Se disparó cuando la Policía Aeroportuaria iba a cumplir una orden del Tribunal Oral. La sentencia quedó firme el jueves y ayer el fiscal Carlos Amad requirió la detención.
El ex juez federal José Antonio Solá Torino se quitó la vida pasada la medianoche, en el domicilio en el que fue a buscarlo un grupo la Policía de Seguridad Aeroportuaria comisionada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta para detenerlo y llevarlo al Complejo Penitenciario Federal III NOA, de General Güemes, donde debía cumplir la pena de seis años de prisión efectiva que anteayer fue dejada firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La información fue confirmada esta madrugada por fuentes de la Justicia Federal. Solo se indicó que el ex juez se mató de un disparo cuando la policía llegó a detenerlo. La medida había sido solicitada ayer mismo por el fiscal federal de transición Carlos Amad, luego de que el máximo tribunal nacional confirmara la sentencia dictada en abril de 2016 por el TOF 1.
Solá Torino fue condenado por cohecho, por haber cobrado $15 mil de manos del narcotraficante José Miguel Farfán para facilitarle su huida. Esta sentencia quedó firme anteayer, día en que la Corte Suprema desestimó la queja que había interpuesto contra la resolución de Casación que tras confirmarle la condena, le denegó un recurso extraordinario federal.
Luego de la notificación de la decisión de la Corte Suprema, el fiscal Amad pidió al TOF1 que ordene la detención de Solá Torino, en vista de que la condena “adquirió la calidad de cosa juzgada ya que se encuentra firme”, y agregó que “el imputado agotó todos los remedios procesales para impugnarla”, por lo que consideró que correspondía que “sin más trámite, y a los fines del debido cumplimiento de la condena dictada en autos, se ordene la inmediata detención de José Antonio Solá Torino”. Y solicitó que esa detención se cumpla en la cárcel federal de General Güemes.
«Entendemos que esta desestimación de la Queja deja firme la sentencia dictada por este Tribunal, por la que se condenó al imputado a pena de prisión de ejecución efectiva», coincidió el TOF1 con el fiscal al momento de «Ordenar la inmediata detención de José Antonio Solá Torino», para lo que libró oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, «con facultades para allanar domicilio y/o hacer uso de la fuerza pública si el caso lo requiere».
En 2009 Solá Torino fue destituído de su cargo de juez por el Jurado de Enjuiciamiento. Ahí argumentó que la acusación en su contra era una «infamia perversa» teñida de «intenciones «políticas». Y si bien reconoció que había favorecido a Farfán, sostuvo que se trató de un error y aseguró que jamás recibió dinero de él.
Un corruptor de jueces
Miguel Farfán es el mismo que también pagó al ex juez federal Raúl Reynoso para que le concediera una exención de prisión. Esto fue en 2014 y fue uno de los hechos por los cuales el ex magistrado de Orán fue condenado a 13 años de prisión en marzo del año pasado, por favorecer a narcos a cambio de pagos en especie o efectivo.
La causa contra Solá Torino es anterior. La inició el fiscal Toranzos basándose en escuchas telefónicas en las que se exponía que en 2007 el entonces juez había cobrado $15 mil para levantar un orden de captura de Farfán, quien estaba prófugo desde 2003 cuando no regresó a prisión tras un salida transitoria en el marco de una condena por narcotráfico que cumplía desde 1999 por transporte de 400 kilos de cocaína.
Solá Torino fue juzgado junto a Héctor Hugo Salazar, Gabriela Mabel Vázquez y Graciela del Valle Ferreyra. Los tres recibieron penas de 3 años de prisión, aunque en el caso de la última, fue de cumplimiento efectivo, porque fue declarada reincidente. Farfán también debía ser juzgado, pero no se presentó a la audiencia y estuvo prófugo hasta febrero del año pasado, cuando fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
En las escuchas «Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente de las gestiones realizadas para dejar sin efecto la orden de captura que recaía sobre el primero de los nombrados”, sostuvo en su momento el fiscal Toranzos. En esas conversaciones se aludía a una persona identificada como Gordo, Toto o Totín, que se había comprometido a lograr que se levantara la orden de captura que pesaba contra Farfán.
El ex juez era conocido por el apodo de Toto. En la investigación se determinó que tenía vinculaciones con Ferreyra. Para los investigadores, Salazar fue el nexo entre Farfán y Vázquez y Ferreyra, quienes a su vez lo pusieron en contacto con Solá Torino.