Las grandes empresas deberán restringir sus movimientos financieros al menos por los próximos dos años y quedar sujetas a un cruce de datos entre organismos oficiales si aspiran a recibir la ayuda estatal para el pago de salarios a sus trabajadores.
La medida del Gobierno quedará plasmada en una resolución de inminente publicación que les pondrá más requisitos a las compañías de más de 800 empleados para acceder al subsidio Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que contempla el pago de la mitad de los sueldos netos a favor de los sectores económicos golpeados por la cuarentena.
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De acuerdo a la nueva decisión administrativa que se dará a conocer en las próximas horas a través del Boletín Oficial, las empresas de mayor volumen de personal, una vez presentados los documentos con pruebas de una crisis en su facturación e ingresadas al programa ATP, tendrán vedados una serie de actividades societarias y financieras por los próximos 24 meses cuando hasta ahora las restricciones corrían sólo por el plazo de un año.
Durante ese período no podrán “distribuir utilidades”, “recomprar sus acciones directa o indirectamente”, “adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior” ni “realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentren en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”. Se trata de un corset que apunta a evitar el desvío de los subsidios y posibles maniobras especulativas con esos recursos estatales.
Además las compañías beneficiarias de la asignación complementaria formarán parte de una nómina elaborada por la AFIP y que compartirá con el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para velar por el cumplimiento de las cuatro restricciones. El movimiento de utilidades y de acciones quedará bajo la observación de la CNV y la adquisición de títulos o los pagos a terceros serán materia de la autoridad monetaria. La nueva medida extiende los plazos de actividades como el pago de patentes, regalías o intereses cuando las empresas operen desde paraísos fiscales.
El ATP se puso en marcha y sus alcances se ampliaron hasta llegar, en la actualidad, a un universo de 2,5 millones de trabajadores, a través de varios decretos: el 332 lo creó como mecanismo paralelo a los Repro para apuntalar los sueldos de empresas en crisis, y el 376 lo rediseñó para darle intervención directa a la Anses como depositaria del proporcional de los montos directamente en las cuentas de los trabajadores de esas compañías. Y subió los valores para completar la mitad de los ingresos netos con un tope de 33.750 pesos, igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El 7 de mayo pasado, este diario anticipó en exclusiva una nueva ampliación del programa para permitirles el acceso a las grandes empresas, empleadoras de más de 800 personas, y flexibilizar el requisito de pérdida de facturación. Hasta entonces el empleador debía demostrar una caída en la facturación de marzo y abril de este año contra el mismo bimestre de 2019. Con los cambios, pudieron acceder al ATP compañías que hubiesen tenido aumento en la facturación de hasta 5% nominal en el mismo período. Es decir que, contemplada la inflación, antes se exigía demostrar una caída real de la facturación del orden del 30% y de ahora en más bastará con una pérdida cercana al 20 por ciento.
El arribo de las grandes compañías puso a la luz casos paradigmáticos como los del grupo Techint, el gigante siderúrgico de Paolo Rocca, que reveló El Destape, o la marca de indumentaria para chicos Cheeky, de la familia Awada. Desde el Gobierno advirtieron que hasta 80% de los trabajadores del sector privado podrían estar alcanzados en algún momento por el pago del ATP.
