Eugenia Valeria Jaimes, una lavacoches de 38 años, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por ser autora de los delitos de amenazas simples en cinco oportunidades, lesiones leves en dos y hurto simple, concursando todos ellos en forma real.
La sentencia fue dictada por el juez de control de Santa Rosa, Carlos Ordas, a partir de un acuerdo de juicio abreviado convenido entre la fiscala María Cecilia Martini, el defensor oficial Juan José Hermúa y la propia imputada. Cinco de las personas damnificadas también brindaron su consentimiento, mientras que la restante no pudo ser localizada. Además a Jaimes se le impusieron las siguientes reglas de conducta durante dos años: fijar residencia, abstenerse de relacionarse de modo alguno con las víctimas y no usar estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas.
El primero de los hechos ocurrió el 26 de diciembre de 2017 en un local comercial de la calle Estrada, en Santa Rosa, cuando la acusada ingresó con otra mujer no identificada y le pidió al propietario que le regalara dos cervezas. Ante la negativa de este, la mujer «se exaltó y comenzó a decirle que iba a volver con el marido y que le rompería todo el negocio, no siendo la primera vez que tenía inconvenientes de ese tipo».
Pocas horas más tarde, a la una de la madrugada del día siguiente, un taxista de la terminal del ómnibus mantuvo un altercado con la pareja de Jaimes y ella intervino «propinándole dos golpes de puño en el rostro» al chofer y causándole lesiones de carácter leve.
El tercer ilícito lo cometió el 20 de enero de 2018 cuando, estando una mujer realizando malabares en avenida Luro y Pueyrredón, la insultó y le dio un puñetazo en la cara.
Al mes siguiente, el 13 de febrero a la noche, Jaimes fue hasta la casa de una vecina «a los gritos» y la mujer, al pedirle que dejara de hacerlo, fue tomada del cabello y la imputada comenzó a expresarle «te voy a cagar a cuchilladas, te voy a matar, te voy a prender fuego la casa». Además al hijo de la víctima le manifestó: «a vos te voy a hacer dar con mi hijo». A su vez a una expareja de la damnificada, que estaba en el lugar, lo amenazó diciéndole que iba a prenderle fuego la casa, con los hijos adentro, y que lo iba a matar.
El quinto delito ocurrió el 30 de octubre y consistió en «apoderarse ilegítimamente de energía eléctrica, mediante una conexión clandestina, realizada directamente desde la línea de alta tensión hasta su vivienda». Dicha situación fue corroborada por personal de la Cooperativa Popular de Electricidad, que estimó el valor del perjuicio en 892 pesos, más el recupero de energía en 15.843 pesos.
El 16 de diciembre Jaimes entró en un comercio de la calle Córdoba y le dijo a quien la atención: «A vos te voy a prender fuego el negocio». El último hecho se produjo el 25 de enero de este año. La acusada tomó de los pelos a una vecina, la tiró al piso y le dijo: «te voy a cagar matando hija de p…, vas a ver cuándo salga».
Jaimes, por un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, había conseguido que el juez de control, Nicolás Casagrande Lorences, le otorgara el 17 de mayo del año pasado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, o probation, por un año en orden a los primeros cuatro hechos. Ella ofreció 500 pesos como reparación del daño y se comprometió a no cometer nuevos delitos, presentarse una vez al mes en el Ministerio Público Fiscla y abstenerse de abusar de las bebidas alcohólicas.
El 26 de junio pasado, Ordas revocó ese beneficio y ordenó su captura, ya que anteriormente había sido que ser llevada por la fuerza pública a una audiencia de formalización debido a las ausencias «reiteradas e injustificadas». A las tres semanas fue aprehendida.
