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| Eduardo Castex, La Pampa.

Seis condenas por robos y violencia de género en Santa Rosa y General Acha

El juez de audiencia de Santa Rosa, Daniel Alfredo Sáez Zamora, condenó a Kevin Gregorio Bustos a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor material y penalmente responsable del delito de hurto simple en grado de tentativa, en concurso real con robo simple en grado de tentativa. El imputado tiene antecedentes registrables y la causa se resolvió en 10 días.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, el magistrado dio por probado que el acusado, el sábado 9, "ingresó, sin ejercer fuerza ni violencia" a un domicilio de la calle Tupungato, en Santa Rosa, de donde "sustrajo un cuchillo Stanley con mango negro y un celular Motorola G3". Bustos fue sorprendido por el dueño de la vivienda, quien le dijo que se detuviera, pero no lo hizo y "salió corriendo por los patios linderos", según indica la sentencia.

Previamente a ese hecho, intentó entrar en la casa de al lado, "donde dejó rastros de su calzado, rompió el vidrio de una ventana con intenciones de robo –pues se halló en las rejas que protegían la abertura un torniquete hecho con un trapo, lo cual habitualmente se utiliza para violentar las rejas–. No obstante ello, no logró ingresar ni sustraer elemento algunos".

Una vez cometidos ambos hechos, Bustos se escapó y fue detenido a" dos cuadras del lugar, gracias a las características físicas y de vestimenta brindadas" (un buzo rojo con capucha del club River Plate y un pantalón oscuro) por el propietario de la primera casa. Al momento de su aprehensión "se le secuestró en su poder el cuchillo Stanley y dentro del patrullero que lo trasladó se halló el celular del damnificado".

El conflicto penal se resolvió por la vía del juicio abreviado, convenido entre el fiscal Carlos Ordas, la defensora oficial Paula Arrigone y el acusado, un albañil de 22 años. Las víctimas, al ser informadas del acuerdo, también prestaron su conformidad.

PRISION POR LESIONES A UNA MUJER

El juez de control de Santa Rosa, Nicolás Casagrande Lorences, condenó a Joaquín Pablo Llovio a la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, como autor del delito de lesiones leves y le impuso como regla de conducta la prohibición de mantener contacto con la víctima y acercarse a menos de 200 metros de su domicilio.

El caso se definió a través de un acuerdo de juicio abreviado convenido entre la fiscala María Cecilia Martiní, el defensor particular Gastón Gómez y el propio imputado, un empleado municipal de 33 años que aceptó la sanción y reconoció la autoría del hecho.

¿Cuál fue ese hecho? El 23 de febrero pasado, a la mañana, Llovio agredió a una mujer "con un palo de madera de 1,10 metros, que poseía cinco clavos de seis centímetros sobresalidos, cuatro trozos de alambre oxidado sin punta y un hierro con punta de 18 centímetros en uno de los extremos". Además le dio "un golpe de puño en el rostro (...) provocándole escoriaciones en la región palmar de la mano derecha y limitación de apertura bucal por dolor". Ello ocurrió cuando la víctima le estaba reclamando que se retirara de un inmueble que, según la denunciante, el acusado había ocupado ilegalmente.

AUTORIA Y RESPONSABILIDAD DE UN MENOR

El juez de control santarroseño, Gabriel Lauce Tedin, declaró la autoría y responsabilidad penal de un menor en orden al delito de encubrimiento por receptación dolosa. Al momento de cometer el ilícito, el imputado tenía 16 años y hoy tiene 17. Además dispuso que se remita una copia del fallo al Juzgado de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

Tedín dio por acreditado que el menor, el 29 de noviembre del año pasado, al momento de realizarse un registro domiciliario de una vivienda de la calle Catriel Sur, en Santa Rosa, tenía en su poder "una bicicleta marca Venzo modelo Amphion" que había sido sustraída tres semanas antes del patio trasero de un domicilio de la calle Hucal.

En la causa se acordó un juicio abreviado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial Paula Arrigone, la asesora de Menores, Gabriela Manera, y el acusado, un estudiante de que admitió su culpabilidad.

El magistrado señaló en la sentencia que el menor "detentaba una bicicleta que fuera denunciada como sustraída, no pudiendo desconocer el origen espúreo del bien, toda vez que había sido sustraída sólo unos días antes,  estaba siendo ofrecida a la venta por Internet y  no poseía documentación acreditante alguna que justificara su propiedad".

