El fiscal Juan Bautista Méndez, que interviene en la causa es por el ingreso ilegal a la provincia de 17 hacheros procedentes del Chaco, en plena cuarentena, informó al poderoso empresario Luciano Trappa el hecho que se le atribuye haber cometido, al igual que su correspondiente calificación legal. Fue durante la audiencia de formalización, que se desarrolló hace unos días ante el juez de control Diego Asin.
Durante la diligencia llevada a cabo virtualmente a través de la plataforma Zoom, el imputado Trappa estuvo asistido por el defensor particular Rodrigo Villa. Además, participó el abogado Hernán Danzi, quien actúa en representación de la Fiscalía de Estado de La Pampa, constituida en calidad de querellante, publicó el diario LA ARENA.
ABSTENCIÓN
Fuentes confiables indicaron que previo a la realización de la audiencia de formalización, la fiscalía procedió a recibirle declaración en carácter de imputado, lo que se hizo de manera virtual. Se efectuó después que recibió la asistencia técnica legal de su defensor.
No obstante, se abstuvo de hacer un descargo frente a las conductas que se le atribuyen haber cometido. En concreto, consiste en haber facilitado la logística para que los 17 hacheros ingresen ilegalmente a La Pampa, en un transporte perteneciente a la empresa Vía Bariloche, cuyo grupo él integra, para posteriormente introducirlos a predios rurales vinculados con la compañía, incumpliéndose así con las medidas sanitarias establecidas para impedir la propagación de la pandemia.
TESTIMONIOS
Mientras tanto, la causa prosigue su dirección, así es que desde la fiscalía se procura recibir declaración testimonial a los 17 hacheros que fueron ingresados de manera ilegal a La Pampa, a bordo de transportes pertenecientes a Vía Bariloche.
A su vez, el fiscal que impulsa la causa penal por el quebrantamiento de la cuarentena por el Covid-19, también espera la incorporación de una prueba fundamental, que justamente está relacionada con la ubicación geográfica de los teléfonos celulares de los 17 hacheros. Esto posibilitará confirmar o no, el ingreso y la permanencia de los trabajadores en las estancias relacionadas a la firma Curacó.
OTROS IMPUTADOS
El fiscal Méndez ya formalizó la investigación contra el dueño del campo «San Carlos», Jorge Segura, y el administrador de la firma Curacó, Germán Hirtz. En un principio se les atribuye conductas que representaron el incumplimiento de la cuarentena por el Covid-19. Concretamente, se les achaca haber permitido o facilitado el ingreso de ese grupo de hacheros, a pesar que las normas sanitarias lo prohibían.
El trabajo realizado por la fiscalía permitió establecer que los hacheros que ingresaron de manera ilegal a La Pampa, habrían permanecido varios días en el predio San Carlos -en la zona rural de General Acha- que administra la firma Curacó, donde realizaron tareas de desmonte.
A su vez, que al menos 17 de esos hacheros, fueron traficados a Río Negro en un semirremolque térmico de la empresa Vía Cargo, oportunamente interceptado por policías de Cipolletti. Esto fue el resultado de una tarea que demandó la colaboración de la fiscalía de esa localidad.
CAMPAMENTOS
Hace unos meses personal de la División de Seguridad Rural de la UR III, se constituyó en el campo «San Carlos», donde comprobó la existencia de tres campamentos distribuidos en pleno monte, armados de manera improvisada, prácticamente a la intemperie. Habrían sido usados para albergar en condiciones «infrahumanas» a los hacheros provenientes de Chaco, para trabajos de desmonte.
El procedimiento se hizo en relación a la causa judicial que la fiscalía inició de oficio, después que el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que se había impedido el ingreso a la provincia de un micro que trasladada hacheros de Chaco para trabajos de desmonte en la estancia Curacó, en la zona rural de General Acha. Se trató de un operativo efectuado en el puesto caminero de Catriló, y el micro que traía a los hacheros pertenecía a la empresa de transporte de pasajeros Vía Bariloche.
Infrahumano
Los uniformados documentaron la existencia de los campamentos armados, además de las condiciones «infrahumanas» en las que los trabajadores habrían sido albergados durante los días que cumplieron las tareas de desmonte en el predio rural.
La causa fue iniciada por la fiscalía para determinar la comisión de hechos relacionados con el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el Covid-19. Lo que posibilitó comprobar otro tipo de hechos que encuadrarían en delitos referidos con la trata de personas con fines laborales, que pertenece a la competencia federal.
Justamente por esa razón se dio debida intervención al Area de Trata de la Policía de La Pampa, para que por su intermedio se hiciera lo propio con el Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa, que desde ese entonces, tomó cartas en el asunto.
Ofrecen dinero para zafar
El abogado particular Benjamín Ortíz, que representa a los imputados Jorge Segura y Germán Hirtz, propuso el pago de dinero -aún no se precisó importe- en concepto de reparación del daño causado. Así, busca hacer zafar a sus defendidos, debido a que accederían así a un criterio de oportunidad. Se trata de una de las salidas alternativas, previstas por el artículo 15 del código de procedimiento penal de la provincia.
Aunque la fiscalía que impulsa la causa penal, aún no se ha pronunciado sobre el planteo hecho por el asesor legal de los imputados, la que sí adelantó su postura respecto a este tema fue la Fiscalía de Estado, a través del abogado Hernán Danzi, quien acciona en calidad de querellante. El profesional, ya hizo saber que para la Fiscalía de Estado se trata de un caso grave, por lo que consideró que no resultaba procedente la aplicación del criterio de oportunidad.
El hecho que se haya confirmado que se tratan de los mismos hacheros, cuyo ingreso había sido impedido en el puesto caminero de Catriló, procedimiento sobre el cual oportunamente se refirió el propio gobernador Sergio Ziliotto, dejó en evidencia el peligro real de contagio de coronavirus generado por la empresa que administra la estancia Curacó.
Particularmente porque en esos días, la provincia de Chaco era una de las más comprometidas en relación a la cantidad de casos de Covid-19, a raíz de la circulación comunitaria del virus.
