Según trascendió por documentación oficial de la Cancillería, el peligro de no votar lo correría el Gobierno este mismo año. Una nota del subsecretario general y encargado del contralor presupuestario de la Organización de las Naciones Unidas exigió un pago mínimo de 17 millones de dólares como parte de los 106 millones de dólares adeudados con la ONU. El 4 de octubre de 2019 el subsecretario Chandramouli Ramanathan recordó en una carta a la Cancillería argentina que para votar en la Asamblea General de 2020 el país debía efectuar el pago mínimo. Hasta invocaba el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas: “El miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.
Los compromisos internacionales impagos alcanzaron los 151 millones de dólares. La administración de Macri le dio importancia a la ONU solo en su primer año, cuando soñó con que su primera canciller, Susana Malcorra, se convirtiera en secretaria general del organismo. El macrismo pensaba que alcanzaría con los contactos personales de Malcorra en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la ONU, donde había revistado como funcionaria después de ser directiva de IBM y Telecom, para ganarle ese puesto a un puñado de candidatos. Macri y Malcorra perdieron a manos del ex primer ministro portugués Antonio Guterres, un peso pesado de la política internacional. A partir de 2017, ya sin la esperanza del triunfo, aumentaron las deudas.
Página/12 pudo establecer por funcionarios de la Casa Rosada y de la Cancillería que las deudas obligaron a decisiones presupuestarias de último momento en el último día hábil de 2019, el 30 de diciembre.
El Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá, con la colaboración de Martín Yáñez como secretario a cargo de las cuestiones técnicas y administrativas, obtuvo 40 millones de dólares para gastos y deudas. Hacia adelante dispondrá de un millón y medio de dólares para alquileres en el exterior. En términos de deuda saldará parte de las acreencias externas de los últimos tres años. De los 40 millones destinará 38 millones y medio de dólares para achicar las deudas con los organismos internacionales y hará frente a la parte que le corresponde a la Argentina en el dragado del Río Uruguay y del Río de la Plata. Otra parte le corresponde a Uruguay. El dragado permanente fue parte del acuerdo al que llegaron en 2010 Cristina Fernández de Kirchner y José Pepe Mujica. Así sellaron el entierro del litigio por las papeleras que había comenzado en 2006.
Mientras el discurso oficial reivindicaba el multilateralismo, la práctica de Macri y el sucesor de Malcorra, Jorge Faurie, fue quitándoles atención no solo a la ONU sino a los organismos regionales.
Ya en 2017 la mayor deuda individual era la que derivaba de no pagar la cuota en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). Desde el principio Macri concibió a Unasur como un escenario chavista del que la Argentina debía escapar cuando, en rigor, había sido uno de los organismos regionales que desde 2010 sirvió para la convivencia y la negociación entre gobiernos de distintas ideologías. Llegaron a estar juntos CFK, los colombianos Alvaro Uribe y luego Juan Manuel Santos, los brasileños Lula y Dilma Rousseff y los chilenos Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. En el mismo 2010 el primer secretario ejecutivo de Unasur, Néstor Kirchner, medió entre Colombia y Venezuela y consiguió una paz que parecía utópica. La Unasur también fue importante en la solución de amenazas contra la democracia y la integridad territorial en Ecuador y Bolivia.
Otros organismos abandonados progresivamente por el presupuesto fueron el Parlasur (una réplica de la decisión macrista de no convocar a elecciones específicas en el 2019), el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Política Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración.
Como si fuera poco con la deuda externa, el artefacto explosivo que dejó el macrismo en política exterior se completó año tras año con agujeros en los pagos a organismos internacionales relacionados con el trabajo, los derechos humanos, la agricultura, la educación y la salud.
Las cifras de acreedores de 2018 sirven como radiografía de las prioridades externas o de su falta. La Argentina terminó con deudas con los siguientes organismos:
* Organización Mundial de la Salud
* Organización Panamericana de la Salud
* Organización Internacional del Trabajo
* Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
* Unesco
* Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
* Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
* Corte Penal Internacional
*Aladi
Cada aporte, o cada deuda, podrían tener su razón de modo intencional o de hecho.
La Corte Penal Internacional es una creación colectiva para perseguir los crímenes de lesa humanidad cometidos por gobernantes.
La FAO hasta 2019 estuvo bajo la conducción del brasileño José Graziano da Silva, el diseñador del Plan Hambre Cero de Lula, que llegó a la conducción del máximo ente de agricultura y lucha contra el hambre impulsado por el gobierno de CFK. Uno de los negociadores fue el entonces funcionario de Agricultura y hoy vicecanciller económico Jorge Neme. La Aladi, con sede en Montevideo, no solo es uno de los organismos históricos para la integración comercial. Representa un esfuerzo de discusión arancelaria permanente y es un escenario de encuentro de representantes latinoamericanos incluso más allá de las funciones específicas.
Al margen de las mejores o peores relaciones de cada nación con los Estados Unidos, las construcciones regionales suelen permitir la edificación de polos de poder para países que, si no, deben resignarse a la debilidad del uno a uno con Washington, con el FMI o con bonistas que pueden exceder un PBI.
