La banda de Stornelli y D’Alessio: espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales

Entre las pruebas que presentó el juez de Dolores para sostener que, bajo el gobierno de Macri, operó una asociación ilícita paraestatal ligada a la AFI, se detallan las operaciones que involucraron al falso abogado D’Alessio y al fiscal Stornelli con Natacha Jaitt, la familia de Pablo Escobar, el triple crimen de General Rodríguez, el programa Animales Sueltos, la banda de Los Monos y muchos otros hechos y protagonistas, incluidas Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

Natacha Jaitt; la familia de Pablo Escobar, el patrón del mal; el triple crimen de General Rodríguez; el programa Animales Sueltos; la Aduana; la banda de Los Monos; los abogados molestos; el ex marido de la actual esposa de Carlos Stornelli y muchos más protagonistas y hechos se mezclaron en la resolución firmada en la última semana por el juez Alejo Ramos Padilla, que dejó a un paso del juicio oral al fiscal Stornelli, al falso abogado Marcelo D’Alessio y demás acusados de integrar una banda paraestatal dedicada al espionaje y la extorsión. El juez describió en 1125 páginas una serie abrumadora de pruebas para sostener la existencia de una asociación ilícita, con terminal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que cometió todo tipo de delitos. A veces extorsionar, otras veces armar causas para incidir en el proceso político, siempre perseguir opositores y, de vez en cuando, ajustar cuentas con exmaridos o enemigos personales.





Informes

El juez de Dolores cuenta en detalle la forma en la que Marcelo D’Alessio participó de la operación para vincular a Aníbal Fernández con el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. D’Alessio armaba supuestos informes, sin ninguna base fáctica real, y se incorporaban a un legajo que llevaba adelante el fiscal de Mercedes que investigó el caso originalmente, Juan Ignacio Bidone, que también era parte de la banda. Lo asombroso es que Bidone ya no tenía el expediente, porque pasó a la jueza María Servini. O sea que el legajo era ilegal. Sin embargo, D’Alessio se reunió con Elisa Carrió y –según él– participó aportando información para la famosa entrevista en casa de la diputada en la que el expolicía José Luis Salerno repitió tres veces que Fernández era La Morsa. Es decir que la banda armaba material falso que luego se usaba en la política y en los medios.

Fiscal

El juez le adjudica a Carlos Stornelli participación decisiva en varias operaciones de inteligencia y de aprietes. Por ejemplo, la coacción al gerente de Pdvsa Gonzalo Brussa Dovat para que declarara contra Julio De Vido y Roberto Baratta; la realización de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; el armado de una causa sobre terrorismo para perjudicar a empresarios en Uruguay; la declaración trucha de D’Alessio en la causa por el Gas Natural Licuado; la extorsión a Pedro Etchebest; y el apriete a la ex pareja de un financista. En la mitad de los casos está la intención de perseguir opositores y hay otra parte dedicada a acompañar -en algún caso sin saberlo– las extorsiones del falso abogado.

Pero lo que tiene un peso específico notorio es el espionaje al piloto Jorge Castañon, cuyo “delito” consistía en ser el ex marido de la actual pareja de Stornelli. “Fue exclusivamente por sus intereses personales”, dice el juez. En concreto, Ramos Padilla detalla cómo el fiscal pidió que se haga inteligencia ilegal sobre Castañon e incluso habla con D’Alessio de involucrarlo en un hecho ilícito. Los diálogos sugieren que D’Alessio y Stornelli barajaron la idea de colocarle droga en una valija. El magistrado transcribe que evalúan “dónde cortarlo”, es decir dónde hacerlo detener, si en Estados Unidos o la Argentina. De entrada, piensan en la idea de acusarlo por traer un bagayo, o sea algún electrodoméstico o ropa para vender, en el equipaje. “Yo le haría algo peor –sugiere D’Alessio–, pero lo tenemos que hablar personalmente.” Es obvio que el plan era plantarle droga en una valija.

