Procesaron a Arribas y Majdalani por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, procesó hoy a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, dijeron fuentes judiciales.

El magistrado procesó también a otras 36 personas imputadas por las supuestas maniobras, entre los que se encuentran el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos, Emiliano Blanco, exagentes de la AFI de distinta jerarquía.





Asimismo, se precisó que a los exjefes de la AFI Auge trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $8 millones de pesos.

Para el juez existen pruebas para procesar a Arribas y Majdalani como responsables “de dar las órdenes de practicar acciones de inteligencia ilegal” contra la expresidenta, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otras 42 personas más.

La decisión de Auge se produjo luego de que la Cámara Federal porteña, que días atrás dispusiera el paso de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, le devolviera el expediente hasta tanto se trate un recurso extraordinario presentado por el abogado Carlos Beraldi, en representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Antes de la feria judicial, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide había solicitado el procesamiento de Arribas y Majdalani junto a otros 36 imputados entre los que también estaba la exempleada del área de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo.

«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», fundamentaron en aquella ocasión.

«Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires», sostuvieron.

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