Ya concluyeron los trabajos de compactación de vehículos, en el marco del convenio firmado entre el Superior Tribunal de Justicia y Ministerio de Seguridad de la Nación para que el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom) se implemente en La Pampa, y el resultado final arrojó un total de 330 toneladas de chatarra, cuya recaudación será destinada a la Asociación Cooperadora del Hospital “Lucio Molas”.
Esta tarea, concretada a partir de una iniciativa del STJ, mostró una vez más el acercamiento de la Justicia provincial a la comunidad pampeana; ya que además de mejorar el medio ambiente con la eliminación de residuos contaminantes, tiene claramente un fin social ya que el dinero por la venta de la chatarra permitirá reforzar el sistema de salud en medio de la pandemia por el Covid-19. Además tuvo costo cero para el Poder Judicial.
El punto final de las tareas de compactación fue 25 de Mayo, donde se compactaron 37.950 kilos; es decir casi 38 toneladas en calidad de chatarra. Ello sumado a los 146.560 kilos constatados en General Pico, los 103.270 en Santa Rosa y los 42.610 en General Acha, dieron un total de 330.390 kilos. La compactación abarcó a aquellos vehículos secuestrados durante la vigencia de la ley 332 –el anterior Código Procesal Penal de la Provincia–, que rigió hasta marzo de 2011.
Así, las 330 toneladas superaron ampliamente los cálculos previos, que rondaban entre las 250 y 270 toneladas; o sea un 30 por ciento por arriba de aquella estimación. Aunque en un principio se pensó destinar una parte de las ventas a la Asociación Cooperadora del Hospital “Gobernador Centeno”, de General Pico; finalmente todo lo recaudado irá al principal nosocomio de la provincia ya que las autoridades del Pronacom requirieron que sea a un solo destinatario.
Cuatro lugares.
Las tareas de compactación comenzaron en General Pico, siguieron en Santa Rosa y General Acha y finalizaron en 25 de Mayo. Todo lo relacionado con los traslados y logística estuvo a cargo del coordinador de la Oficina de Objetos Secuestrados del Poder Judicial, Néstor Perassi, quien cuya dependencia había efectuado previamente un relevamiento que mostró que había unos 250 vehículos en condiciones de pasar a ser chatarra.
Desde un principio, la secretaria legal María Soledad Sallaberry y el secretario técnico Carlos Alvarado fueron los funcionarios que estuvieron a cargo de la concreción del convenio. Ellos han destacado que buscarán que el programa se mantenga en el tiempo.
El Pronacrom se puso en marcha a partir de la ley 26348 y tiene como fin ofrecer “una respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en la Argentina, y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados por las fuerzas federales y provinciales en distintos puntos del país”.
