Un informe elaborado por la IGPJ de Santa Fe describe el sospechoso entramado de la sociedad dueña de Friar que fue creada en Uruguay, inscripta en Panamá y con dirección en la sede administrativa de Vicentín.
Este miércoles, la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe -IGPJ-, a cargo de María Victoria Stratta, presentó la ampliación de pruebas al juez de Reconquista Fabián Lorenzini quien se viene negando a apartar al directorio de la empresa y reemplazarlo por una intervención tripartita, como propuso Omar Perotti, a través de la repartición provincial.
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En el escrito, Stratta profundizó sobre los vínculos, poco claros, entre Vicentín S.A.IC. y una serie de sociedades a través de las cuales, el directorio controlaría los principales activos del grupo y que no fueron incorporados al proceso concursal, tal como informó La Política Online.
Además, la abogada reveló la estructura de Nacadié S.A. que fue constituida en Uruguay que tiene como único accionista a la sociedad panameña Swaas Internacional Corporation de la cual no se conocen sus integrantes pero que curiosamente, en Argentina, tiene domicilio en calle 14 número 495 de la ciudad de Avellaneda, donde está el edificio del centro administrativo de Vicentín.
La actividad principal de Nacadié es la de «realizar operaciones off shore sobre agro comodities», según se indica en sus propios estados contables y posee, junto con otra sociedad uguruaya, VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., la totalidad de las acciones de Friar que terminan derivando en directivos del holding agroexportador.
El Frigorífico Friar es una de las empresas del Grupo que mayores ganancias genera. Exporta la totalidad de su producción premium a Europa, y que emplea a 1.500 operarios. Además, está asociado al feedlot Los Corrales de Nicanor, uno de los más grandes de la Argentina, y que sería propiedad de Friar al cual le provee la mitad del ganado que procesa.
Sin embargo, la planta está a nombre de Nacadié y VFG. La primera se constituyó como sociedad extranjera en 2007 y en 2017 se inscribe en Argentina fijando como domicilio las instalaciones de Friar en Reconquista a la vez que se designa como respresentante a Patricio María Coghlan.
Coghlan también registra su domicilio en las oficinas de Vicentín en Avellaneda además que autoriza para realizar trámites de Nacadié al actual vicepresidente del Grupo, Julián Macua, y al síndico de todas las sociedades vinculadas, González Arcelus. Ese mismo año, la asamblea de socios aprueba la compra del 49% de Friar por parte de la sociedad uruguaya-panameña Nacadié y la uruguaya VFG.
Según el último balance contable que presentó la firma del ejercicio 2018 y que es el que el juzgado tomó para relevar los activos del Grupo, indica una participación del 0.49% de las acciones de Friar aunque la concursada avaló créditos para compra de capital de trabajo para el frigorífico.
Según la IGPJ, no sería el único caso en que los directivos de Vicentín alegan tener una participación mínima en sociedades que, se sospecha, controlan en su totalidad: «se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas», concluye Stratta.
Por otro lado, la sociedad uruguaya-panameña, fue apuntada por el estudio jurídico de Mariano Moyano que se está ocupando de rastrear el desvío de activos a sociedades off shore desde las subsidiarias extranjeras como Vicentín Paraguay, Vicentín Brasil Comercio y Exportaciones, Vicentín Europa y Tastil S.A. que serían utilizadas para triangular compras de cereal y justificar remisión de dólares al exterior. Desde el gobierno paraguayo aseguraron que no hay indicios de irregularidades de parte de la empresa.
A su vez, varias de las sociedades como VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., Vicentín Family Group, Industria Agroalimentaria Latam S.A., están registradas a nombre de María Carolina Buyatti con domicilio declarado en calle 14 número 495 de Avellaneda, sede de Vicentín.
En paralelo, en el marco de una causa tramitada en los Estados Unidos, se emitió un Discovery con el fin de obtener evidencia de maniobras de lavado y existencia de activos fuera del territorio norteamericano. El recurso, muy poco usual en los tribunales de EEUU, fue promovido por entidades bancarias acreedoras Coöperatieve Rabobank U.A.; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank N.V.; the International Finance Corporation; Natixis, New York Branch; and Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.
Por otro lado, la titular de IGPJ de Santa Fe menciona otro tipo de irregularidades con el fin de probarle al juez de Reconquista la necesidad de desplazar al actual directorio al cual acusa de mal desempeño y responsables de la situación a la que llegó la empresa cuando un año antes del concurso. En el último balance presentado, se destacan las inversiones y crecimiento de la misma donde «ni siquiera se vislumbra la hecatombe, todo lo contrario», sostiene la funcionaria.
De hecho, Stratta se detiene en este punto que no es menor. La ausencia del último balance correspondiente a 2019 que no fue presentado y donde debería estar registrado el período de crisis del holding. También pide al juez que reclame los balances de aquellas sociedades en la que los directivos aseguran tener una participación mínima.
«De su contenido surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención», insistió Stratta además de remarcar la ausencia de un registro fundamental como Libro Diario y la ausencia de seguridad informática.
En consecuencia, no se puede tener certezas sobre el inventario de los bienes de uso y a modo de ejemplo subraya gastos por mejora en avión cuando no hay ninguna aeronave declarada, aparte de faltantes de cheques en los talonarios, cheques firmados en blanco y precariedad en los registros, entre otras negligencias, advirtió la abogada.
