El dictamen que anoche se aprobó en el Senado de la Nación, dando media sanción al proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal, conocido como «reforma judicial», tenía incorporados dos nuevos juzgados y una Cámara de Apelaciones para la provincia de La Pampa. De este modo, se pasará de contar con uno solo a contar con cuatro, pero, según fuentes legislativas el tribunal de alzada también quedó incluido en el despacho que fue aprobado.
De este modo, si la reforma prospera en la Cámara de Diputados de la Nación, La Pampa contará con dos juzgados penales y dos civiles, repartidos en dos y dos -uno por cada fuero-entre la capital provincial y la ciudad de General Pico, publicó el diario La Arena.
Actualmente, La Pampa solo cuenta con un juzgado multifuero en Santa Rosa, mientras que en General Pico debería estar funcionando un Juzgado Federal -de hecho está el edificio- pero nunca fue puesto en actividad. Esta semana, al referirse a la «reforma judicial», el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, reveló que el edificio del juzgado de Pico sufrió un intento de ser ocupado ilegalmente.
Tribunal de alzada
En cuanto a la posibilidad de contar con una Cámara de Apelaciones, el mismo Baric había dicho que era necesaria para dejar de depender de la Cámara de Bahía Blanca. «Tiene que ver puntualmente con un tema de distancias, y de idiosincrasia particular de la provincia también. Aparte, con la creación de tres juzgados más, que es lo que en definitiva va a suceder, el volumen de trabajo estimo que va a ser mayor, por lo que sería necesaria», había dicho Baric.
El gobernador Sergio Ziliotto -a través de los senadores Lovera y Norma Durango- trasmitió al Senado la inquietud de La Pampa de contar con ese tribunal de alzada, puesto que de acuerdo al texto original del proyecto elevado por la Casa Rosada al Congreso nuestra provincia era una de las pocas que no iba a contar con esa posibilidad.
El proyecto
El dictamen favorable aprobado anoche establece la necesidad de crear un cargo de fiscal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la provincia de La Pampa y con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y un cargo de defensor público oficial con competencia penal para el mismo juzgado.
Además, establece que las secretarías penales de los juzgados federales de Primera Instancia de Santa Rosa y General Pico se transfieran a los respectivos juzgados federales de Primera Instancia en lo Penal.
La iniciativa llevaba tres semanas de discusión en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta.
