La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el ex ministro de Energía Juan José Aranguren fueron procesados por encubrimiento y negociaciones incompatibles con la función, respectivamente, en la causa que investiga un posible beneficio con las operaciones de compra de gas a Chile por parte de Shell, de la que el ex funcionario fue CEO.
Por esa causa en que habría habido un conflicto de intereses entre la petrolera y Aranguren, sin que Alonso diera cuenta de ello ni investigara al respecto, ambos funcionarios habían prestado declaración ante el juez federal Luis Rodríguez. En un fallo de 300 páginas, el magistrado ratificó el planteo de que el delito de presuntas negociaciones incompatibles le corresponde a Aranguren, mientras que el de encubrimiento recayó sobre Alonso, a quien además se le sumó la figura de abuso de autoridad.
La denuncia fue hecha por los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, basada en documentación que demostraría cómo el ex ministro de Enegría se habría beneficiado con la importación de gas chileno por ser accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC.
Ambos denunciantes habían iniciado la causa en 2016, cuando acusaron que el entonces ministro cumplía un “doble rol, como funcionario público y accionista” de la petrolera beneficiada con importaciones que tuvieron el visto bueno del gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, lo que también se investiga es la compra de gas a Chile en forma directa y con tarifas más caras de las que se le pagaban a Bolivia. Según la denuncia, esto supondría una «situación de privilegio a la empresa Shell”.
Lo que dijeron Aranguren y Alonso en la Justicia
Cuando la semana pasada Alonso se presentó en tribunales de Retiro, pidió su sobreseimiento en la causa y negó haber cometido alguna irregularidad en su función. «Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la Oficina Anticorrupción. Cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo”, dijo.
Lo que debió demostrar la actual funcionaria es si él benefició directamente a Shell con sus decisiones desde la función pública. Sin embargo, en una declaración de 15 páginas, Alonso defendió al ex funcionario, al asegurar que él no cometió ningún delito.
Por su parte, cuando Aranguren fue a declarar dijo que “el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
