En paralelo a una tensa negociación entre Mendoza y La Pampa ante el vencimiento de los plazos que estableció la Corte Suprema para que las provincias lleguen a un acuerdo para garantizar el caudal mínimo al río Atuel, el gobernador del distrito cuyano, el radical Rodolfo Suarez, autorizó a su Fiscal de Estado, Fernando Simón, para elevar una demanda contra la Nación: piden dejar de compartir regalías con los pampeanos por la generación de energía en la represa de Los Nihuiles, y los retroactivos por los recursos no cobrados desde 1973, unos $35.000 millones, según cálculos de Mendoza.
La presentación mendocina había sido anticipada en julio y ahora se mantiene pese a la firma de una nueva adenda al Pacto Fiscal, ya que Suarez logró la excepción tras una negociación con la Casa Rosada, que en principio exigía que para firmar el entendimiento con las provincias se desistiera de todas acciones judiciales contra Nación. Suarez, con la carpeta Nihuiles en trazos finales, obtuvo aval para que sí pudieran hacerse las presentaciones en causas con peligro de prescripción, como esta. Por eso, en el Gobierno nacional no hay sorpresa.
El argumento es que en 1973 el gobierno de facto de Alejandro Lanusse determinó que las regalías por ese complejo hidroeléctrico que está en el distrito cuyano debía repartirse en partes iguales entre Mendoza y La Pampa, por compartir el cauce del río Atuel, donde se ubica el embalse. Pero en otras demadas de años posteriores, la Corte tomó el criterio de que las regalías correspondían a la provincia donde se ubica el salto que genera la energía. “Se viene aplicando la teoría de la fuente”, mencionaron ayer desde Mendoza a este diario. Como el salto está en Mendoza, el reclamo es a Nación y no a La Pampa, ya que la determinación de la división de regalías fue del gobierno central.
REGALÍAS COMPARTIDAS
Funcionarios del mandatario pampeano Sergio Ziliotto mencionan que hubo acuerdo entre los gobernadores en 1983 para mantener las regalías compartidas. Sin embargo, en Cuyo señalan que el reclamo lleva décadas y que en los ochenta la Corte le pidió a Mendoza que agote las instancias administrativas. En 2015 la Procuración del Tesoro tuvo un dictamen favorable a Mendoza, pero después no se emitió el decreto definitivo. Tras una presentación de “pronto despacho”, el Gobierno de Suarez tiene ahora luz verde para seguir la cruzada en la Corte Suprema.
El escrito, que llegará al Máximo Tribunal antes de fin de año, estipula la deuda en $35.000 millones, en un complejo cálculo que debió armonizar cambios de moneda, valores de la electricidad, y una generación con altibajos. Más una tasa de interés por la actualización del valor nominal.
La Casa Rosada, respecto a los retroactivos, se encuentra en una encrucijada: se los quiere cobrar a Horacio Rodríguez Larreta por los fondos de más recibidos por el traspaso de la policía durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desencuentros
En Mendoza aseguran que esta demanda no tiene nada que ver con el Atuel ni con Portezuelo, el otro gran conflicto que tiene a Suarez y Ziliotto pulseando por la construcción de una represa sobre el Río Grande, que desemboca en el Colorado y en el que también tienen intereses Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. “La presentación se iba a hacer igual, no es una carta de negociación, porque son recursos que nos corresponden independientemente de los otros temas”, sostienen.
Pero lo cierto es que la semana próxima se vence el plazo que estableció la Corte Suprema en otra de las batallas de la guerra del agua: también en julio, los supremos establecieron el caudal mínimo de 3,2 m3 por segundo (La Pampa reclamaba 4,5 m3/s, Mendoza ofrecía 1,3) para recomponer el ecosistema del noroeste pampeano, una causa histórica en esa provincia, y les dio 90 días para acordar obras y acciones, a punto de caducar.
La disputa se da en el comité que regula la cuenca del Atuel Inferior (CIAI), y si bien mañana al mediodía habrá otro zoom entre representantes pampeanos y mendocinos, el acuerdo está trabado: La Pampa pide que se empiece a liberar agua ya para cumplir con el caudal mínimo y Mendoza busca obras que podrían demorar la llegada de los 3,2 m3/s al límite entre provincias.
Con lo cual, todo apunta a que el lunes, día del deadline, no habrá una propuesta conjunta, sino que cada distrito llevará la propia. Nación, en tanto, enviará su carpeta el 18; un trabajo hermético que realizan en el ministerio del Interior de Eduardo “Wado” de Pedro.
“Hace setenta años que no hay escurrimiento permanente”, se lamentan desde La Pampa y se quejan de que “Mendoza no quiere compartir el agua”. Este conflicto también se remonta a varias generaciones: comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, que afectó a las especies autóctonas y a pobladores del oeste pampeano que tuvieron que emigrar por el impacto ecológico.
La Pampa recurrió a la justicia y en 1987 obtuvo un fallo favorable de la Corte señalando que el río era interprovincial y que debía terminar el daño derivado para el territorio pampeano. En 2014 se inició un nuevo juicio, en donde en La Pampa agregaron la nueva normativa ambiental y de manejo hídrico que no existía entonces. En 2017, previas audiendias públicas, el Máximo Tribunal pidió que concordaran en el caudal, y como también hubo diferencias, la Justicia fijó los 3,2 m3/s en julio.
“Venimos trabajando en tres grupos en el CIAI, donde el único consenso hasta ahora está en establecer una red de monitoreo para hacer mediciones en la cuenca”, explicaron integrantes del comité a este diario.
Los representantes de Ziliotto piden cambiar las normas de manejo. “Que sean como las que están en cualquier sistema de embalse para administrar el agua. En invierno se acumula, en verano se libera. Pero Mendoza se ha negado, ha planteado obras faraónicas”, explicaron. Y pidieron acciones más simples como una limpieza y reconstitución del cauce del Atuel.
Cerca de Suarez habían afirmado tiempo atrás que la propuesta mendocina incluye realización de pozos para aguas subterráneas, impremeabilización de kilómetros del Atuel inferior para evitar infiltraciones, obras para las que buscan financiación nacional.
