Le robaron y lo apuñalaron en General Pico: El agresor permanecerá con arresto domiciliario

Fotografía: archivo

Hoy se realizó la audiencia de formalización de la investigación fiscal preparatoria a uno de los detenidos por haber participado presuntamente –el sábado pasado- en los hechos donde un joven terminó apuñalado en el barrio Ranqueles, de General Pico.



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A esta persona se la formalizó por los delitos de «robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y en banda» y «amenazas con arma». En la audiencia, realizada mediante llamada grupal vía zoom, participaron la jueza de control María Jimena Cardoso, los fiscales María Verónica y Juan Ignacio Pellegrino, el defensor oficial Alejandro Caram y el imputado, desde su lugar de detención.

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El fiscal lo acusó de haber estado el sábado 25, en una esquina del Barrio Ranqueles de General Pico, junto a otros tres ciudadanos, donde habría sustraído un teléfono celular propiedad del damnificado, cuando a este se le cayó del bolsillo.

El dueño del celular habría discutido con las cuatro personas para que le devuelvan su celular y fue golpeado por todos ellos. En ese contexto habría recibido un puntazo a la altura del tórax parte izquierda- cuyo autor todavía está por determinarse-, logrando salir corriendo hacia su casa.

Como consecuencia de las agresiones sufridas la víctima presentó heridas cortantes en brazo derecho y en hemitórax izquierdo, ello según informe del médico forense.

Luego de ello, esta persona habría vuelto a presentarse a bordo de una camioneta, junto a otras personas, en el domicilio del damnificado, a quien, no solo habría increpado y amenazado, sino además también habría intimidado a su grupo familiar, presuntamente con un cuchillo que empuñaba y blandía el imputado, solicitándole la entrega de un teléfono celular, para luego retirarse del lugar a bordo de la camioneta en la que se conducían. Todo lo expuesto habría generado gran temor en todo el grupo familiar de la víctima.

La fiscalía solicitó el arresto domiciliario hasta la finalización del proceso, habiendo la jueza de control dispuesto la medida solicitada por el plazo de 30 días. Así mismo dispuso la prohibición total y absoluta de comunicación y contacto del imputado con el damnificado y su familia.

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