El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, profundizando las «acciones orientadas a avanzar en la igualdad de oportunidades», aprobó por primera vez el listado anual de conjueces y funcionarios «ad-hoc» con un criterio de paridad de género y lo elevó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La nómina fue certificada a través del acuerdo N° 3737, firmado por el presidente del cuerpo, José Roberto Sappa, y el resto de los ministros, Eduardo Fernández Mendía, Hugo Oscar Díaz, Elena Victoria Fresco y Fabricio Luis Losi.
En ella figuran las principales autoridades de dos instituciones significativas dentro del ámbito de los profesionales del derecho, como son el Colegio de Abogados y Procuradores y la Caja Forense, y abogadas particulares con extensa experiencia profesional.
Así, por ejemplo, para actuar como ministras del STJ o procuradoras generales, fueron incluidas la presidenta del directorio de la Caja Forense, Sandra Receda Abdo, y la vicepresidenta del Colegio, Élida Susana Gemignani.
A su vez para ocupar cargos de jueza del Tribunal de Impugnación Penal y jueza de audiencia, defensora general o fiscala general en la Primera y Tercera Circunscripción, aparecen abogadas reconocidas como Silvia Mirta Brown y Vanessa Raquel Ranocchia Ongaro; y para camaristas civiles y juezas de audiencia en la Segunda y Cuarta Circunscripción, sus colegas Alina Acebal y Silvina Matilde Bogetti, entre otras.
En el acuerdo se destacó que «a fin de continuar con la profundización de acciones orientadas a avanzar en la igualdad de oportunidades, incorporar la perspectiva de género en el pensamiento de los operadores jurídicos, y establecer mecanismos para proteger los derechos fundamentales de las mujeres; el listado que se presentará para su tratamiento fue confeccionado teniendo especialmente en cuenta la representación equitativa de géneros».
Un compromiso concreto.
La resolución adoptada por los cinco ministros es un paso más dentro de una política institucional consolidada del STJ, que muestra un compromiso claro y concreto con la agenda de género para hacer realidad la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres.
Estas prácticas del Poder Judicial se condicen con el pronunciamiento de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, que en su preámbulo resalta que «la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país».
También con la «Declaración de Cancún», suscripta por los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, subrayando la necesidad de «implantar una perspectiva de género, en el marco general del acceso de la mujer a la justicia, mediante la adopción de una política de igualdad de género por parte de las altas jerarquías del aparato judicial como una política transversal, en todas las áreas y en todos los niveles».
Y lo mismo sucede con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –conocida como la «Convención Belém do Pará»– y con las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana –llamadas «Reglas de Brasilia»–, a las que el Superior Tribunal de Justicia adhirió específicamente a través del acuerdo N° 3117.
Actividades específicas.
En ese contexto, este año se desarrollaron capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres, en el marco de la llamada Ley Micaela, que tuvieron como destinatarios a magistrados/as, funcionarios/as y personal del Poder Judicial. Incluso el STJ firmó un convenio con el Banco de La Pampa para que los equipos técnicos de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica colaboren con esa institución en el dictado del curso para sus propios empleados.
Además se organizaron jornadas interdisciplinarias para analizar la protección que se le otorga a los derechos de las mujeres en los sistemas jurídicos, se implementaron acciones para dar respuestas efectivas a sectores vulnerables desde el género, y se promovieron iniciativas inéditas como difundir un video en lengua de señas acerca de cómo denunciar un caso de violencia.
Así, cumpliendo con lo previsto en el artículo 151 de la ley 2574 (Creación de cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de La Pampa), el STJ aprobó el listado de conjueces y funcionarios «ad hoc» para 2021 y, a través de presidencia, lo remitió a la Legislatura para su tratamiento.
Dicho artículo establece que el Superior Tribunal debe confeccionar esa anónima en forma anual con los abogados que se encuentren matriculados en la provincia y cumplan con las condiciones exigidas en la Constitución provincial y en la citada ley, quienes eventualmente, al ser habilitados, pueden sustituir temporariamente a magistrados y funcionarios cuando ellos no puedan ser reemplazados de otra manera.
