Cristina Kirchner intervino por seis meses la obra social de los empleados del Congreso y creó una comisión fiscalizadora que investigará el convenio firmado con Omint, la prepaga que está a cargo de brindar servicios de salud.
La presidirá Beatriz Korenfeld, quien fuera gerenta de la superintendencia de servicios de Salud durante el último mandato presidencial de la ahora vicepresidenta. Era quien pisaba los fondos a los sindicatos durante aquellos conflictos con Hugo Moyano.
En este caso su rol será auditar las cuentas de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación (D.A.S), cuya presidencia rotativa corresponde este año al Senado. Cristina no quiere quedar pegada a ninguna decisión de su antecesora Gabriela Michetti y encomendó a Korenfeld comprobar si Omint presta servicio normal y tiene sus cuentas al día. Si no es así, elaborará un informe que podría complicar a Helio Rebot, el ex secretario administrativo del Senado.
Rebot era la mano derecha de Michetti y quien gestionó el contrato que, según los fundamentos del decreto de Cristina, los empleados aseguran que no sirvió de mucho porque la atención médica empeoró. De hecho, se canceló el servicio de la Fundación Favaloro por una abultada deuda que exige cobrar y con esta intervención buscarán retomarlo.
En su informe de gestión de 2018, Michetti mencionó que Omint cotizó sus servicios $ 67.7 millones mensuales por prestaciones que antes se pagaban $ 89 millones. «Si se tiene en cuenta que la contratación se concretó por un término de 36 meses, que representa una erogación de $ 2.437 millones, se proyecta un ahorro de $ 766,8 millonesdurante este plazo de tiempo».
«A las ventajas económicas se suma que la propuesta contempla mejoras sustanciales en cuanto a la red de prestadores, ya que se incorporarán sanatorios de prestigio, y un moderno sistema de acceso que facilitará al beneficiario el uso de las prestaciones. El nuevo servicio se iniciará a principios de 2019», celebró la ex vicepresidenta.
La comisión fiscalizadora podrá exigir información a la empresa contratada y realizará informes periódicos sobre su funcionamiento, al menos durante seis meses. Si lo considera necesario, Cristina podrá renovar la intervención por el mismo lapso.
Empleados consultados por LPO confirmaron las falencias de la D.A.S. incluso antes de tercerizar su servicio y recordaron que buena parte del personal jerárquico realiza los aportes pero tiene su prepaga por el precario servicio que ofrece, por lo tanto su dinero engrosa las cuentas de Omint.
«Inclusive, la D.A.S recauda de los jubilados, que no siempre la usan porque tienen PAMI. Es una caja importante y las prestaciones siempre fueron malas», explicó un experimentado agente a LPO.
La encargada de seguir de cerca la fiscalización será María Luz Alonso, secretaria administrativa y a cargo de una auditoría integral por orden de Cristina, que hasta le cedió la firma para tomar decisiones en su ausencia.
