzgado de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

En el legajo, con las pruebas adjuntadas por la fiscalía, se probó el 26 de mayo, a la madrugada, el imputado y otro joven interceptaron en Italia y Maldonado, Santa Rosa, a dos adolescentes de 15 y 16 años, a quienes –después de "amenazarlos con que les darían un puntazo y agredirlos con golpes en los rostros y las cabezas–, les sustrajeron las mochilas que tenían en su poder". Poco después, los agresores fueron detenidos por la policía en Pasaje Cisneros, entre Río Bermejo y Asunción del Paraguay, con esos objetos. También se halló el celular de una de las víctimas tirado en la vereda.

El abreviado fue acordado entre el fiscal Juan José Hermúa, la defensora oficial Leticia Andrea Pordomingo, el propio imputado –actualmente sin trabajo­– y la representante de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Graciela Massara.

PRISION EN SUSPENSO EN ACHA

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Diego Alejandro Cerda a nueve meses de prisión en suspenso, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por la condición de la víctima de ser una ex pareja. Además le fijó como pautas de conducta, por dos años, fijar residencia y someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras.

El magistrado dio por acreditado que el acusado "tomó de ambas manos" a la mujer y "quiso asfixiarla, tapándole las vías de respiración nasal y bucal". Además la agarró de los cabellos "con gran fuerza, intentado besarla y morderle el labio superior, y luego le propinó golpes de puño en la frente".  Ambos episodios violentos ocurrieron dentro de una vivienda.

El abreviado fue convenido entre el fiscal achense, Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Cristian Kevin Christensen y el propio imputado, de 27 años, quien aceptó su culpabilidad. La damnificada también dio su consentimiento y pidió que no se le impongan una orden de restricción de acercamiento hacia su persona.

UNA SEGUNDA CONDENA EN ACHA

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Miguel Ángel Pérez a nueve meses de prisión de ejecución condicional, por ser autor del delito de amenazas agravadas y estableció el cumplimiento de reglas de conducta por un plazo de dos años (fijar residencia y someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras).

El conflicto penal se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado rubricado por el fiscal  Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Kevin Christensen y el acusado, de 55 años. La víctima, una ex pareja, al ser informada por el Ministerio Público Fiscal, dio su consentimiento.

¿Cuál fue el hecho por el que se condenó a Pérez? El 9 de abril, a la madrugada, le dijo a su pareja dentro de una vivienda familiar "te voy a matar". Para ello utilizó "un cuchillo con cabo marrón claro, de 20 centímetros de largo, sin marca".

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Se alojó en el hotel de Quehué, se fue sin pagar e irá a prisión por estafa

A través de un juicio abreviado, el juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Hipólito Baldomé a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, como autor material y penalmente responsable del delito de estafa.

 En la causa se probó que el imputado –un trabajador rural de 50 años, apodado Cacho– se alojó en el hotel Quehué desde el 19 de mayo hasta el 4 de junio haciéndose llamar Alberto García, procedente del campo "San Jorge"- Durante ese lapso, al saber que era buscado por la policía, se fue sin avisar, sin sus pertenencias y sin abonar 4.250 pesos por el alojamiento y 4.240 por almuerzos y cenas.

El abreviado fue acordado entre el fiscal achense Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Marco Daniel Mezzasalma y Baldomé, quien permanece detenido en la alcaidía de General Acha y admitió la autoría del ilícito.

"Entrando a la instancia de individualización de la pena, corresponde imponer a la persona sometida a proceso la sanción solicitada por los presentantes –indicó Freigedo–. Ello, en función de la naturaleza y características de los hechos consumados, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de realización, la conducta previa y posterior del sujeto activo, los medios empleados para su ejecución, la extensión de la afectación al bien jurídico causado y la existencia de antecedentes penales computables".

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Condenas por agresiones a mujeres en la Colonia Menonita y en 25 de Mayo

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Cornelio Banman a seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta por dos años (fijar residencia, someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y realizar un tratamiento médico o psicológico). La víctima fue su concubina, con quien tiene hijos en común.

El fallo de Freigedo fue dictado a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal achense Juan Bautista Méndez, el defensor particular Gabriel Esteban Pérez y el propio imputado, un metalúrgico de 28 años que se domicilia en la Colonia Menonita, que reconoció la autoría del hecho. La damnificada también dio su conformidad al acuerdo, al ser informada por el Ministerio Público Fiscal.

En el legajo quedó probado que el 16 de junio pasado, en un campo de la Colonia Menonita, ubicada en Guatraché, Banman agredió físicamente a su concubina, “dándole patas por todo el cuerpo y la cabeza, por lo que fue trasladada al hospital de Darragueira, donde le constataron hematomas en ambos lados del cuello y raquialgia, lesiones de características leves”.

Entre las pruebas tenidas en cuenta figuran, entre otras, copia de la denuncia de la víctima, certificados médicos y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima y a los Testigos.

Méndez, al referirse al caso, dijo que es la primera que se obtiene una condena de estas características contra un integrante de la Colonia ya, en general, ellos se han resuelto internamente y sin acudir a la justicia ordinaria.

CASO II

A su vez, el propio Freigedo, en otro abreviado, condenó a Jorge Luis Regueira a seis meses en suspenso por ser autor de los delitos de amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real entre sí, y le fijó las mismas pautas de conducta. La víctima fue su pareja, con quien tiene hijos en común.

Aquí se probó que el 30 de marzo de este año, el imputado le manifestó a su concubina que iba a matarla y, además, la agredió físicamente provocándole lesiones. Ello ocurrió en la vivienda familiar que compartían en 25 de Mayo.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, ella le pidió en buenos términos que se retirara de la casa y, ante la negativa del agresor, le dijo que llamaría a la policía; a lo que éste le respondió “si vos llamas a la policía yo no voy a estar preso toda la vida, cuando salga te voy a matar…”

Luego le arrojó “un fierro o elemento de metal” que debió esquivar para que no la lesionara, y después se abalanzó sobre ella “con otro fierro o caño de metal, que me apoyó por sobre el cuello, llegando al límite de dejarme casi sin aire”. A posterior, siempre de acuerdo a esa versión, Regueira intentó asfixiarla nuevamente tomándola con sus manos del cuello.

El abreviado fue convenido entre Méndez, el defensor oficial Marco Mezzasalma y el acusado, un imputado de 30 años. La damnificada, al conocer esta solución alternativa del conflicto, prestó su conformidad y pidió que no se le aplique una prohibición de acercamiento porque actualmente mantienen una buena relación.

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