La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue sometida a una microcesárea aún cuando solicitó la interrupción del embarazo.
En la provincia de Jujuy se privó de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público.
La trabajadora social Marina Ariza, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, dijo a Salta/12 que tomaron conocimiento del caso la semana pasada y que el hecho les remitió a lo ya sucedido con una niña de la ciudad de San Pedro, que tuvo que padecer una situación similar en enero de 2019.
«No podíamos creer que se tratase de una situación similar», dado que en la provincia existen efectores de salud garantes del acceso a la ILE y que podrían haber dado una respuesta inmediata a la situación, dijo. La nena es oriunda del departamento El Carmen, a unos 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo a la información a la que pudieron acceder las integrantes de la Red de Profesionales, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre.
Ariza contó que la nena «desde el minuto cero solicita la ILE», por lo que «sentimos que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado». «Efectivamente, había solicitado la ILE en sus términos y desde la Provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal», reiteró.
En el comunicado que difundió la Red de Profesionales se indicó que la Dirección Nacional de Salud Sexual ofreció resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Entre las alternativas estuvo trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción.
No obstante, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. Este medio intentó contactarse con la principal autoridad de la cartera, Gustavo Bouhid, y con el secretario de Salud, Pablo Jure, pero no obtuvo respuestas.
Tras esta decisión por parte de las autoridades jujeñas, se programó una microcesárea, que se realizó el domingo pasado. «No fue una ILE, sino fue una cesárea post maduración fetal con la única intención que esos fetos tengan posibilidades de vida, desestimando la salud física y emocional de la niña», cuestionó la trabajadora social.
Ariza señaló que la mayoría de los trabajadores del Hospital Materno son objetores de consciencia y que por ese motivo siempre se convocaba a la Red. Sin embargo, «en este caso nunca nos convocaron y lo que decidieron hacer es dilatar los tiempos y obstaculizaron el acceso a la ILE», denunció la profesional.
La Red afirmó que si se tiene en cuenta «el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años» sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle «el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de maternidades forzadas».
A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la niña de El Carmen no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado «resulta su adulto referente», manifestó Ariza.
Sin embargo, «es el mismo Estado que vulnera la vida de esta niña», que con la cesárea dilató la resolución del caso. La profesional explicó que extender el embarazo una semana representa un «montón» porque desde el segundo trimestre, el crecimiento fetal es de 200 gramos por día. «Cada día se hace la diferencia y acá no se llamó al equipo garante ni bien se tomó conocimiento del caso y se puso en peligro la vida de la niña», cuestionó.
La Red repudió que no se contemplen «los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado». E instó a que se respeten los derechos vigentes en el Código Penal, los protocolos ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.
Sin decisión política
Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.
Para Ariza, la Provincia no respetó los compromisos asumidos en la confección de este último protocolo. «Se hubiese podido realizar la ILE si hubiese habido decisión política», repudió.
La trabajadora social dijo que la nena «físicamente está bien» después de la intervención quirúrgica, pero cuestionó que si se entiende a la salud desde una perspectiva integral y no sólo física, «sabemos que su estado es complejo». «No sólo por sus condiciones de vida, en donde existe abandono, sino por la suerte de vulneraciones que se dieron en estos días», argumentó.
La Red de Profesionales dijo que lo sucedido representa una anulación de los derechos de la niña, negando el riesgo integral para su vida. «Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora y realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral», expresó. También sostuvo que «realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre».
Cuando se conoció el caso de la niña de San Pedro, la Red realizó una propuesta a las autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy «para dar respuesta a estas situaciones donde las niñas entran en un gris complicado debido a que no llegan, en general, (al sistema de salud) durante el primer trimestre», dijo la trabajadora social.
La razón se debe a que los casos son consecuencia de violaciones y se demora en lograr la visibilización. Esto lleva a que las instituciones públicas tomen conocimiento generalmente ya comenzada la semana 13, es decir, con el segundo trimestre en curso. Pero las autoridades sanitarias no tuvieron en cuenta la propuesta elaborada por las profesionales.
Ariza añadió al reclamo que se haya «filtrado» en distintos medios la situación de la nena, impidiendo que se preserve su confidencialidad como paciente. Y recordó que las redes sociales de la Red de Profesionales de Jujuy, tanto de Facebook como de Instagram, están abiertas a consultas y acompañamientos a quienes deseen interrumpir sus embarazos no deseados.
