La Coparticipación es un tema espinoso en la política. En La Pampa, entre los interesados, hay quienes se quejan de la ley, están quienes quieren debatirla o los que pretenden modificarla, pero llegado el momento todo queda en la nada. Es que no hay mucha magia: es siempre la misma torta que se debe repartir en 80 pedazos, y todos temen quedar entre los perdedores.
El tema más conflictivo
El tema volvió a ponerse en discusión luego que el gobernador Sergio Ziliotto anunciara que presentará un proyecto de ley para modificar la normativa actual, la Ley 1065 de Régimen de Coparticipación. No se sabe mucho sobre qué es lo que se propondrá (la iniciativa ingresará en los próximos días a la Legislatura), pero algunos intuyen hacia dónde apunta. Tampoco se sabe los motivos de la premura con la que el mandatario provincial presentó el tema en extraordinarias, si bien una ley de semejante trascendencia para los municipios tomará meses de debate. El autor consultó con algunos jefes comunales, que tenían más dudas que certezas en torno al anuncio, sobre todo qué se quiere modificar (si bien lo sospechan) y el por qué del apuro en considerar el tema.
Cada modificación del reparto coparticipable es esencialmente una disputa política. La torta crece nominalmente, pero siempre es la misma para todos. Por eso es un juego de suma cero: lo que gana uno, lo pierden otros. Además se tienen que considerar criterios que se usan para distribuir la masa de fondos coparticipables para intentar moderar las distorsiones entre localidades grandes y chicas, o con más o menos recursos.
De esta manera, se estableció, y este es uno de los puntos conflictivos, que un porcentaje se distribuye en base a los recursos propios (tributarios y no tributarios) percibidos por cada localidad con respecto al total de ellas. O sea, todos los recursos propios que le ingresan. Las quejas van en el sentido de que algunos «chicos» incorporaron como recursos propios conceptos no tributarios de difícil control y cuantificación. Por ejemplo, y es el ejemplo que siempre se da, la facturación de las estaciones de servicios administradas por los municipios. Este es el punto álgido entre grandes y chicos.
Números que se inflan
Este punto ha distorsionado, en la visión de los que pierden con este criterio (las grandes), la distribución. «En 2017 la inflación fue del 25%, el promedio del aumento de los recursos propios de los municipios llegó al 50 %, pero había localidades chicas que habían aumentado hasta más del 70% sus recursos sumando todos los no tributarios. Con esto inflaban el índice de lo que les tocaba», indica una fuente de gobierno que participó del debate y las consultas que se realizaron por toda la provincia en 2018.
En ese sentido, es que desde el Ministerio de Hacienda se trata de morigerar estas distorsiones. Sobre todo frente a las municipalidades grandes que «pierden» frente a las chicas. Y entre las que están Santa Rosa y General Pico, que además son deficitarias y necesitan constantemente recursos. Una de las quejas, es que las grandes tienen mayores controles a la hora de blanquear los recursos propios, por lo que corren en desventajas con las chicas que, según su visión, los «inflan».
Por supuesto, desde la mirada de las chicas, el papel que ha jugado este criterio en la distribución de los fondos permitió que pudieran contar con recursos que sólo pueden tener las localidades grandes y que los necesitan para sostener sus pueblos, y que el Estado provincial jugó un rol protectivo hacia esos municipios dotando de cierta equidad al reparto frente al centralismo de Santa Rosa y General Pico.
La ley que no fue
En 2018 el gobernador Carlos Verna presentó un proyecto de ley, impulsado por el ministro de Hacienda Ernesto Franco, que había sido «consensuado» con las y los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento. Eran modificaciones a la ley que tenía entre sus puntos centrales una clasificación, o clarificación, sobre los recursos tributarios y una fórmula para moderar o amortiguar las variaciones, ya fueran de más o de menos, en los índices dándole una progresividad.
La iniciativa ingresó cuando se venían los tiempos electorales de 2019, que se adelantaron a febrero. Discutirla hubiera llevado un debate que habría dejado intendentes heridos. Y después ya no se pudo retomar el tema porque había jefes comunales que estaban dejando el cargo y otros que esperaron meses para asumir. La ley del Ejecutivo quedó varada, como pocas, en la comisión respectiva. Entre medio, hubo intendentes que mostraron su disconformidad, en charlas «por debajo de mesa» con los diputados que debían tratarla, con la letra de la iniciativa.
Ahora hay una nueva posibilidad de rediscutir los términos. Ya hay quienes empezaron a advertir sobre los cambios, como el intendente de Algarrobo del Aguila, uno de los «beneficiados» por las estaciones de servicio.
Más allá de que esté el mismo ministro en funciones que en 2018 y de su óptica sobre la distribución de la masa coparticipable, hoy hay otro gobernador y otra composición en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista el vernismo tiene ex intendentes, al ex secretario de Asuntos Municipales y legisladores que responden a jefes comunales.
No va a ser fácil el proceso de modificar esta ley. Sobre todo cuando el gobernador Ziliotto dijo que hay que consensuar los cambios. Principalmente porque se tienen que poner de acuerdo 80 intendentes e intendentas, y cada uno tiene sus intereses. Y ninguno se quiere quedar con menos plata de la que pretende.
(*) Por Norberto G. Asquini (periodista e investigador)