La Cámara de Diputados aprobó –por unanimidad- el paquete de medidas que -esta misma semana- le giró el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), para contanar con las leyes necesarias para enfrentar las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia del Covid 19.
En el tratamiento de los temas que se habían acordado, poco antes en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el primero en abordarse fue la ratificación del «Acuerdo compromiso entre ANSES y la Provincia de La Pampa”, que permitirá –con la modificación presupuestaria correspondiente– establecer el financiamiento del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) para generar “las partidas para la distribución legal a los municipios y comisiones de fomento, y para la Dirección Provincial de Vialidad».
Hubo un pedido del diputado Eduardo Pepa (Propuesta Federal) para que el actual titular del IPAV concurra a la Legislatura, ante lo cual Alicia Mayoral se comprometió a cursar la invitación para próximas reuniones.
Todos los temas fueron aprobados por unanimidad en general –y hubo un solo cuestionamiento en un artículo de los proyectos–, y también hubo acuerdo total para la iniciativa que proponía aumentar la alícuota que debe tributar el sector financiero «por el lapso que dure la emergencia». La banca privada en nuestra provincia pasará de tributar una tasa del 9% al 14%.
“LA BANCA PRIVADA NO APARECE”
El presidente del bloque del Frejupa, Julio González, indicó que en el actual contexto «la banca privada no aparece, no colabora», como sí lo está haciendo el Banco de La Pampa, y agregó que la modificación significa un «impuesto de emergencia» que permitirá recaudar 67,5 millones de pesos.
Francisco Torroba (UCR) hizo mención al papel de la banca en estas circunstancias, y reclamó que el Banco Central debe ser el que garantice los créditos a tasa 0; a la vez que juzgó que la entidad «viene atrasada» con las medidas que debe adoptar. Admitió que hasta ahora el sector financiero «la juntó con la pala». “En la anterior gestión, en la anterior y en la anterior…», ironizó. Y advirtió que en estas condiciones «ya llegará el momento de poner sobre el tapete» el papel del sector financiero.
Martín Ardohain (Propuesta Federal) coincidió con el diputado preopinante y resaltó las medidas del gobernador Sergio Ziliotto, a la vez que se sumó al reclamo al BCRA. Y resaltó que La Pampa era «un ejemplo en el país», con los tres poderes del estado funcionando y se manifestó a favor de «sesiones presenciales».
Por su parte, Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) abogó por «herramientas para mejorar la intervención del Estado», y sostuvo que su bancada acordaba con las medidas del Gobierno provincial aunque se reservaba la posibilidad de realizar «observaciones» cuando lo considerara necesario. Dijo que su partido colabora a través de relevamientos «sobre las necesidades y propuestas» para cuando venga el período de la cuarentena administrada.
Otro proyecto convalidó a once nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena que fueron establecidas a través del DNU n° 355/20. En todos los casos la recomendación es «que se cumpla con el protocolo de funcionamiento correspondiente, cumplimentando las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad nacionales y locales».
El último proyecto de ley tratado, estuvo vinculado a la autorización a la Dirección General de Rentas para que proporcione al Banco de La Pampa la información de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Resulta necesario para que puedan acceder a la línea crediticia que permita auxiliar a sectores vinculados a actividades que estén sufriendo los efectos del actual contexto.
El BLP había adoptado medidas para empresas que tuvieran al menos un empleado; pero ante la evidencia que quedaban fuera personas que no tienen empleados, e igualmente están con sus actividades paralizadas, decidió ampliar la medida. Así podrán acceder contribuyentes cuya facturación al mes de diciembre de 2019 no superen un ingreso de 50 mil pesos para las actividades de locación o prestadores de servicios; o de 140 mil pesos para las actividades de venta de bienes.
Para que esa operatoria sea más ágil, la DGR proporcionará al Banco datos de la declaración jurada de contribuyentes de Ingresos Brutos.
