Tras las masivas protestas en contra de la reforma que habilitó el uso de sustancias tóxicas, el gobernador radical informó que los cambios por ahora no entrarán en vigencia. “Aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo», dijo. Igualmente Suárez defendió su proyecto y sostuvo que “es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación».
El rechazo popular en las calles contra los cambios a ley 7.722 tuvo sus frutos. Finalmente, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera.
Suárez alegó que su decisión intenta llevar «paz social» ante supuestos «hechos de violencia en la provincia».
Ayer la Corenave, que nuclea a reinas de la Vendimia, amenazó con suspender todos los festejos si no se cambiaba la ley. En tanto que los ambientalistas convocaron en los últimos días masivas movilizaciones para repudiar el proyecto. Para el gobernador, esas marchas pacíficas son convocadas por «sectores muy violentos».
Suárez dijo que «no se está entendiendo» a lo que apunta la iniciativa y que se está intentando «asustar» a la población. «No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente», subrayó en una conferencia de prensa.
«La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin consenso social», agregó.
Sin embargo, al mismo tiempo respaldó el accionar violento de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas y negó cualquier tipo de represión. «Este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al miedo no nos está haciendo bien. No queremos que los violentos gane este debate», apuntó nuevamente contra los ambientalistas.
Al mismo tiempo, defendió nuevamente la legalidad de la iniciativa, a pesar del descontento popular. Resaltó que la propuesta «se planteó en campaña y se votó en una Legislatura por amplia mayoría». Pero por primera vez dio el brazo a torcer y reconoció que «aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo. «Sepa el pueblo mendocino que no voy a hacer nada contra el pueblo», se defendió por último.
