Es la primera condena a prisión por un caso de fabricación de facturas truchas para evadir impuestos. En total, son nueve los condenados a prisiónen esta causa.
El Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba condenó a siete años de prisión al propietario de cuatro empresas agropecuarias de esa provincia, por «asociación ilícita para cometer delitos tributarios». También fueron condenadas, con pena de cuatro años de prisión, sus hijas, Francina y Luisina Mengo, como coautoras del delito, y otras seis personas con participación en carácter de coautores o partícipes necesarios del mismo delito. La maniobra condenada era la de fabricar facturas truchas que eran utilizadas por productores para simular operaciones y evadir impuestos.
Hasta el momento, se había registrado una sola condena por el delito de asociación ilícita fiscal, en un juicio abreviado en Mar del Plata, pero este es el primer caso en el que un tribunal oral condena a un grupo de personas que se asocian para cometer un delito fiscal.
El titular de la fiscalía general número 2, Carlos Gonella, había solicitado penas de hasta ocho años de prisión para los empresarios rurales por evasión tributaria, delito que concretaban con la utilización de personas en situación vulnerable económicamente, para hacerlo figurar como titulares de empresas ficticias y facturar en su nombre.
El principal imputado como organizador de la «usina de facturas truchas», Atilio Omar Mengo, es propietario de las empresas FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA, Cereales y Pasturas SRL y Oro Verde SA.
De acuerdo al alegato de la Fiscalía, la organización comercializaba cereales con documentación falsa y bajo nombres simulados. Los movimientos que declaraban encubrían otras operaciones de compraventa de granos marginales o «en negro».
Este delito era perpetrado por una serie de empresarios rurales que utilizaban, para ese fin, a personas en situación de vulnerabilidad económica que eran registradas como «responsables» de las operaciones «truchas».
La Fiscalía describió, en su exposición, que «la maniobra se desarrolló en torno a la comercialización de cereales, con documentación y personas simuladas, cuyos movimientos fueron registrados y declarados fiscalmente para encubrir operaciones de compraventa marginal de granos».
Los representantes del Ministerio Público, Gonella y Trotta, describieron además que en 2007, María Pía Cardoso, en ese momento titular del área de Saneamiento Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto, reclutaba personas de bajos recursos y ajenas a la actividad agropecuaria a fin de inscribirlas ante la AFIP como monotributistas. En esta tarea participaban Hugo Aguero, Fabián Giles y Vanesa Moyano. Al igual que Cardoso, todos imputados en la causa.
«Bajo la promesa de un pago de 150 pesos, subsidios o algún tipo de asistencia social, los imputados hacían que estas personas firmasen documentación en blanco necesaria para la comercialización de granos», señaló la Fiscalía. Agregó que «las empresas del grupo Mengo (FLG, Soybeans, Cereales y Pasturas, y Oro Verde), que intermediaban en la compra y venta de granos, hacian figurar falsamente a estas personas como proveedoras/vendedores del cereal».
«De esta manera, se conformaba un circuito marginal de la comercialización de cereales mediante la emisión de documentación apócrifa a nombre de esas personas, y el circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de ellas mismas, por parte de Francina Mengo, Luisina Mengo, Sebastian Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y/o apoderados de las empresas del grupo», describe la presentación judicial.
«El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de Eduardo, Diego y Gabriel Meta, Fabián Petiti y Gabriel Ludueña, a través de la firma Gordon SA».
Estafa al fisco
Los monotributistas eran utilizados con el fin de ocultar al verdadero productor agropecuario, dado que la operación se documentaba a nombre de un tercero que figuraba inscripto en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la AFIP. De esa forma, se reducía la carga impositiva.
Una vez generada la documentación apócrifa, el adquirente de los granos obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal por el IVA y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias.
El comprador del cereal, comercializado «en negro» pero a través de facturas apócrifas que lo cubrían, burlaba además las obligaciones de pagos de retenciones impositivas, dado que «supuestamente» le compraba a monotributistas no alcanzados por dichos regímenes.
Esta organización delictiva, de la cual Atilio Mengo fue imputado como jefe y los demás nombrados como coautores, llegó a utilizar el nombre de cientos de personas de condición económica humilde para extender sus alcances. Su pertenencia al sector agropecuario y su conocimiento previo del negocio de comercialización de granos resultaron, a juicio de la acusación, clave para el desarrollo de la compleja red delictiva que llegaron a montar.
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, compuesto por los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, dio a conocer este jueves a la tarde el fallo por el cual dispuso la pena de prisión de siete años e inhabilitación para ejercer el comercio de granos por el mismo plazo para Atilio Omar Mengo, y cuatro años de prisión para Francina y Luisina Mengo y para Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni, como coautores del delito. Como partícipes necesarios, también fueron condenados a prisión Eduardo Meta (4 años y dos meses), Leonardo Petiti (4 años), Gabriel Ludueña (3 años y 8 meses) y María Pía Cardoso (3 años y 8 meses). Otros tres imputados (Aguero, Giles y Moyano) fueron condenados a prisión pero con el cumplimiento de la pena en suspenso.
