Aunque el fiscal general Jorge Marcelo Amado designó a su subalterno Andrés Torino para llevar adelante la investigación en la causa que se conoce como «la cena de los jueces», él mismo sigue de cerca el expediente en cuyo marco se ordenaron cuatro allanamientos a los involucrados, el empresario Carlos Ruiz, y los funcionarios judiciales Tomás Balaguer, Miguel Angel Vagge y Guillermo Sancho.
En medio de la expectativa de la ciudadanía que sigue con atención la evolución de los acontecimientos, Amado avanzó designando al fiscal Torino para que continúe la investigación, y ayer con la firma de ambos se iniciaron actuaciones que culminaron con allanamientos en los domicilios de los denunciados.
Obviamente los fiscales lo que hacen es solicitarle al juez/a de turno -hoy estamos en medio de una feria judicial-, que lleve adelante la parte operativa. Fue la magistrada Florencia Maza quien ordenó a la Policía realizar los allanamientos, que se hicieron casi simultáneamente, en General Acha y en Santa Rosa.
Aunque ella tuvo sólo actuación en lo referido a los jueces y el fiscal que son de la Primera Circunscripción Judicial. En la Segunda Circunscripción le tocó ordenar el allanamiento al juez de Control Diego Asín.
Secuestro de celulares.
En la oportunidad lo que se hizo fue secuestrar los teléfonos celulares de los funcionarios judiciales y el del empresario achense, para tratar de determinar los horarios en que pudieron haber estado reunidos el Día del Amigo y quiénes participaron, al parecer transgrediendo el artículo 205 del Código Penal, que establece penas para los infractores.
¿Qué dice ese artículo? Que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Resultó curioso que mientras realizaba declaraciones radiales, Carlos Ruiz las debió interrumpir abruptamente ante la presencia de los uniformados. «Me están allanando, está la casa llena de policías», alcanzó a decir al aire.
El fiscal general Marcelo Amado dijo que también se pidió el celular de una hija del juez Balaguer -que fue entregado-, y que ahora lo que corresponde es que trabaje Científica de la Policía para determinar los horarios en que los involucrados en la causa pudieron estar reunidos, y si efectivamente transgredieron las normas vigentes.
El fiscal general indicó además que el joven que es hijo del abogado Marcelo Molín -y que hoy permanece aislado en el hotel UNIT- no habría estado presente en la «cena de los jueces», pero igualmente se retuvo su celular
¿Torino sí o no?
Cabe señalar que si bien el fiscal Andrés Torino fue en principio designado por Amado, y firmó las actuaciones preliminares, habría presentado un pedido de reconsideración para poder apartarse de la investigación. Se sabe, trabaja en estrecha relación con Guillermo Sancho, que es fiscal general, y seguramente sería la causa que esgrimiría para pedir ser eximido de continuar con la causa. No obstante Amado podría disponer no hacerle lugar y que Torino deba continuar investigando.
Habrá que seguir de cerca los planteos que probablemente adopten las defensas de los respectivos involucrados, que naturalmente tratarán de probar que la falta no existió, o en todo caso que no revestiría la gravedad que -incluso desde el propio gobierno provincial, que a través del Ministerio de Salud impulsó la denuncia- se cree que tuvo.
Pero más allá del destino que el tema pudiera tener en la Justicia, queda abierta la posibilidad de avanzar con un jury contra los funcionarios judiciales. Una cuestión que, claro está, no tendría que afrontar el empresario achense.
Hoy por hoy, los celulares de todos ellos parecieran ser claves para determinar la verdad.
Trajeron personal de Pico
Un dato llamativo que surgió de las diligencias judiciales que se llevaron a cabo ayer es que se trasladó a personal de la Policía de La Pampa de otra localidad para realizar los allanamientos en Santa Rosa. La información fue confirmada por el jefe de Policía, Héctor Lara, quien explicó que en la capital pampeana intervino en los procedimientos personal de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de General Pico.
Si bien puede llamar la atención que se haya recurrido a una división de otra localidad, la decisión no carece de lógica. Esto se debe a que la Brigada de Investigaciones de la UR-I, con asiento en la capital pampeana, tiene estrecha relación con las personas que están siendo investigadas en la causa. Por estos motivos, para evitar todo tipo de sospecha, lo más razonable fue traer efectivos de otra localidad.
Con respecto al procedimiento que se realizó en General Acha, el jefe de Policía señaló que intervino personal de la Unidad Regional III, con asiento en dicha localidad.
Allanaron domicilio de empresario achense
Un grupo de efectivos de la comisaría local realizaron un allanamiento en el domicilio particular de Carlos Ruiz, ubicado en calle España, entre Don Bosco y Avellaneda de General Acha. El procedimiento tomó estado público debido a que justo en el momento que los policías se constituyeron en la vivienda, el empresario mantenía una entrevista en vivo con una emisora radial de Santa Rosa.
Por esa razón la noticia no tardó en ser dada a conocer por los diferentes medios de comunicación, incluso compartida por muchos vecinos a través de las redes sociales. Es más, en una parte de la entrevista, llegó a escucharse de fondo cómo la esposa del empresario dijo a los gritos: «¡por favor! ¿qué es esto?» En ese momento alcanzó a escucharse cuando Carlos Ruiz informaba que tenía la casa llena de policías, porque lo estaban allanando. Luego de ello, se interrumpió bruscamente la comunicación telefónica con el periodista que lo entrevistaba.
Consultado sobre el procedimiento realizado ayer por la mañana, el jefe de la Unidad Regional Tres, comisario inspector Héctor Zappulla, informó que se trató de una diligencia ordenada por el juez de control de esta ciudad Diego Asin, en el marco de la causa judicial que se tramita por ante la fiscalía de Santa Rosa, a cargo del fiscal Andrés Torino.
El allanamiento dio resultado positivo, debido a que se secuestraron pruebas de interés, aunque el funcionario policial se excusó de dar precisiones a los fines de preservar la investigación. Demandó poco más de media hora.
Zappulla señaló que los uniformados debieron vestirse y cumplir con rigurosos protocolos indicados por Epidemiología. Para ello, adoptaron todos los recaudos tendientes a evitar el contagio de Covid-19, lo que incluyó la obtención y secuestro de las pruebas, además del cumplimiento de la pertinente cadena de custodia.
El comisario inspector también agradeció la predisposición y colaboración brindada por personal del hospital Padre Buodo, que tuvo la paciencia de explicar e instruir a los policías sobre cómo debían vestirse, y posteriormente retirarse los equipos para impedir el contagio con Covid-19.