OTRO MENOR, POR ROBO SIMPLE

La jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, por el procedimiento de juicio abreviado, declaró la autoría y responsabilidad de un menor de 17 años en orden al delito de robo simple y giró una copia de la sentencia al Juzgado de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

En el legajo, con las pruebas adjuntadas por la fiscalía, se probó el 26 de mayo, a la madrugada, el imputado y otro joven interceptaron en Italia y Maldonado, Santa Rosa, a dos adolescentes de 15 y 16 años, a quienes –después de "amenazarlos con que les darían un puntazo y agredirlos con golpes en los rostros y las cabezas–, les sustrajeron las mochilas que tenían en su poder". Poco después, los agresores fueron detenidos por la policía en Pasaje Cisneros, entre Río Bermejo y Asunción del Paraguay, con esos objetos. También se halló el celular de una de las víctimas tirado en la vereda.

El abreviado fue acordado entre el fiscal Juan José Hermúa, la defensora oficial Leticia Andrea Pordomingo, el propio imputado –actualmente sin trabajo­– y la representante de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Graciela Massara.

PRISION EN SUSPENSO EN ACHA

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Diego Alejandro Cerda a nueve meses de prisión en suspenso, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por la condición de la víctima de ser una ex pareja. Además le fijó como pautas de conducta, por dos años, fijar residencia y someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras.

El magistrado dio por acreditado que el acusado "tomó de ambas manos" a la mujer y "quiso asfixiarla, tapándole las vías de respiración nasal y bucal". Además la agarró de los cabellos "con gran fuerza, intentado besarla y morderle el labio superior, y luego le propinó golpes de puño en la frente".  Ambos episodios violentos ocurrieron dentro de una vivienda.

El abreviado fue convenido entre el fiscal achense, Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Cristian Kevin Christensen y el propio imputado, de 27 años, quien aceptó su culpabilidad. La damnificada también dio su consentimiento y pidió que no se le impongan una orden de restricción de acercamiento hacia su persona.

UNA SEGUNDA CONDENA EN ACHA

El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, condenó a Miguel Ángel Pérez a nueve meses de prisión de ejecución condicional, por ser autor del delito de amenazas agravadas y estableció el cumplimiento de reglas de conducta por un plazo de dos años (fijar residencia y someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras).

El conflicto penal se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado rubricado por el fiscal  Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Kevin Christensen y el acusado, de 55 años. La víctima, una ex pareja, al ser informada por el Ministerio Público Fiscal, dio su consentimiento.

¿Cuál fue el hecho por el que se condenó a Pérez? El 9 de abril, a la madrugada, le dijo a su pareja dentro de una vivienda familiar "te voy a matar". Para ello utilizó "un cuchillo con cabo marrón claro, de 20 centímetros de largo, sin marca".

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Condenado a prisión efectiva por robos a manos armada en Santa Rosa

El juez de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, condenó hoy a Alfredo Ezequiel Álvarez a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor de los delitos de robo simple, en concurso real con robo calificado por el uso de arma impropia en grado de tentativa; y a su vez le revocó la condicionalidad de una sentencia anterior de seis meses en suspenso, y le unificó ambas penas en una única de tres años efectivos. El acusado actualmente permanece detenido en la alcaidía local.

El primer hecho ocurrió el 31 de diciembre pasado, a las 6.20, cuando Álvarez –19 años, albañil– tomó un taxi en la plaza San Martín y solicitó ir hasta México y Pío XII. Allí le dijo al chofer que buscaría algunas cosas y continuaría viaje. Así fue que bajó, y al regresar a los pocos minutos –aprovechando que la ventanilla estaba baja– le afirmó al conductor sobre el cuello “un elemento que no pudo determinarse de qué tipo de objeto se trató” y le dijo “dame el celular, dame toda la plata, abrí la gaveta”. La víctima le entregó el teléfono y 500 pesos.

El segundo ilícito lo cometió al mes, el 1 de febrero de este año a las 18 en el mismo lugar, México entre Pío XII y Juan XXIII. Allí el imputado abordó a un hombre y, tras mostrarle un cuchillo Tramontina, le manifestó “dame el celular porque si no te pincho”. Luego le sustrajo el teléfono y escapó. Inmediatamente, la policía –tras hablar con el damnificado– rodeó la vivienda del acusado, situada a 50 metros, ingresó a ella con la autorización de la madre de Alvarez, detuvo a él y secuestró el celular.

