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| Eduardo Castex, La Pampa.

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Condenado a prisión efectiva por un robo en comercio de Santa Rosa

El juez de control, Nicolás Casagrande Lorences, condenó a Marcos Antonio Sebastián Chávez a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable del delito de robo simple, y lo declaró reincidente “en virtud de los antecedentes penales resultantes del informe de reincidencia”.

En el expediente se probó que el 26 de noviembre pasado, a las seis de la mañana, el imputado sustrajo un televisor Smart de 32 pulgas, después de dañar el vidrio del frente de un local de la calle Lisandro de la Torre, en Santa Rosa.

El conflicto se resolvió a través de la alternativa de juicio abreviado. Este fue acordado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial Paula Arrigone y el acusado, un vendedor ambulante de 41 años que permanece detenido en la alcaidía local y que reconoció la autoría del hecho. El damnificado también manifestó su conformidad, tras ser informado por el Ministerio Público Fiscal.

Entre las pruebas tenidas en cuenta figura la declaración testimonial de la víctima, croquis, fotografías, capturas de pantalla, informes técnicos y el registro fílmico de una cámara de seguridad.

Al margen del reconocimiento efectuado por Chávez, el juez consideró que “los hechos  se encuentran debidamente  acreditados, toda vez que las fotografías dieron cuenta de la rotura del vidrio causada para ingresar al comercio a los fines de sustraer los elementos de propiedad del denunciante, y ello se compadece con el informe técnico labrado en relación al daño producido. Mientras que las filmaciones de las cámaras de vigilancia del comercio captaron al imputado llevando a cabo el ilícito”.

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Condenaron a empleado municipal de Castex a un año de prisión por violencia de género

El juez de control, Gabriel Lauce Tedín, condenó a Sergio Orlando Quiroga Spagnuolo a un año de prisión de cumplimiento efectivo, además de declararlo reincidente, por resultar autor de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente, en concurso real con amenazas simples, valorados en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.

A la resolución del conflicto se llegó a través de la alternativa del juicio abreviado, convenido entre el fiscal Walter Martos, el defensor oficial Martín García Ongaro y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. Este, un empleado municipal de 23 años, se encuentra detenido en la alcaidía santarroseña desde hace un mes. La víctima también dio su consentimiento al acuerdo, al ser notificada por el Ministerio Público Fiscal.
En el legajo quedó probado que el pasado 2 de diciembre, en circunstancias en que una ex pareja de Quiroga Spagnuolo salió de la casa de una amiga, en Eduardo Castex, observó al acusado sacando la llave de su moto. Al acercarse al lugar, el hombre “sacó un arma de fuego tipo revólver de su cintura, la cargó y, sin mediar palabra alguna, tomó a la víctima de los cabellos y le propinó un golpe con el arma en la cabeza, causándole lesiones”. Casi dos horas después, llamó telefónicamente a la damnificada para manifestarle que si no retiraba la denuncia la mataría.
“Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, considero que los hechos fueron debidamente probados habida cuenta de la descripción coincidente –en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar–, dada tanto por la víctima como por una testigo, como así lo constatado por los facultativos de la salud”, indicó Tedín en el fallo.
En la parte resolutiva, el magistrado dispuso que se le haga saber a la agredida si es su voluntad ser informada acerca de los planteos defensivos que eventualmente puedan desembocar en la incorporación de Quiroga Spagnuolo a los regímenes de salidas transitorias, de semilibertad, de prisión domiciliaria, de prisión discontinua o semidetención, de libertad asistida o al régimen preparatorio para su liberación.

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¿Cobradores de prestamistas?: Condenaron a quienes balearon una casa en Miguel Riglos

El juez de control santarroseño, Gabriel Lauce Tedín, condenó hoy a Rubén Gustavo Bernardo, como autor del delito de coacción agravada en cuatro oportunidades, portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, siendo tenedor autorizado del arma en cuestión, y coacción simple, todo ello en concurso real, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y a seis años de inhabilitación especial para la tenencia de arma de fuego en cualquiera de sus categorías. También condenó a Joan Christelle Santos Martin a tres años de prisión de ejecución condicional,  como partícipe necesario del delito de coacción agravada en cuatro oportunidades y coacción simple, en concurso real, y le impuso el cumplimiento de pautas de conductas durante ese mismo lapso (fijar domicilio, someterse al contralor del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de relacionarse con las víctimas y sus grupos familiares y adoptar un oficio, arte, industria o profesión).

La resolución del conflicto llegó por la vía de un juicio abreviado acordado entre el fiscal Oscar Cazenave, el defensor particular Juan Carlos De la Vega y los imputados. La patrocinante de la querella, Silvia López Urcola, adhirió al acuerdo.

Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, Tedín dio por acreditado que Bernardo (un comerciante de 47 años que permanece detenido en la alcaidía local), en calidad de autor, y Santos Martín (22, estudiante y empleada), como partícipe necesario, le enviaron el 4 de agosto pasado una carta a una de las víctimas, pero con remitente de su hija. Lo hicieron con la finalidad de que esa persona cancelara una deuda.

