La Justicia investiga a seis personas por el presunto delito de “falsificación ideológica de documento público” para ingresar en territorio pampeano, para participar en una carrera de galgos en General Acha. Fuentes gubernamentales indicaron que estas personas habrían falseado datos en la declaración jurada de los permisos de circulación y podrían haber ingresado por rutas no habilitadas. Además, se acreditó que violaron la ley 27.330 que prohíbe las carreras de galgos, y los artículos 205 y 239 del Código Penal que pena los delitos contra la salud pública.
La actitud temeraria e irresponsable de los implicados pone en riesgo la salud de todos los pampeanos, especialmente teniendo en cuenta que quienes ingresaron desde otros distritos, lo hicieron de lugares donde hay circulación del virus, reconocieron desde el Centro Cívico.
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Las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) se iniciaron a partir de la intervención del personal policial de la Unidad Regional III, cuando impidió la realización de una carrera de galgos en un campo de General Acha. Todos los involucrados en esta actividad ilícita quedaron aislados preventivamente y bajo el estricto control de los equipos de salud pública de la provincia.
De la actividad ilegal participaban seis personas provenientes de otras provincias y varios pampeanos. A todas se les imputará el delito de violación de la Ley 27.330 que prohíbe las carreras de galgos, además la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal, que pena a quienes cometen delitos contra la salud pública.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Las seis personas que provenían de otras provincias están siendo investigadas también por la posible comisión del delito de falsificación ideológica de documento público. En este caso los involucrados habrían adulterado los datos que volcaron en la declaración jurada que se exige al momento de tramitar los permisos de circulación.
Además de la investigación que se realiza para determinar la falsificación de documentación de documentos públicos, el Ministerio Público Fiscal intenta averiguar si el ingreso a la provincia se produjo por caminos vecinales no habilitados.
