El gobernador Sergio Ziliotto propuso a los intendentes e intendentas de todas las localidades comenzar a trabajar juntos la implementación del operativo de apertura y control de restaurantes, bares, confiterías y gimnasios en La Pampa. Lo hacen a través de una videoconferencia en la que se analiza la necesidad de aplicar controles eficientes para evitar el aglomeramiento de personas y así minimizar las posibilidades de contagio de coronavirus.
Como en el resto de las actividades que se han ido habilitando, tanto sociales como económicas, el proceso prevé el acuerdo entre el Gobierno Provincial y los municipios, para posteriormente solicitar la autorización final el Gobierno Nacional.
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La iniciativa del mandatario provincial se enmarca en el diseño de una estrategia que posibilite ir ampliando la cuarentena focalizada hasta la apertura total, sin que la sociedad pampeana sufra contagios y pérdidas de vidas.
La videoconferencia es coordinada desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde el gobernador Sergio Ziliotto está acompañado por funcionarios de distintas áreas, en tanto que los intendentes participaron vía zoom desde sus localidades.
El mandatario pampeano inicialmente hizo un repaso de cuál es la situación epidemiológica de la provincia y detalló brevemente como ha sido el proceso de apertura de las distintas actividades sociales y económicas, siempre con la premisa de poner la salud y la vida de los pampeanos por sobre cualquier otro valor, pero sin perder de vista la necesidad de reiniciar las actividades económicas.
Ziliotto explicó que hasta el momento se han tomado decisiones en forma progresiva, acordadas con los intendentes y avaladas por el Comité de Crisis de La Pampa. En todos los casos en que se han habilitado nuevas actividades se hecho en función de la apertura nacional o bien de las autorizaciones emitidas por el Gobierno Nacional ante pedidos provinciales.
En el caso de la apertura de restaurantes, bares, confiterías y gimnasios no diferirá la metodología. El gobierno provincial y los municipios acordarán pautas de cumplimiento obligatorio y sugerencias de responsabilidad social y posteriormente se elevará el pedido de autorización al Poder Ejecutivo Nacional para su habilitación.