EXIGENCIA DE DEUDAS

La carta tenía dos hojas. En una había una foto de la pequeña nieta de la hija, "con un punto negro en su frente, que simulaba un orificio de disparo de arma de fuego". La otra tenía un mensaje escrito en hoja de computadora diciendo "esta es la última oportunidad que tiene para saldar su deuda. Bien sabe, capital que fue presentado hace dos años, mas intereses al 7%. La única opción es la venta de su campo, que puede y debe hacerse antes de la quiebra. Caso contrario usted quedará expuesto, al igual que su familia directa, a pagar con sangre dicho compromiso. Esperamos respuesta, razonamiento y memoria".

Trece días después, el 17 de agosto, los imputados "efectuaron seis disparos con arma de fuego, en la puerta del frente del domicilio" de la víctima, con una pistola Glock calibre 9mm. A las 48 horas enviaron una nota anónima que decía: "lo sucedido últimamente fue el último aviso. Está provocando que su familia sea quien pague con sufrimiento su irresponsabilidad. No hay más tiempo, las balas sobran y la sangre va a correr. Tic...Toc...Tic...Toc...". Por último, el 25 de septiembre, volvieron a efectuarle –en el mismo lugar, Miguel Riglos, y con la misma arma– otros diez disparos.

En relación al otro damnificado, en ese hecho Bernardo también intervino como autor y Santos Martín como partícipe necesario. Allí se probó que el último 22 de septiembre, al mediodía, ambos se presentaron en la casa de un hombre, en Santa Rosa, exigiéndole el pago de 100.000 pesos. En esas circunstancias, Bernardo se mostró "muy exaltado, insultó y le dijo que por su culpa iban a pagar sus nietas y familiares. Al retirarse le manifestaron 'esto no termina acá, va a seguir'".

FUNDAMENTOS DEL FALLO

Cazenave, para convenir la pena a Bernardo, valoró –en el primer caso– "la gravedad de los hechos, la violencia psíquica y física desplegada hacia la víctima y que al momento ella estaba con su grupo familiar; debiéndose agregar que oportunamente (al imputado) se le concedió en otra causa el beneficio de la suspensión del juicio a prueba y se había comprometido a no cometer nuevos delitos".

El juez, en la sentencia, calificó de "sorpresivo" el planteo de la defensa solicitando una audiencia de visu para Bernardo sea escuchado y que la pena sea en suspenso, cuando ya había suscripto el acuerdo de la prisión efectiva. No obstante, Tedín la convocó y oyó de boca del imputado su consentimiento al texto original. Incluso aseveró que nadie lo obligó a rubricar el acuerdo y que lo hizo con absoluto conocimiento de sus implicancias. A posteriori, De la Vega adujo que sus palabras sobre la modalidad de la detención se desvirtuaron y aclaró que ni él ni su defendido recibieron presiones para firmar el abreviado.

Entre las pruebas secuestradas, a Bernardo se le encontró en su casa "una hoja de color amarilla con un plano manuscrito con tinta azul" que representaba el lugar donde se hallaba el domicilio de la primera víctima y la comisaría más cercana a él. También "los vestigios de plomos y vainas" hallados allí por personal de la División Criminalística de la policía provincial.

El juez dijo, además, que se comprobó que Cristelle Santos "prestó una colaboración necesaria para la ejecución de los hechos, tal como se desprende de los informes elaborados por la División Análisis de las Telecomunicaciones al peritar los teléfonos tanto de ella como de Bernardo; lográndose establecer que no solo tenía cabal conocimiento de las acciones del nombrado, sino que asistía y cooperaba con sus tareas, ya sea acompañándolo o recabando información al respecto".

Con respecto al segundo hecho, Tedín indicó que la víctima brindó "una descripción detallada" del hombre y la mujer que fueron a su vivienda a reclamarle el pago de una deuda, "lo que se condice con la información relevada del teléfono de Bernardo por personal de la División Análisis de las Telecomunicaciónes (...) Se obtuvo la grabación de una entrevista previa, mantenida entre Bernardo y el damnificado, dando cuenta del vínculo que ambos habían concertado, como así también se estableció la participación efectiva de Cristelle Santos".

Con relación a la pena fijada para Bernardo, el magistrado –más allá de estar impedido de fijar una mayor a la requerida por el fiscal– indicó que correspondía que sea de cumplimiento efectivo por se trató de una "multiplicidad de hechos, los cuales en su mayoría poseen una pena de prisión cuyo mínimo es de tres años".

A ello le sumó su naturaleza, ya que ocurrieron en "un lapso temporal de un mes y medio, y estuvieron dirigidos a un idéntico sujeto pasivo, a través de ilícitos que involucraron la coerción psíquica mediante el uso de la fotografía de una menor, y dos hechos de disparos de armas de fuego contra su domicilio (...), poniendo en riesgo claro y evidente a quien viven allí. Estos hechos no solo resultaron ser intimidatorios psíquica y psicológicamente, sino temerarios atento a que sus consecuencias pudieron ser por demás gravosas".

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