La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, aseguró que «se esta investigando» a una médica que le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 12 años que fue abusada y sigue en riesgo.
«La niña está siendo atendida como se requiere por la situación de vulnerabilidad por la consejería del Centro Integral de Salud Banda, desde el momento en que tomamos conocimiento del caso», aseguró Nassif a Télam.
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De acuerdo a las fuentes consultadas por esta agencia, la nena llegó con su madre el último 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) número 3 del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda, pero la derivaron con un turno para el día 6 a otro centro con la excusa de que allí no había ecógrafo.
«Ese día confirmaron un embarazo de aproximadamente 20 semanas, entonces la niña, con su madre, regresaron a la UPA del barrio Villa Griselda, pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley», contó a Télam Marianella, militante social feminista que sigue el caso.
Ante esta situación, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA número 3, envió un informe al Ministerio de Salud recién el 28 de abril informando que el embarazo era de 26 semanas.
«La niña tenía 20 semanas de embarazo y le dicen 26. No se da aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que intervenir, porque hay una niña abusada. Y tampoco se hace la denuncia en la comisaría del Menor y la Mujer», explicó a un medio televisivo Marisa Graham, defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.
La defensora dijo que «conocía el caso desde sus inicios» y que está en contacto con autoridades de niñez de Santiago del Estero «para que se haga el control pertinente para la investigación del delito».
«Hay un cúmulo de incumplimientos. Más allá de la ILE, del derecho de la niña a ser informada, y el derecho de la madre», remarcó.
Al ser consultada por Télam sobre la responsabilidad de la médica, Nassif aseguró: «Estamos investigando y si se advierte algún grado de responsabilidad vamos a actuar en consecuencia».
«No podemos obligar a las personas a llevar a cabo una acción. La mamá ya había firmado un consentimiento y a partir de esto se desplegó un dispositivo de abordaje integral para cuidar la integridad de la niña», añadió la ministra.
Graham, en tanto, insistió en que «hay una nena que ha sido víctima de un delito, mas allá de si hubo una intencionalidad o no para desalentar la interrupción legal del embarazo. También resulta llamativo que la UPA informe ya muy pasado en el tiempo a las autoridades».
La niña «ya pasó por el sistema de protección de la provincia, fue atendida por el Estado. Ella y su familia, y fue abusada otra vez», añadió la defensora.
Esta situación se da en Santiago del Estero, una de las provincias -junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan- que no tiene protocolo para acceder al derecho al aborto no punible.
«La provincia no adhirió al protocolo actualizado de la ILE pero se aplica el artículo 86 del Código Penal en sus tres incisos», justificó la ministra de Salud.
En tanto, organizaciones sociales de la provincia manifestaron «gran preocupación por las posiciones públicas de la médica Pereyra en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente».
Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.
Mientras, la niña y sus hermanos «siguen en riesgo», alertó Graham y pidió que «el sistema de protección implemente lo que llamamos prestaciones positivas, para ayudarla a ella y a su familia».
Por su parte, la Asesora General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Yael Bendel, expresó que «el caso es paradigmático de la vulneración de derechos de niñas en nuestro país. Ante una vida de abusos y violencias, el Estado calla y habilita».
«Frente al deber de actuar, el Estado no pone en conocimiento de la niña sus derechos. Cuando se trata de acceder al sistema de salud para ejercer sus derechos, en este caso la interrupción legal del embarazo, el Estado omite, y sus representantes realizan obstructivas maniobras dilatorias que, en rigor, son delictivas”, sostuvo.
«No podemos seguir tolerando que se vulneren derechos constitucionales de niñas y adolescentes”, concluyó Bendel.
