Nueve mujeres y dos hombres fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita, en concurso real con estafas. La banda engañó telefónicamente a 15 pampeanos, quienes luego de una ardua investigación del Ministerio Público Fiscal, recuperaron prácticamente todo el dinero, alrededor de unos dos millones de pesos.
La sentencia fue dictada por el juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por los once imputados, la fiscalía y las defensas. La pesquisa fue sumamente compleja: las audiencias de formalización se hicieron a distancia y los acusados estuvieron detenidos preventivamente en distintas unidades carcelarias. Además, durante el proceso, pidieron la revisión de esas preventivas y hasta presentaron impugnaciones ante el Tribunal de Impugnación Penal, aunque todas esas solicitudes les fueron denegadas.
Además la investigación ofreció un detalle curioso: se pidieron allanamientos y secuestros en las ciudades de San Francisco (Córdoba) y Frontera (Santa Fe), que están separadas apenas por una avenida. Sin embargo, esos requerimientos debieron ser tramitados en juzgados diferentes por cuestiones de jurisdicción.
A pesar de la complejidad de la causa, más aún porque todos los condenados se domicilian fuera de la provincia –también hubo allanamientos en Jesús María (Córdoba) y Josefina (Santa Fe)–, y teniendo en cuenta que la denuncia original fue presentada el 24 de enero, se llegó a una condena en menos de siete meses. Se trató de once expedientes distintos que terminaron unificándose en una sola sentencia.
Los condenados fueron Jaquelina Belén Brandalessi, Marisabel Brunetti, Jésica Alejandra Camino, Dalma Melisa Dundo, Johana Carla Ludueña, Jeremías Alexis Pedraza, Claudia Andrea Ruiz, Maximiliano Elías Sánchez, Camila Soledad Sosa, Evelin Daiana Taborda Gallegos, y Daniela Paola Vallejo. Además a todos ellos se les impuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por tres años, que pueden revocarse en caso de incumplirlas: obligación de fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal o de los organismos de control correspondientes a sus domicilios.
Los damnificados –diez mujeres y cinco hombres–, al ser consultados sobre el abreviado, dieron su consentimiento y varios de ellos destacaron que lo primordial era recuperar la plata. Una víctima pidió que las penas sean efectivas, aunque prefirió no reunirse con el juez cuando se le planteó esa posibilidad; y otras dos no pudieron ser localizadas.
La mayoría de los hechos ocurrieron en el interior de la provincia (General San Martín, General Campos, Macachín, Eduardo Castex, etc.). El M.P.F. puso especial atención en esas respuestas para llegar a un acuerdo con los defensores.
Transferencias.
A partir de una información brindada por el Banco de La Pampa, se supo que a fines de enero se hicieron dos transferencias al Nuevo Banco de Santa Fe. Una de las cuentas bancarias donde ingresó el dinero pertenecía a una de las imputadas (Ruiz). Esas dos cuentas se bloquearon y, a partir de allí, los fiscales pudieron saber que el destino de los dos millones de pesos fueron cuentas virtuales de la plataforma Mercado Pago y de la app Ualá. Por eso ellas también fueron inmovilizadas.
En los allanamientos en Córdoba y Santa Fe se secuestraron celulares; computadoras; tarjetas de débito; comprobantes de tickets de extracciones de entidades bancarias; documentación de Mercado Libre, Mercado Pago y Ualá; comprobantes de cobro de dinero de las firmas Western Union, Rapipago y Pago Fácil; troqueles de chips de teléfonos; y chips de teléfonos y/o de tarjetas de memoria.
Los llamados de los estafadores, prometiendo premios (televisores y motos) y dinero en efectivo (hasta 50.000 pesos), se hicieron desde seis líneas telefónicas con característica de Capital Federal. Una de ellas pertenecía a un tal Rodrigo Emiliano Oyola, quien era titular de dos cuentas virtuales bloqueadas en Ualá y Mercado Pago. Hacia allí fueron transferencias de uno de los denunciantes.
«Con ello se acreditó que quienes realizaron los llamados contaban con una red de personas allegadas, quienes prestaron una colaboración indispensable para la perpetración de los hechos, resultando razonable presumir que Brandalessi, Brunetti, Camino, Dundo, Ludueña, Pedraza, Ruiz, Sánchez, Sosa, Taborda Gallegos y Vallejo, tuvieron una participación activa en la consumación de los ilícitos; por cuanto tuvieron un rol fundamental para pergeñar y llevar adelante las maniobras descriptas, desde el momento en que todas las transferencias tuvieron como destino cuentas de las cuales resultaron ser los titulares; independientemente que fueran ellos o terceras personas aún no identificadas las que efectuaran las llamadas telefónicas que provocaron los desapoderamientos», señaló Ralli en el fallo.
Agregó que «a partir del análisis de las pruebas colectados durante la investigación fiscal preparatoria, se pudo concluir que las víctimas fueron inducidos a error, ante la falsa creencia que iban a recibir un premio si realizaban la totalidad de los pasos que les eran ordenados. Así, lograron que ellos –en el convencimiento de que realizaban otras operaciones–, dieran la información de las claves para efectuar transferencias por home banking; extrayéndole así importantes sumas de dinero desde sus cuentas bancarias».
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Guillermo Sancho, responsable del área de Delitos Económicos, junto a la fiscala adjunta María Cecilia Molinari. Otro dato significativo es que ninguno de los imputados registra antecedentes penales computables.
