La intrusión estuvo centrada en los partidos políticos, los conflictos gremiales e incluso las protestas por cortes de luz. El delito fue cometido a través de la instalación de seis bases instaladas al solo efecto de espiar.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y a otros nueve responsables de las bases que la exSIDE instaló en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 para realizar un extendido espionaje político, que abarcó desde dirigentes políticos nacionales y territoriales, pasando por los gremios y llegando hasta comedores comunitarios o reuniones en escuelas primarias. Créase o no: incluso los servicios se interesaron por las protestas de usuarios por los cortes de luz. Por estos hechos ya estaba procesado el máximo responsable del llamado “Proyecto AMBA”, el abogado Pablo Pinamonti.
«Las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del Gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos», sostiene Ramos Padilla en su resolución, que muestra cómo las acciones de la AFI estuvieron movilizadas por los intereses políticos del gobierno de Mauricio Macri.
El proyecto AMBA
Entre abril de 2016 y fines de 2017, se instalaron en la provincia de Buenos Aires seis bases de la AFI. Inicialmente estaban ubicadas en Pilar, Morón, Quilmes, San Martín y Ezeiza. Luego se sumó la sexta en La Matanza.
El interés de estas bases fue hacer espionaje político en una provincia especialmente difícil para el macrismo. Con ellas trabajaron las tres delegaciones históricas de la AFI en la provincia: las de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata.
Según entiende el juez Ramos Padilla, el Proyecto AMBA se puso en funcionamiento incluso antes de que el entonces director general de la AFI, Gustavo Arribas, firmara la resolución 558 de abril de 2017, que le asignaba a la Dirección de Reunión Buenos Aires — encomendada a Pinamonti — la realización de tareas vinculadas a la política bonaerense, algo que, desde la génesis, es reñido con la ley de inteligencia nacional.
Por estos hechos, Ramos Padilla procesó a Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, que con éste suman su segundo procesamiento por actividades violatorias de la ley de inteligencia. Además, resultaron procesados los coordinadores de las bases, Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito, que pasaron a la AFI desde la Policía Bonaerense. Salcedo era incluso el perito de parte de las hijas de Alberto Nisman, pero debió dejar esa función tras su incorporación a la AFI. A Salcedo y Melito se les suman los jefes de cada una de las bases: Pedro Oscar García (Quilmes), Alicia Nocquet (Haedo), Andrés Máximo Maisano (Pilar), Gustavo Emilio Carreiras (La Matanza), José Luis Fiorentino (San Martín), Roberto Hugo Bianchi (La Plata) y Nicolás Iuspa Benítenez (Mar del Plata). A Iuspa Benítez también lo procesó por destruir documentación que estaba en la base de Mar del Plata, desde donde también se investiga el espionaje sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Ramos Padilla le dictó la falta de mérito a Sebastián Novais, jefe de la base de Bahía Blanca. Por estos hechos ya estaban procesados Pinamonti y Ricardo Bogoliuk, exjefe de la base Ezeiza y vínculo estable con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
El plan detallado
Ramos Padilla sostiene que hubo órdenes directas emanadas de los jerarcas de la AFI para que sus agentes relevaran un mapa político de todas las actividades políticas en Buenos Aires, que es un territorio históricamente afín al peronismo y desde donde volvería a presentarse elecciones Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora el principal blanco de la inteligencia ilegal macrista, pero no el único. Para trazar ese mapa, la AFI se infiltró en manifestaciones públicas, revisó redes sociales, participó de manera encubierta en reuniones políticas — por ejemplo en una que se llevó a cabo en una escuela primaria de González Catán — y recurrió a bases de datos de acceso restringido.
«Las organizaciones sociales y políticas opositoras a la administración fueron uno de los objetivos predilectos de la Agencia», explicó el juez. La AFI identificó a las que tenían mayor despliegue territorial y las que tenían mayor nivel de convocatoria en las calles. Uno de los intereses extendidos — y probablemente relacionados con el control social — fue el monitoreo de comedores, centros comunitarios, parroquias, asociaciones civiles, fundaciones e incluso jardines maternales. Sobre ellos, las bases de la AFI incluso llegaron a armar tablas o fichas sistematizando información.
La Agencia encabezada por Arribas estuvo interesada especialmente:
– En los referentes de todos los niveles de la política. Según reconstruye Ramos Padilla, llegaron a identificar a 525 personas que estaban vinculadas de alguna manera a Luis D’Elía o buscaron identificar a quiénes visitaban a Fernando Esteche en la cárcel, algo que se relaciona claramente con la investigación sobre el espionaje penitenciario que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora. A la AFI le interesaba desde quiénes iban a las actividades de CFK mientras hacía campaña para el Senado hasta si Nicolás del Caño visitaba el Hospital Posadas para solidarizarse con los trabajadores en lucha.
– En las organizaciones sociales con base en la provincia. La lista es amplia e incluye desde organismos de derechos humanos como HIJOS o la Comisión Provincial por la Memoria hasta distintos partidos y agrupaciones de base.
– En los sindicatos. Hubo una especial pulsión de la AFI por controlar a los gremios docentes. No es un dato menor porque en 2017 — tiempo de vigencia de las bases AMBA — la paritaria docente se terminó cerrando en la segunda parte del año cuando el principal candidato de Cambiemos para derrotar a CFK en la provincia era casualmente Esteban Bullrich, que estaba al mando del Ministerio de Educación. Eso no le impidió a la AFI controlar a otras organizaciones de trabajadores como la CTA, la CTEP, la UOM o la UOCRA. También estuvieron bajo vigilancia los empleados de Cresta Roja o los del Hospital Posadas, que esta mañana harán pública una denuncia sobre el presunto accionar de la AFI dentro de ese centro médico.
– Las actividades por la aparición con vida de Santiago Maldonado y las del comité por la liberación de Milagro Sala.
– En los familiares del buque pesquero El repunte que naufragó en 2017. Como denunció la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño en lo referido al ARA San Juan, el interés de los espías estuvo centrado en este caso también en anticiparle información a Macri y evitar malos momentos cuando el entonces presidente viajara a Mar del Plata.
Por la extensión del espionaje en la provincia, Ramos Padilla sostiene en su resolución que las bases del «Proyecto AMBA» repusieron entre 2016 y 2017 las funciones que cumplió la tenebrosa Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). «El Proyecto AMBA implicó el reestablecimiento de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superado. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales», concluyó.
