El papa Francisco eliminó el secreto pontificio para los casos de pornografía infantil y de abuso sexual en el seno de la Iglesia, en busca de ofrecer una «plena colaboración» con las autoridades civiles.
Mediante una disposición firmada por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se anuló el secreto pontificio para los casos que involucren «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio».
La eliminación del secreto, que permitirá acelerar las causas canónicas de pederastía, regirá para los delitos contemplados en el artículo 1 del decreto pontificio «Vos Estis Lux Mundi» de mayo pasado.
Así, son alcanzados por la disposición de este martes los «delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo» que consistan en «obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas».
También quedan excluidas del secreto las «conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso» en los delitos de pederastía.
Francisco dispuso además que a partir de ahora «el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles». De esta manera, los magistrados civiles de los países que investiguen este tipo de delitos podrán tener acceso a las actas de los procesos canónicos.
Con la nueva disposición, siempre que una ley estatal prevea la obligación de denunciar de parte de quien sepa sobre este tipo de hechos, «se favorecerá la plena colaboración con las autoridades civiles evitando incursiones ilegítimas en la esfera canónica», planteó el presidente del Tribunal de Justicia Vaticano, Giuseppe Dalla Torre.
Según el escrito divulgado hoy por el Vaticano, con la nueva disposición, «no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos».