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| Eduardo Castex, La Pampa.

Más de veinte ONG’s mendocinas apoyan el proyecto de prohibir el fracking en La Pampa

Más de veinte organizaciones sociales de Mendoza emitieron un comunicado de prensa titulado “No sólo queremos a Mendoza libre de fracking también queremos a La Pampa libre de fracking”. Allí manifestaron el apoyo al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de La Pampa, por el diputado Martín Berhongaray (Frepam), para prohibir la técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, denominada fracking o Factura Hidráulica.

Los militantes ambientalistas mendocinos se pronunciaron “para evitar que la destrucción del fracking llegue a tierras” de La Pampa. “Pero para que esto ocurra, es necesario que también Mendoza haga su parte: revocar el Decreto N°248/18, dejar sin efecto las concesiones otorgadas, poner fin a la entrega de concesiones y licitaciones a empresas para explorar y explotar yacimientos no convencionales y comenzar a debatir en el poder legislativo el proyecto presentado por las asambleas y que cuenta con el apoyo de 43.000 firmas de ciudadanos mendocinos a fin de declarar a Mendoza Libre de Fracking. Cabe destacar también, que presentamos otras 50.000 firmas en la Casa de Gobierno mediante las cuales solicitamos al gobernador que pusiera fin al avance de esta técnica en el territorio”, destacaron en un comunicado de prensa enviado a la redacción de Radio DON.

LUCHA AMBIENTALISTA

Los firmantes recordaron que a mediados de 2013 “comenzamos a denunciar los impactos destructivos que esta técnica tiene en las comunidades, las tierras productivas y el ambiente”. También reclaman “un debate que fue escaso o nulo por parte de los gobernantes y fomentando energías limpias en vez de volver a recurrir a los combustibles fósiles”. “Fue así como junto a Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias, nos sumamos a la campaña Argentina Libre de Fracking”, destacaron.

“Nuestra voz como ciudadanos no es muy escuchada en los ámbitos nacionales, fuimos logrando avances muy importantes en las provincias, como ser la Ley N°13.740 que prohíbe el fracking en Entre Ríos y el Artículo N°46 de la Ley N°10.477 de Santa Fe que prohíbe la entrega de agua a la explotación con fractura hidráulica. Mientras en las otras provincias progresamos con las prohibiciones municipales”, indicaron.

“A partir de 2005, luchando contra la megaminería, minería contaminante y minería de uranio, hemos ido cosechando logros significativos: la sanción de la Ley N°7.722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, la creación y ampliación de Reservas Naturales Protegidas, los rechazos a proyectos mineros como Hierro Indio en Malargüe y San Jorge (cobre y oro) en Uspallata, la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que dictaminó la constitucionalidad de la Ley N°7.722, entre muchos otros. Allí entendimos que Mendoza no está aislada y que el ambiente no tiene límites, por eso hoy más que nunca los pueblos deben unirse y proteger los bienes comunes del saqueo de las empresas multinacionales y los gobiernos cómplices”, concluye el comunicado de prensa.

NO AL FRACKING, NI AQUÍ, NI ALLÁ, NI HOY, NI NUNCA.

Paremos al Fracking #MendozaLibreDeFracking #LaPampaLibreDeFracking

FIRMANTES

Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe; Asamblea por el Agua de San Rafael; ¿Uranio? No, Gracias (San Rafael); Circulo de Productores (San Rafael); Asamblea Popular por el Agua Pura de Real del Padre (San Rafael); Asamblea del Pueblo de General Alvear; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán -AVAT-; -Asamblea de Vecinos Autoconvocados la Remonta (Tunuyán); Asamblea de Vecinos Autoconvocados Tupungato por Agua Pura; Asamblea Popular Socio-ambiental del Este de Mendoza (Junín, San Martín y Rivadavia); Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Lujan de Cuyo; Asamblea Popular en Defensa del Agua de Potrerillos (Luján de Cuyo); Asamblea Maipucina por el Agua -AMAIPA-; Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, contra el Fracking y la egaminería; Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza); Asamblea por el Agua Pura de Lavalle; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata; Asamblea por el Árbol; ASOPROVIDA (Asociación Protectora de la Vida); Fundación Cullunche; Crece Desde el Pie; RENACE (Red Nacional de Acción Ecológica); Asamblea Argentina Sin Fracking Bs As.y Observatorio Petrolero Sur. 

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Río Atuel: La CSJ estableció nuevo plazo para que La Pampa y Mendoza lleguen a un acuerdo

La Corte Suprema de Justicia fijó un plazo de 90 días para que el Estado nacional y las provincias de Mendoza y La Pampa lleguen a una solución en el conflicto por el uso del caudal del río Atuel. Dentro del mismo plazo el Estado nacional y ambas provincias deberán indicar “el porcentaje de los costos de las obras que cada jurisdicción afrontará”.

En el acuerdo celebrado en la mañana de este martes el máximo tribunal ordenó además que, en caso que las partes no lleguen a un acuerdo, “deberán informar las razones que lo expliquen”. Además, advirtió que “de no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones, esta Corte definirá el curso de las acciones ulteriores”. “En el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza, el 9 de mayo de 2018”, consignó otro de los puntos dispositivos de la resolución.

Para tomar esas determinaciones, la Corte recordó que el 20 de febrero último venció el plazo de 30 días que había fijado en diciembre de 2017, “sin que las provincias involucradas hubieran llegado a una solución” sobre el manejo de las aguas del río Atuel, un conflicto que ya lleva varias décadas.

