El Tribunal Oral Federal 5 ordenó el cese de la intervención a las sociedades de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, y dispuso la devolución a la familia de la expresidenta y el fallecido mandatario. La resolución se tomó por dos votos a uno y el voto mayoritario estableció también el nombramiento de veedores de la AFIP que vigilen el andar de ambas empresas dedicadas a alquilar propiedades, principalmente hoteles, oficinas y casas.
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner había denunciado que después de cinco años de una intervención ilegal, la administración judicial impuesta por Claudio Bonadio omitía cobrar algunos alquileres, no pagaba los impuestos, no hacía el mantenimiento e incluso hubo propiedades usurpadas y robadas.
Los jueces que votaron la restitución de Hotesur y Los Sauces fueron Adrián Grünberg y Daniel Obligado. En disidencia votó la jueza Adriana Pallioti. Grümberg y Obligado tuvieron el respaldo del fiscal Diego Velazco en el caso de Los Sauces, pero no en el de Hotesur.
La razón del cese de la intervención es que el plazo ya resultó irrazonable y que de todas maneras los bienes siguen embargados e inhibidos por lo que siguen siendo respaldo, en caso de que el juicio lo determine, de sanciones económicas. Grünberg y Obligado sostienen que hay formas menos gravosas que la intervención para tener los bienes inmovilizados.
En el fondo, ambos ven que la existencia de delito es muy dudosa, porque ya hay un peritaje favorable a los Kirchner y eso puede marcar el paso. Pallioti, en cambio, dijo que la intervención debe continuar para garantizar la inmovilidad de los bienes. En verdad, la postura de la juez conduce casi a la disolución de las empresas por las deuda que fueron acumulando los interventores.
El trasfondo de todo el caso se percibe también con las visitas de los camaristas federales y de Casación a Olivos. Todos fueron parte de una orquesta que sólo tocaba un tema: sumar imputaciones contra la expresidenta y su familia. De esa manera, las causas se armaron sin peritajes, sin prolijidad alguna y en el proceso de los juicios orales empiezan a naufragar.
Las causas Los Sauces y Hotesur se basan en que, supuestamente, los Kirchner cobraban alquileres que serían retornos de la obra pública. Pero sucede que los alquileres fueron a precios de mercado, bancarizados, y en el juicio oral, hasta los testigos de la acusación declaran que no hubo delito alguno.