El conflicto se resolvió por la vía alternativa del juicio abreviado, convenido entre el fiscal Carlos Ordas, el defensor oficial Pablo De Biasi y el imputado, quien admitió su culpabilidad y permanece detenido en la alcaidía local. Boulenaz, para dar por acreditados ambos episodios, tuvo en cuenta como pruebas, filmaciones de cámaras del Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom).

Con relación a los damnificados, el Ministerio Público Fiscal “realizó los intentos suficientes” para recabar sus opiniones sobre el acuerdo de partes, y aunque no se logró la respuesta buscada, “ello no puede ser endilgado a una omisión de parte del órgano acusador”, indicó Onagro en el fallo.

“En cuanto a la casi inexistente expectativa o interés de parte de las propias víctimas respecto de la resolución del proceso, ello se fortaleció con el informe de la Oficina Judicial. Según dicha constancia, los damnificados, habiendo sido citados a prestar declaración testimonial, no comparecieron estando personalmente notificados”, acotó la magistrada.

“En consecuencia considero que, conforme aquel marco jurisprudencial, lo actuado por el fiscal respondió a las pautas dictadas por el Superior Tribunal de Justicia sobre el procedimiento de juicio abreviado, y en particular sobre lo atinente a la referida conformidad de la víctima en la resolución del conflicto mediante esta salida alternativa”, remarcó Ongaro. Ella dispuso, en la parte resolutiva, que se le entregue al taxista el dinero secuestrado.

La pena de dos años y seis meses de prisión efectiva fue unificada con la que le dictara el juez de audiencia, Andrés Olié, en otro abreviado, el 22 de diciembre pasado. En esa oportunidad recibió una sanción de seis meses en suspenso por ser coautor del delito de robo simple, por robarle –junto a una mujer– una cartera a una transeúnte en Chile y Varela a las seis de la mañana. El acuerdo estableció que ambas penas se unificaran en tres años de cumplimiento efectivo.

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Condenaron a una madre que le provocó una fractura a un niño de casi dos años

Una madre fue condenada hoy a un año de prisión en suspenso, por ser autora del delito de lesiones graves culposas en perjuicio de su hijo de un año y nueve meses. La sentencia fue dictada por la jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, en el marco de un juicio abreviado.

La magistrada, con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, dio por probado que el 28 de abril de 2016, la imputada –una trabajadora doméstica de 20 años– “agredió físicamente a su hijo, provocándole lesiones de carácter graves en función de lo constatado” por una médica.

El abreviado fue acordado entre el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Kevin Christensen y la propia acusada, quien admitió la autoría del hecho. Además las partes convinieron que, durante dos años, cumpla las siguientes pautas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, y realizar un tratamiento médico o psicológico. El padre del menor, al ser notificado, también brindó su consentimiento. Lo mismo ocurrió con la Asesoría de Menores, que se remitió a la opinión del progenitor.

“Analizada la prueba reunida y valorada conforme las reglas de la sana crítica, tengo  la certeza de la existencia del hecho investigado –que fuera puntualmente fijado en el acuerdo–,  como así que la acusada resultó ser la autora material, sin perjuicio de la aceptación de la autoría por parte de ella”, indicó Ongaro en el fallo.

La jueza acreditó que la madre, en el interior de la casa donde vivía –una pareja la había alojado–, “y en momentos en que maniobraba a su hijo, a quien tenía sobre sus piernas, lo tomó fuertemente del brazo derecho, y ante el llanto del pequeño la propia imputada se presentó en el centro de salud de la localidad a fin de requerir asistencia médica “.

Allí fue visto por una pediatra que, luego, formuló la denuncia. La profesional constató que el niño había sufrido “una fractura del húmero derecho”, lesión que por su entidad, naturaleza y secuelas fue calificada como grave.

“La conducta desplegada por la imputada sobre el cuerpo de su hijo reveló –según la prueba testimonial producida, concretamente el relato de uno de los habitantes de la casa–, un obrar imprudente en su rol de madre, que las reglas de la prudencia le indicaban no realizar. Ello revela también que hubo de parte de la madre un accionar violatorio al deber de cuidado que le era legalmente exigible, atento el vínculo parental con la víctima”, concluyó Ongaro.

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