La Justicia rionegrina imputó ayer a un hombre del delito de «tenencia de pornografía infantil». La falta había sido cometida en 2017 cuando el apuntado trabajaba en Casa de Piedra. La acusación la llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, espacio que afirma que el sujeto acumuló 109 fotografías con menores que había bajado de Internet utilizando una computadora de una empresa encargada de operar parte del sistema de funcionamiento de la represa.
Según la página del MPF de la Justicia rionegrina, la encargada de llevar adelante la investigación y acusación fue la fiscal Belén Calarco. La funcionaria formuló los cargos por el delito de «tenencia de pornografía infantil agravada por ser víctimas menores de 13 años, reiterado», que están contemplados en los artículos 128, 45 y 55 del Código Penal.
La investigación judicial reveló que el imputado operaba desde su lugar de trabajo en la represa que maneja el sistema hidroeléctrico de Casa de Piedra. Allí visitaba sitios de Internet vinculados con páginas de pornografía infantil. «Desde todos esos sitios, el sujeto extraía o bajaba imágenes y videos de menores de edad, en actividades sexuales explícitas con adultos y/o desnudos», especifica la acusación fiscal.
La fiscal Calarco afirmó que «el hombre utilizada su computadora laboral usando su cuenta de correo personal. Las obtenía utilizando navegadores de Internet de manera oculta y anónima, los utilizaba exclusivamente él mientras cumplía sus funciones laborales». El material lo había acumulado en la memoria de la CPU, propiedad de la empresa.
Desde el MPF afirmaron que hay pruebas contundentes. Entre ellas, incorporaron el acta de allanamiento y la denuncia que realizó el representante de la empresa donde el sujeto se desempeñaba. Allí también se lo sometió a un sumario interno y se hizo entrega voluntaria del CPU.
Otro punto probatorio de significativa importancia son las pericias de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel), junto al informe técnico, además de la revisión que confeccionó el área de Informática Forense del Poder Judicial.
La información, emanada oficialmente desde el MPF, señala que los hechos que se ventilan «sucedieron entre los meses de mayo y agosto del 2017». También trascendió que la defensa particular del imputado «no planteó objeciones a la acusación y el juez de Garantías Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos».
