La Pampa junto con Chaco, Jujuy, Santa Fe y Jujuy, fueron designadas por la Nación y todas las provincias argentinas, para integrar la Comisión Informante de la elaboración del Informe Técnico destinado a determinar el Costo del traspaso de los servicios de seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el marco de lo establecido por el artículo 2° de la Ley 27.606.
El expresidente Mauricio Macri en uno de sus primeros actos de gobierno, transfirió estos servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La medida se adoptó por decreto, sin pasar por el Congreso de la Nación como lo establece la Constitución Nacional y, sobrevaluó el costo real de los servicios, a criterio de la Provincia de La Pampa, lo que fue inmediatamente denunciado públicamente y en los ámbitos técnicos correspondientes.
En muchos medios porteños se presentó como una quita del coeficiente de Coparticipación a CABA, cuando en realidad desde el origen el Decreto -de enero de 2016- adolecía de vicios de inconstitucionalidad.
En forma posterior senadores y diputados nacionales pampeanos presentaron proyectos para regularizar esta situación, que luego por otro proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) fue sancionada la Ley 27.606, que estableció el mecanismo para determinar el valor correspondiente, dándole la participación a Nación y a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y simultáneamente encarga este Informe Técnico que preparan las provincias argentinas y la Nación.
La importancia de este informe trasciende al mero problema suscitado en la distribución de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentando un precedente de estudio para futuras transferencias de servicios a nivel federal.
