La Cámara Federal porteña resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación actúen como querellas separadas en la causa penal que investiga si se cometió delito en el otorgamiento de préstamos por parte de la entidad oficial a la empresa Vicentin.
En este sentido, la UIF buscará impulsar la investigación sobre maniobras económico-financieras, vinculadas con la evasión tributaria, subfacturación, contrabando y el accionar de empresas off shore.
El pasado 29 de junio, el juez a cargo de la investigación había decidido unificar las querellas de la UIF y el Banco de la Nación. Ante esto, desde el organismo a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) se apeló indicando que había una errónea interpretación de los intereses de cada una de las entidades.
Ante esto, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens argumentaron que «no puede desconocerse que la actuación de cada uno se impulsa en intereses que le son propios y exclusivos». La UIF querella ante «la posible comisión de un delito contra el orden económico y financiero, mientras que, por el otro, la legitimación del Banco Nación en el caso obedece a que sería damnificado directo de la posible defraudación por otorgamiento irregular de créditos bancarios, que le habrían generado un perjuicio patrimonial», agregaron los jueces.
“Si bien tanto la UIF como el BNA pueden coincidir en sus pretensiones requirentes, no puede desconocerse que la actuación de cada uno se impulsa en intereses que le son propios y exclusivos”, continuaron los jueces.
En este sentido, el escrito indicó que a fin de no vulnerar la eventual divergencia que pudiere existir entre los intereses y las estrategias de ambos organismos resulta adecuado que intervengan en la investigación de manera autónoma por lo que se revocó la resolución.
Además, se tuvo en cuenta que la UIF es un organismo de investigación financiera y la información que obtiene tiene carácter de secreta hasta que un juez disponga lo contrario por lo que resulta casi imposible ejercer una querella conjunta con otra entidad con la que no se puede compartir dicha información.
La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos. Por los hechos están imputados el último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
En tanto, en el marco de la intervención dispuesta por el Gobierno en Vicentin, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) envió al órgano de intervención de la empresa el resultado de las auditorías desarrolladas en la ciudad de Avellaneda, Santa Fe.
Los tres informes abarcan la situación de la empresa al momento de hacerse presente en la administración, un estudio sobre el sistema informático de Vicentin, y un tercero con las consideraciones que surgen de las Actas de Directorio de los dos últimos años.
Según informaron, los documentos dan cuenta de situaciones “extremadamente confusas”, que estarían orientadas a diluir la participación y la responsabilidad de accionistas de Vicentin en distintas empresas nacionales e internacionales.
