En General Pico hoy se formalizó la investigación fiscal preparatoria a Cristian Javier Hecker en una causa por estafas reiteradas. Los damnificados suman 15 personas de Quemú Quemú por un total aproximado de 7.500.000 pesos y 225.000 dólares.
En la audiencia, realizada mediante llamada grupal vía Zoom, participaron la jueza de control María Jimena Cardoso (fotografía), el fiscal general Armando Agüero, el defensor particular Santiago Darío Vázquez, el imputado y personal de Oficina Judicial.
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Allí se formalizó a Hecker porque presuntamente realizó maniobras idóneas para el desapoderamiento, a personas domiciliadas en Quemú Quemú, a través de contratos de plazos fijos denominados «contrato de préstamo de consumo – mutuo», que fueron celebrados entre el imputado –en su calidad de socio titular de la sociedad anónima HC Finance SA, de nombre comercial Préstamo Efectivo– y los 15 clientes damnificados, que también son denunciantes en la causa. Los hechos habrían ocurrido entre enero y abril de este año.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público Fiscal, las víctimas habrían confiado en la solvencia y promesa de Hecker y por ello entregaron su dinero para depósitos en plazo fijo, suscribiendo en cada caso el contrato correspondiente. A cambio, Hecker les habría entregado, en algunos casos, cheques en garantía de una cuenta del Banco Nación, con titularidad suya y de su madre. En otras oportunidades habría dado pagarés, firmados por su madre.
Pero cuando los clientes quisieron retirar la plata, más los interés, cuando se vencieron sus plazos fijos, Hecker no les devolvió el dinero alegando que tuvo problemas financieros, sostuvo la fiscalía. El fiscal estimó que total de la suma ascendería a los 30 millones de pesos y que podría haber más denuncias además de las que dieron inicio a la investigación que se formalizó en el día de la fecha.
Agüero solicitó la prisión preventiva del imputado por 180 días, por considerar que existía peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. No obstante la jueza Cardoso, ordenó el arresto domiciliario por 30 días (hasta el 20 de mayo), por los mismos fundamentos que esgrimió Agüero, pero consideró que la medida solicitada por el fiscal podría morigerarse mediante la aplicación de una medida coercitiva menos gravosa como lo es el arresto domiciliario. Además ordenó a la policía realizar controles periódicos y sorpresivos al domicilio de Hecker.
