El presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, y designó en el cargo e inmediatamente puso en funciones a la fiscal nacional Cristina Camaño.
Camaño se reunió ayer en Casa Rosada con Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Este funcionario explicó que la misión inicial de la intervención será hacer un diagnóstico del estado del organismo. “Se va a llamar a todo el personal para conocer las tareas que están cumpliendo. Si no cumplen una función que la intervención considere adecuadas, se va a redefinir una nueva tarea. Y si había gastos reservados que no son consecuentes con esa línea irán, como anunció el presidente, al plan de lucha contra el hambre”, explicó.
Cafiero recordó que tras la creación de la AFI en 2015 “los gastos reservados tuvieron un control administrativo y se formó la Escuela de Inteligencia” pero lamentó que “hoy todo eso no se sabe”. “Cuáles son los planes de estudio, cuánta gente está estudiando, qué formación tienen los agentes, todo eso no se sabe”, enfatizó. Sobre la relación espuria entre organismos de inteligencia y justicia federal, de vieja data pero profundizada al máximo durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló que «“el caso (del falso abogado Marcelo) D’Alessio es bastante elocuente de cómo los servicios de inteligencia operaron todo este tiempo en el país para el armado de causas y persecución. Evidentemente había una relación que nosotros queremos estudiar, sin prejuicios pero a fondo, porque entendemos es nuestro deber”.
Cafiero dijo que se desconoce también cuántos agentes conforman actualmente la AFI, cuál es su presupuesto y su situación administrativa. “Lo primero que va a hacer la intervención es normalizar. Por eso se da un plazo de 180 días, para después definir cuál es el plan estratégico de inteligencia”, afirmó, y aseguró que será la propia Caamaño quien elegirá a sus colaboradores. “Lo primero es tomar control sobre el área y hacer una planificación de tareas que tengan que ver con un régimen democrático”, consideró el jefe de gabinete.
Caamaño era hasta ahora fiscal criminal y correccional, presidenta de Justicia Legítima y ex integrante del ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré. En 2015, cuando se creó la AFI y se traspasó la oficina de escuchas a la Procuración General, Caamaño estvo a cargo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom). Durante su gestión, no se conoció ni una sola filtración.
La flamante interventora de la ex SIDE se recibió de abogada y procuradora en la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado de derecho penal en la Universidad de Salamanca e inició su carrera judicial en 1993 como secretaria de una fiscalía criminal.
