La filtración de un oficio judicial de una investigación por drogas en la provincia de La Pampa y en la que están apuntadas 25 personas, entre ellos personalidades ligadas a la compra y venta de vehículos, prestamistas, empresarios de la noche, tres personas de nacionalidad paraguaya, al menos tres policías de alto rango, el diputado provincial Espartaco Marín y personas con antecedentes por tráfico y tenencia de estupefacientes, pone prácticamente en jaque a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal y que fue derivada hacia la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina y la División Lavado de Activos del Narcotráfico.
Lo ocurrido en las últimas horas solo logró abrir un abanico de especulaciones en la política local y provincial por el nombramiento del legislador del PJ; como también a las fuerzas policiales. La difusión de ese documento da la posibilidad también de que la Justicia Federal abra una causa para investigar desde cómo y quién o quienes filtraron el oficio. Algunas irregularidades invitan a sospechar de que se trató de una «jugarreta» política.
Oficio
Lo cierto es que en el documento que trascendió se indica que la causa inició en el año 2016 a raíz de la denuncia de un testigo de identidad reservada, a los fines de investigar la supuesta relación de las 25 personas nombradas con el arribo de drogas a la provincia, la liberación de rutas hacia la capital y el crecimiento patrimonial de personalidades ligadas a los negocios nocturnos. Sin embargo hay quienes aseguran que en realidad la investigación inició a mitad del año 2018.
Fuentes confiables aseguraron ayer a LA ARENA que, pese a que se conocieron las identidades de quienes integran la lista, no hay ninguno imputado y tampoco hubo indagatorias.
El documento filtrado fue entregado en la Municipalidad de Santa Rosa el 21 de mayo pasado, y tiene fecha de emisión al día 16 de abril y estaba dirigido a la Dirección de Habilitaciones correspondiente a la comuna. Se cree que la información se filtró desde uno de los ámbitos municipales. Tenía carácter de «Muy urgente despacho» y la información recabada debía ir dirigida hacia la División Lavado de Activos del Narcotráfico y a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA. Pero no sólo fue ese el lugar donde se envió el oficio. También llegó a oficinas de la administración, como es la Dirección de Catastro.
«No fuimos comunicados»
El jefe de la Policía de La Pampa, Comisario General (R) Roberto Ayala, fue consultado sobre el caso y confió que «oficialmente tengo el conocimiento que hemos tomado a través de los medios de comunicación. Nosotros no hemos sido comunicados, no se nos ha pedido ningún tipo de información».
-¿Eso no es irregular?
-A todas luces. Pero nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de informe, no hemos recibido absolutamente nada. Hoy me consultaba si íbamos a iniciar actuaciones, y no. Lo único que tengo yo son trascendidos periodísticos.
-¿No le llegó la hoja del oficio?
-Nada. Tampoco sé si los comprendidos tienen conocimiento de esta investigación. Si sé que este trascendido no es para nada normal. Que se dé a conocer a la opinión pública los detalles y quiénes son los involucrados en la investigación, la verdad es que me sorprende.
No se hace esa investigación en el ámbito de la policía evidentemente. Corresponde que no me avisen, para preservar los detalles de la investigación y asegurar el resultado corresponde que no me avisen. Me llama la atención.
-¿Corre riesgo la investigación?
-Obviamente. No sé absolutamente nada de lo administrativo tampoco. No tengo nada más que la información que ha salido en los medios. Hasta que no tenga más detalles y me ponga en conocimiento oficialmente de una situación en particular no podemos hacer nada.
-¿Van a hacer algún pedido a la Fiscalía Federal?
-Tenemos que evaluarlo.