La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz.

La Pampa reclama el “cese del daño ambiental” que, según sus autoridades, provoca Mendoza con el “uso abusivo” del río “durante más de 70 años”. “A La Pampa le robaron un río”, sostuvo, en una audiencia celebrada el año pasado, el gobernador de esa provincia, Carlos Verna, para quien “hay soluciones” pero “falta colaboración” y “no hay buena voluntad” por parte de las autoridades de Mendoza.

En esa misma audiencia, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, señaló que la actual pretensión de La Pampa es similar a la resuelta por la Corte en 1987, y que “desde entonces Mendoza se mantuvo siempre abierta a una negociación de buena fe, que atienda los intereses de ambas partes”.

Otros representantes de esa provincia recalcaron entonces que “no se puede distribuir lo que no hay”, en referencia al agua cuya “escasez” le atribuye su vecina, a la que le reprochan “falta de inversiones” en obras.

La Pampa promovió la demanda invocando el “derecho humano al agua”, para que “se declare la presencia de daño ambiental”, como consecuencia de supuestos incumplimientos de Mendoza a la sentencia de la Corte de 1987. Pretende, además, que su vecina le pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Hace un año, la Corte había ordenado que, en el contexto de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), el organismo creado por las provincias interesadas para solucionar el conflicto, se elaborara un programa se ejecución de obras. Pero tampoco se pudo avanzar.

Tras declarar su competencia originaria para intervenir en la causa, la Corte, en contra de lo que expresaron las partes, afirmó que la cuestión actual es distinta a la que resolvió hace 30 años, ya que ahora existe un problema ambiental que debe superar el modelo “dominial”; los recursos naturales son “interdependientes” y deben ser cuidados de manera integrada, precisó.

La Pampa pidió, también, que se solicitara al Estado nacional “brindar colaboración económica, financiera, técnica y toda otra asistencia que resulte necesaria para implementar las obras cuya realización disponga tanto en la sentencia definitiva como en la etapa de ejecución”. (Télam).

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Pérez Araujo en la CIAI: "Para Mendoza el ecosistema del noroeste pampeano finaliza en Algarrobo del Águila"

El nuevo encuentro del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires.

El procurador general de Rentas, Hernán Pérez Araujo delineó los temas salientes planteados durante el encuentro. "Mendoza pretendió incluir en el orden del día, algunos puntos que no habían formado parte del cronograma aprobado por el Comité Ejecutivo en la pasada reunión del 3 de mayo. Entre ellos, el Plan de Obras que le presentaron a la Corte Suprema de Justicia en la audiencia del 9 de mayo. Entendemos que el mencionado plan, fue realizado de forma unilateral y de manera inconsulta por Mendoza”, explicó. “La Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJ) nos notificará de ese plan y nos otorgará un plazo para contestar y dar nuestra opinión, lo vamos a evaluar recién después de que venza el plazo para responderlo", manifestó.
Con respecto a la situación planteada por Mendoza, Araujo sostuvo que "fue una jugada, una puesta en escena del gobernador de Mendoza, de presentárselo a la CSJ para quedar como conciliador”. “El Plan de Obras, además de no haber sido tratado en su totalidad dentro del CIAI, nos encontramos con algunos puntos novedosos de los cuales no teníamos conocimiento, y se nos envió por correo electrónico recién el día viernes", manifestó.

EVALUACIÓN DE OBRA

Péreez Araujo indicó que se generó un avance en las negociaciones sobre la matriz de evaluación de obra. “Fue positivo el tratamiento del tema, con aportes de las tres partes (Nación, La Pampa y Mendoza). Se avanzó en concretar los indicadores de monitoreo de recomposición del ecosistema, teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, para la recomposición del noroeste pampeano”, explicó. “Entendemos que este monitoreo e indicadores, deben aplicarse en toda la cuenca hasta la unión del río Atuel con el Salado. En ese sentido, Mendoza manifiesta que, solo debe monitorearse hasta la localidad de Algarrobo del Águila. En esto tenemos una gran contraposición, para nosotros debe tomarse en su integralidad, como lo indica la sentencia de la Corte. Mendoza, ahora ha corrido lo que ellos consideran el límite, y parece que el río termina en Algarrobo del Águila, y el resto brilla por su ausencia", sostuvo.

PUESTO DE MEDICIÓN

En respuesta a la presentación de Mendoza, sobre el último puesto de medición, Araujo indicó la propuesta de La Pampa. “Se propuso a Nación que se realicen dos estaciones aforo, de medición en tiempo real, como las ya instaladas en el puente Los Vinchuqueros y Carmensa, a lo que Nación respondió que: estas podrían aportar información, y se evaluará la posibilidad instalarlas”, dijo.
“Propusimos instalar una en Algarrobo del Águila y la otra en Paso Maroma. Sobre ellos, Mendoza manifestó su oposición, ya que entienden que no debe medirse en ese área, lo que manifiesta de esta forma, que para Mendoza el ecosistema del noroeste pampeano, finaliza en Álgarrobo del Águila, a lo que nosotros entendemos que debe medirse y monitorearse en toda la cuenca", manifestó.
El procurador General de Rentas Provincial, agregó que Mendoza sigue planteando el trasvase del Río Grande al río Atuel. “Nosotros entendemos que ese tema debe ser tratado dentro del ámbito de COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), ya que forma parte de otra cuenca, del río Colorado", concluyó.

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