La causa por el espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y judiciales comienza a escalar en volumen, y también en jerarquía. En cuestión de semanas, la Justicia pasó de investigar a una banda de agentes de inteligencia que espiaban por su cuenta, a una estructura paraestatal que involucra a los más altos mandos de la AF macrista, y que también llega hasta la puerta del despacho presidencial de la Casa Rosada que ocupaba Mauricio Macri.
Es que las pruebas acumuladas en el expediente comienzan a echar luz respecto a quien elegía los objetivos y quien ordenaba avanzar y frenar los seguimientos, y los elementos se aproximan todavía más a la figura del “uno”, Mauricio Macri. Y, paradójicamente, no es precisamente el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, principal figura opositora al entonces gobierno, el caso que más complica al ex Presidente, sino más bien todo lo contrario.
Es en los casos de Nicolás Massot, ex jefe de bloque del PRO en Diputados, y de Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara Baja, donde resulta evidente que las órdenes de espiar de forma clandestina a dirigentes obedecía, exclusivamente, a motivos político-partidarios, y que difícilmente hayan sido ideados por Gustavo Arribas o Silvia Majdalani.
En el legajo de prueba de Emilio Monzó, al que tuvo acceso Ambito, constan mensajes de los espías donde queda demostrado cómo se intensificaba el seguimiento cuando un “propio” se alejaba, y como se ordenaba detener todo seguimiento ilegal cuando ese objetivo era “reconquistado” por Mauricio Macri.
La Justicia dio con mensajes del grupo de whatsapp denominado “LS3”, integrado por Jorge Turco Saez y su hija Belén, Leandro Araque, Mercedes Funes Silva, Emiliano Matta, Facundo Melo y “Gallego”, donde consta que el 15 de mayo de 2018, un día después de haber elevado el informe sobre Monzó, se ordenó detener todo seguimiento sobre el entonces presidente de la Cámara de Diputados. ¿El motivo? Monzó había regresado a la mesa política de Cambiemos, convocado por el propio Presidente. Algo más que una casualidad.
“Qué hdp… son jodidos”, respondió Araque ante la nota que daba cuenta del regreso de Monzó a la mesa de Macri. “En 24 horas le armamos un servicio de 10 con gente que no conocemos y ninguno se quemó ni nada”, agregó. Ante ello, el propio Turco Saez quien respondió: “Por eso dicen que no lo sigan, son unos trapos”.
Ese mismo día, pocos minutos después, es Saez quien se comunica con Alan Ruiz, para avisarle que ya había entendido el motivo por el que habían ordenado levantar el seguimiento sobre Monzó, a lo que Ruiz le respondió con una nueva tarea: “Andá averiguando donde vive Diego Bossio”.
Algo similar se ve en el legajo del seguimiento ilegal a Nicolás Massot, donde se encontraron mensajes registrados en el grupo de whatsapp denominado “Cueva”, integrado por Leandro Araque, Jorge Turco Saez, y Facundo y Emilia Matta entre otros, donde consta que el 16 de mayo de 2018, un día después de la reunión de Monzó con Macri, se pidió eliminar todo rastro del seguimiento sobre los “díscolos” del PRO.
“Me llamó Diego. Por favor pidió que borren todas las imágenes que tengan de estas operaciones para no quedar comprometidos con nada”, suplicó Jorge Saez.
Es por eso que la Justicia comienza a mirar todavía más arriba de la figura de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani a la hora de buscar a los autores intelectuales del seguimiento ilegal sobre dirigentes propios y ajenos. Difícilmente el señor 5 o la señora 8 pudieran haber dado la orden de levantar el seguimiento a Monzó o Massot sin conocer de antemano la última novedad política, así como también resulta un interrogante conocer si existe relación entre la carpeta de inteligencia realizada al presidente de la Cámara de Diputados de Macri, entregada el 14 de mayo de 2018, y su rimbombante regreso a la mesa política de Cambiemos, fechado apenas un día después.
Por lo pronto, las pruebas acumuladas en el expediente parecen acorralar cada vez más al expresidente Mauricio Macri, y ahora, al material que involucra a su ex secretaria de documentación, Susana Martinengo, y a su ex secretario privado, Darío Nieto, se le suman las carpetas de seguimiento a dos de los propios.