Operatoria

El magistrado de Dolores enumera varios casos en que la modalidad consistía en que D’Alessio amenazaba con que Clarín y el periodista Daniel Santoro publicarían algo a menos que la persona aceptara pagar o declarar o contratar los servicios del propio D’Alessio y su grupo. En el listado aparece, por ejemplo, la llamada mafia de los contenedores: D’Alessio les exigía a las esposas de los detenidos que contrataran su estudio de abogados por una fortuna –500 mil dólares– o caso contrario se publicaría en Clarín –como ocurrió– una nota en su contra. Exactamente igual sucedió con el exsecretario presidencial Pablo Barreiro. Y lo mismo con el ex gerente de Pdvsa Brussa Dovat: o aceptaba declarar ante el fiscal Stornelli o publicarían nota en Clarín. Con la misma amenaza, les exigieron dinero a empresarios, como Pedro Etchebest o Mario Cifuentes. Los casos son muy repetidos y por eso Ramos Padilla en su resolución no sólo mantuvo el procesamiento de Santoro por coacción y extorsión, sino que ahora lo consideró participante de la asociación ilícita.

En su defensa, Santoro argumentó que fue engañado y usado por D’Alessio en todos los casos. El juez no evalúa si Santoro iba publicando cosas porque le servían en su cruzada política o si tuvo interés económico, porque lo fundamental para el magistrado es que la base fue el apriete y el espionaje ilegal. Por ejemplo, el periodista presentó al falso abogado como agente de la DEA a jueces, fiscales y colegas, pese a lo cual le contó cuáles eran las fuentes y cuál el pensamiento político de sus colegas del programa Animales Sueltos. Con esos datos, D’Alessio armó un informe de inteligencia que se entregó en la AFI. O sea que lo objetivo es que participó –según Ramos Padilla– de una organización que espió ilegalmente.

Sin embargo, la prueba más seria que el juez de Dolores le imputa a Santoro es que cuando D’Alessio extorsionaba al empresario Mario Cifuentes pidiéndole 1.200.000 dólares, le advirtió que le mandaría mensajes por televisión en dos días consecutivos. En esos dos días, Santoro mencionó la empresa OPS al aire, cuando se estaba refiriendo a la brasileña OAS. Sucede que OPS es la empresa de Cifuentes y las menciones coincidieron con la amenaza. Santoro dice que se equivocó.

Patrón

A partir de la página 790 de su resolución, Ramos Padilla cuenta cómo D’Alessio trabajó con Patricia Bullrich alimentando la existencia de una megaorganización que blanqueaba dinero del narcotráfico. El magistrado afirma que no sabe si la operación la armó la AFI y D’Alessio fue el instalador o si D’Alessio fue el armador de todo y le dio la información a la AFI.

En concreto se menciona a un colombiano, José Jairo Piedrahita Ceballos, al ex jugador de Boca Mauricio «Chicho» Serna, a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria y al abogado argentino Mateo Corbo Dorcet. Todo motivó una conferencia de prensa de Bullrich, mucho marketing y una enorme causa judicial. La base, que todo indica que aportó falsamente D’Alessio, consistía en que Piedrahita Ceballos fue acusado en 2016 por narcotráfico en Estados Unidos y se decía poco de que sus compras e inversiones en la Argentina fueron en 2008. Al final de la historia, la imputación al colombiano en Miami fue por el pago de una coima y Piedrahita Ceballos hoy está en libertad. Pero el efecto buscado era que el gobierno de Macri y Patricia Bullrich se pudiera colgar una gran medalla en la lucha contra las drogas. Como todo lo de D’Alessio, resultó ampuloso, grandilocuente, pero falso.

Mesa

En el escrito de Ramos Padilla figura la “Operación Jaitt”, informes preparados sobre la presencia de la fallecida modelo en la mesa de Mirtha Legrand. Está claro para el magistrado que la ubicación de Jaitt en el programa fue una operación de inteligencia armada por la AFI para ir contra enemigos más bien personales de la cúpula de la central de espías. Un caso claro fue el de Carlos Pagni, a quien trataron de perjudicar con los dichos de Jaitt, porque Pagni denunció a parte de los directores de la agencia.

El trabajo de D’Alessio era producir contrainteligencia, o sea echarles la culpa a otros –no a la AFI– de la presencia de Jaitt en la mesa. Para eso, pretendió acusar a Gustavo Vera o a Raúl Martins, el proxeneta que está en México. El caso le permitió a Ramos Padilla aportar más elementos que exhiben que la banda que tenía como eje a D’Alessio fue una organización paraestatal, donde las órdenes venían de la AFI y el dinero también. Eso sí, más de uno aprovechó la operatoria ilegal para poner en marcha sus propias extorsiones y venganzas. 

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